Editorial
Incumplimiento de promesas, marca del gobierno foxista
Desesperados por la falta de respuesta del gobierno federal, varios integrantes de la Alianza Binacional Braceroproa muchos de ellos mayores de 60 años bloquearon ayer miércoles el acceso a las oficinas de la Unidad de Apoyo a Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación, para exigir el pago de ahorros acumulados entre 1942 y 1964. Esta organización es una de las que representa a los ex trabajadores migrantes o sus descendientes que fueron a laborar en Estados Unidos en el contexto de un acuerdo binacional, el cual incluía la retención de 10 por ciento de sus salarios para crear un fondo de ahorro que supuestamente se les iba a entregar a su regreso a México. Pero los ex braceros nunca vieron un centavo de su dinero. Es por ello que hace tres años se organizaron para presionar al gobierno del presidente Vicente Fox, que inexplicablemente le ha dado largas al asunto. "¡Estamos cansados. Fox, no detengas el dinero que no es tuyo!", reclamaron los ex trabajadores.
Para resolver esta disputa, el Congreso aprobó en abril pasado una ley para crear un fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Trabajadores Migratorios Mexicanos, el cual consta de 298.5 millones de pesos, suma que será depositada a finales de este mes para repartirla entre un número indeterminado de ex braceros, de acuerdo con el subsecretario de Gobernación, Felipe González. Existe una diferencia entre el gobierno y las organizaciones de los ex trabajadores sobre la cifra de personas que serán beneficiadas: el primero sostiene que son 108 mil 989, y los segundos, unos 400 mil, lo que implica que decenas de miles quedarían marginados. Hay que señalar que el dinero del fideicomiso, dividido entre el número oficial de ex braceros, da la ridícula cantidad de 2 mil 738.80 pesos por persona; en contraste, los propios ex trabajadores calculan que a cada uno le corresponde unos 100 mil pesos. El dinero sería entregado en septiembre, luego de la constitución de un comité técnico, que determinará cómo y dónde se repartirán los cheques.
Los ex braceros desconfían de que el gobierno cumpla su palabra, y los sucesos de los últimos tres años les dan la razón, periodo en el cual han sido remitidos a funcionarios de medio o bajo nivel sin poder de decisión. Ante la nula atención a su demanda, los inconformes han protestado en cuatro ocasiones frente al rancho de Fox, en Guanajuato. En la primera incursión, en febrero de 2004, Ramón Martín Huerta, entonces subsecretario de Gobernación, declaró que nada obligaba al gobierno federal a pagar ese fondo. "El asunto es que en ninguna parte pudimos encontrar dato alguno que nos hable de qué cantidad de dinero se recaudó cuando ellos estuvieron de braceros, quién lo manejó, qué hicieron con él", explicó ayer miércoles el subsecretario González. En realidad, la administración Fox y los gobiernos que la precedieron no han reconocido esa responsabilidad. De hecho, la cantidad que se les pagará a los ex trabajadores se considera un "apoyo social" y no una deuda.
La situación que viven los integrantes de la alianza y las otras organizaciones de ex braceros pone de manifiesto la incapacidad del gobierno para cumplir con sus compromisos. Y es que en vez de enfocar sus esfuerzos para resolver conflictos sociales, las autoridades federales suelen agravarlos mediante tácticas dilatorias y promesas vacías. En los pasados cinco años, abundan los ejemplos de tales incumplimientos. Baste recordar que antes de asumir el poder, Fox prometió que la economía crecería 7 por ciento anual, generando un millón de empleos en el mismo lapso; que resolvería el conflicto en Chiapas en 15 minutos, y que aclararía el fraude del Fobaproba. A un año de que termine su mandato, estas promesas son tan sólo castillos en el aire. De esta manera, la pregunta que cabe formular es si en México todavía hay alguien que crea en la palabra de este gobierno.