El subsecretario Felipe González intentó mediar con los descontentos, pero fracasó

Detienen a 10 ex braceros luego de que irrumpieron en edificio de Gobernación

Protestas en Culiacán en demanda de que se les devuelvan sus ahorros

FABIOLA MARTINEZ Y GUSTAVO CASTILLO

Integrantes de la Alianza Binacional Braceroproa irrumpieron ayer en un inmueble de la Secretaría de Gobernación (SG). Tras un jaloneo con la policía, diez manifestantes -incluido Ventura Gutiérrez Méndez, líder de este movimiento- fueron detenidos y remitidos al Ministerio Público, bajo el cargo de daños en propiedad ajena en agravio de instalaciones de la dependencia.

Este hecho ocurre casi tres años después de gestiones, marchas y plantones impulsadas por diversas organizaciones, las cuales han utilizado diversos métodos de protesta, incluidos allanamientos, como mecanismos de presión ante "las promesas incumplidas" del gobierno, el cual, afirmaron los ex braceros, "sólo nos da largas y atole con el dedo. ¡Estamos cansados. Fox, no detengas el dinero que no es tuyo!"

En febrero de 2004, unos 2 mil integrantes del Braceroproa lograron ingresar al rancho de la familia del presidente Vicente Fox, ubicado en Guanajuato, donde el entonces subsecretario de Gobierno de la SG, Martín Huerta, tuvo que acudir para negociar con los manifestantes. Ante el nulo o mínimo avance de las negociaciones, han retornado en tres ocasiones a ese lugar, permanentemente custodiado por elementos de seguridad.

Ancianos, la mayoría de los manifestantes en Gobernación

La desesperación por el pago del finiquito correspondiente (calculado por ellos mismos en unos 100 mil pesos para cada uno) llegó al límite ayer por la mañana, alrededor de las 10:30, cuando un pequeño grupo de descontentos -la mayoría ancianos- rompió la puerta del inmueble ubicado en General Prim 21, donde se alberga la Unidad de Apoyo a Organizaciones Sociales de la SG; ingresaron al edificio, en contraesquina del edificio sede de esta dependencia y, según la versión de la policía, impidieron la entrada o salida del personal que ahí labora.

Hasta ahí tuvo que acudir el actual subsecretario de Gobierno de la SG, Felipe González, para intentar calmar los ánimos, toda vez que una de las causas del enojo de los ex braceros es que sistemáticamente son remitidos con funcionarios medios o de bajo nivel sólo para entregar papeles y obtener "sellos de recibido". Para citar un ejemplo, hace exactamente un mes acudieron a la SG para exigir los nombres de quienes integrarán el comité técnico del fideicomiso que creará el gobierno para liquidarles parte de sus aportaciones.

Con una carpeta blanca bajo el brazo, el funcionario quiso mostrar a la prensa y a los inconformes que no había razón para "manifestarse de forma violenta, no hay necesidad de ello", porque se cumplirá, dijo, lo que establece la ley (que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Trabajadores Migratorios Mexicanos), aprobada por el Congreso de la Unión en abril pasado.

Tras librar gritos y reclamos de los ex braceros, en pleno cruce de General Prim y Bucareli, González salió para declarar que este jueves Nacional Financiera determinará los detalles del fideicomiso y, en la última semana de este mes, depositará los 298.5 millones de pesos aprobados por el Congreso de la Unión para repartir entre un número aún no determinado de ex braceros a quienes, en el periodo referido, les fue descontado 10 por ciento de sus ingresos para obtener, una vez de regreso en México, un fondo de ahorro, el cual el gobierno mexicano jamás entregó.

Según el subsecretario de la SG, la entrega de los cheques correspondientes se realizará en septiembre próximo, tras la constitución de un comité técnico, integrado por enviados de las secretarías de Hacienda, Gobernación, Relaciones Exteriores, Función Pública y Desarrollo Social. Estos funcionarios se encargarán de determinar dónde y cómo se hará entrega de los cheques correspondientes.

Esta suerte de indemnización tomará la forma de "apoyo social", toda vez que ni el gobierno del presidente Vicente Fox ni sus antecesores han asumido la responsabilidad por los ahorros "extraviados" e incluso, en febrero del año pasado, el subsecretario Huerta declaró que no hay ninguna base jurídica que obligue al gobierno mexicano a pagar el fondo.

"El asunto es que en ninguna parte pudimos encontrar dato alguno que nos hable de qué cantidad de dinero se recaudó cuando ellos estuvieron de braceros, quién lo manejó, qué hicieron con él", comentó González. Por lo pronto advirtió que los cheques serán entregados directamente a los ex braceros o sus beneficiarios, es decir, sin la intervención de las organizaciones que han encabezado este movimiento.

Un "padrón nacional" levantado por la Unidad de Enlace Federal de la Subsecretaría de Gobierno precisa que hay 7 mil 349 ex braceros del periodo 1942-1946, quienes según diversas versiones tendrían preferencia en el cobro con esta primera partida presupuestal autorizada; así como 101 mil 640, registrados como ex braceros de 1947-1964, esto es, 108 mil 989. De lo anterior se desprende que miles de quienes reclaman ese pago podrían no ser beneficiados, toda vez que las organizaciones han hablado incluso de 400 mil ex trabajadores. De igual forma, los recursos tendrán que ser complementados con apoyos de los gobiernos estatales.

Por la tarde, alrededor de las 15 horas, los detenidos se hallaban en la subdelegación zona centro de detenidos de la Procuraduría General de la República (PGR), localizada en la avenida Camarones, delegación Azcapotzalco. Ahí se les practicó examen médico y hasta anoche no se les había tomado su declaración preparatoria. En tanto, se ejecutaba el peritaje para determinar el monto de los daños y, tras ello, los detenidos queden en posibilidad de solicitar libertad bajo fianza.

Los detenidos son, a excepción de uno, mayores de 60 años: Ofelia Díaz García, Juan Gálvez Ortiz, Cleto Marcelino Orozco, Nicolás Jiménez, Pablo Robles, Wilebaldo Rodríguez, Federico Alvarado, Fernando Silva y Guadalupe Martínez, así como el propio dirigente Ventura Gutiérrez.

El funcionario insistió en que siempre se ha atendido a los ex braceros. "Ayer se les explicó que sí se les va a pagar (...) creo que aquí hay otras intenciones, hay política y hay otras cosas." No obstante dejó en claro que "se cumplirá la ley" respecto a los delitos que finque el Ministerio Público a los detenidos. "Acuérdense que la ley es la ley. Estamos en un estado de derecho y por obligación tenemos que cumplir con la ley", dijo.

En Culiacán, aproximadamente medio centenar de ex braceros realizaron un plantón frente a la delegación estatal de la Secretaría de Gobernación en demanda de que el gobierno federal pague los recursos que se les adeudan por su trabajo desempeñado en Estados Unidos hace décadas.

Los inconformes fueron atendidos por funcionarios de la dependencia, quienes insistieron en que el subsecretario de Gobernación, Felipe González, ofreció pagarles a más tardar en septiembre próximo. Sin embargo advirtieron que no se moverán de este lugar mientras no haya respuesta positiva de las autoridades.

Señalaron que ellos aportaron los recursos a un fideicomiso en el que participaron las autoridades mexicanas junto con las de Estados Unidos cuando laboraron en campos agrícolas del vecino país del norte.

"Los dineros los tiene el gobierno mexicano y la Secretaría de Gobernación ha prometido pagar de inmediato, pero por muchas razones han pospuesto el cumplimiento de su palabra", agregaron.