Sospechan fuentes oficiales que un grupo de zetas dejó el Golfo para servir al Chapo
Teme NL respuesta violenta del hampa
Versión de que cuatro sujetos arraigados se convirtieron en testigos protegidos
El gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, expuso que es posible que haya una respuesta violenta de grupos del crimen organizado por la detención de un comando de supuestos gatilleros, pero la Procuraduría General de la República (PGR) puntualizó que atraerá el caso hasta que concluya el arraigo de 30 días decretado contra Luis Carrizales El Tubi, quien se presume es sicario del cártel del Golfo.
De acuerdo con fuentes oficiales, la detención de los 26 presuntos sicarios en un restaurante de Monterrey, el pasado martes, ha generado versiones en círculos oficiales sobre que algunos de los integrantes de Los Zetas -brazo armado del cártel del Golfo- se han separado de esa organización y ya engrosan las filas del cártel de Sinaloa que dirige Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Para esclarecer l anterior la PGR esperará a que la autoridad neoleonesa concluya su indagatoria.
En tanto, mientras continúan los cateos en casas y bodegas de personas relacionadas con los presuntos sicarios detenidos el martes, cuatro implicados que permanecen arraigados en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se acogieron al programa de testigos protegidos de la PGR, reveló una fuente ligada a las pesquisas.
Asimismo se informó que el individuo que se identificó como Hugo Salinas Cantú, quien también se hace llamar José Guadalupe Guzmán Monroy, fue señalado por testigos como el ejecutor de Ricardo Lugo Cuenca y Héctor Hernández Martínez, ultimados a balazos el 9 de mayo pasado en el restaurante Dave and Busters del centro comercial Plaza Fiesta San Agustín, en el municipio metropolitano San Pedro Garza García.
Además se le investiga en relación con una triple ejecución en el restaurante Los Arcos, al sur de Monterrey, el 14 de abril de 2005, cuando fue acribillado el ex comandante de la Policía Federal Preventiva José Gaona Fuentes.
El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Juan Carlos Ruiz, señaló a su vez que los animales exóticos y en peligro de extinción localizados en el rancho El Potrero de Villaldama -supuestamente propiedad del capo José Luis Carrizales Coronado, que también se identificó como Alfredo Cortez- serán llevados para su resguardo al zoológico del parque La Pastora.
Entre los ejemplares hallados el miércoles durante una diligencia de cateo que encabezó la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, además de caballos pura sangre, figuran un tigre, un puma, un león y un jaguar. La posesión de este último felino, por estar en peligro de extinción, constituye un delito. En cuanto al resto, el propietario deberá mostrar los permisos correspondientes, aclaró el funcionario.
Por otra parte, agentes del Ministerio Público del fuero común realizaron dos nuevos cateos en casas de los detenidos durante el operativo del martes.
Una de las residencias se localiza en la colonia Contry Lux, al sur de Monterrey, en las faldas del Cerro de La Silla; la segunda se ubica en Balcones de Anáhuac, en San Nicolás de los Garza.
Asimismo se esperaba de un momento a otro la incursión policiaca en una bodega de la colonia Residencial Lincoln, al poniente de Monterrey. Militares apoyarán las acciones ahí y en Tamaulipas.
El gobernador González Parás declaró que la detención del grupo armado no es producto de la casualidad o de una llamada telefónica, sino de una investigación que se venía realizando de tiempo atrás.
Afirmó: "En Nuevo León vamos a actuar con todo el rigor de la ley, con todo el compromiso de las instituciones cuando aquí se cometan delitos que atenten contra el orden establecido y generen inquietud social.
"No pretendemos hacer un frente de combate al crimen organizado a escala nacional, porque no es nuestra responsabilidad ni tenemos los elementos para ello, pero sí vamos a perseguir a los que cometan delitos en el estado."
Admitió que uno de los retos más grandes que tienen las instituciones gubernamentales es evitar que sean contaminados sus cuerpos de seguridad. Pero, dijo González Parás, es preocupante que en el grupo delictivo hubiera varios ex comandantes de la policía ministerial.
"Sentimos que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para blindar a las instituciones de Seguridad Pública, no sólo del estado, sino también de los municipios, y para evitar que con la contaminación mediante el soborno, el fraude o la acción más directa del crimen organizado se corrompan las instituciones."