Nafin y Bansefi administrarán los $298.5 millones del fideicomiso de ex migrantes

Decidirá comité gubernamental qué ex braceros tienen derecho a cobrar

Fijan fianza de 40 mil pesos para cada uno de los inconformes detenidos el miércoles

FABIOLA MARTINEZ, GUSTAVO CASTILLO Y JESUS ARANDA

Nacional Financiera y Bansefi administrarán los 298.5 millones de pesos que integran el Fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para Trabajadores Migratorios 1942-1964.

Tras la autorización del "formato" con el que operará el citado fondo, se espera que el comité técnico -integrado por diversas dependencias gubernamentales- comience la entrega de cheques en los primeros días de septiembre, a fin de concretar la devolución de ahorros acumulados por miles de ex braceros en el lapso referido.

En tanto, el Ministerio Público Federal determinó que para que los 10 ex braceros detenidos (por causar daños a instalaciones de la Secretaría de Gobernación el pasado miércoles) obtengan su libertad en las próximas horas deberán cubrir una fianza de 40 mil pesos cada uno, a pesar de que el monto de los daños que se les atribuyen fueron valuados en 20 mil 746 pesos.

Los detenidos están en tratos con una afianzadora para que presente las pólizas que garantizarán el monto establecido por la Procuraduría General de la República y para ello al menos deberán pagar en efectivo 4 mil pesos y garantizar con bienes el resto, además de comprometerse a comparecer si los requiere un juez o el Ministerio Público. En tal caso perderían las propiedades dejadas en prenda a la afianzadora.

Ex trabajadores y/o sus beneficiarios realizaron ayer un plantón frente a esa dependencia para solicitar la liberación de sus compañeros y del líder del Braceroproa, Ventura Gutiérrez.

Sin embargo, el subsecretario de Gobierno de Gobernación, Felipe González, advirtió que se aplicará la ley a los presuntos responsables de la irrupción en la oficina alterna de esta dependencia, ubicada en General Prim y Bucareli, es decir, fue la dependencia que encabeza Carlos Abascal Carranza -encargada de elaborar el padrón para el pago de los ahorros- no intervendrá en la liberación de los detenidos, todos ancianos.

"Que le pidan (la liberación) al señor que los provocó para que rompieran ahí (una puerta). ¿Hay que tener la mano blanda? La mano es la mano, ni dura ni blanda", dijo en entrevista.

Por la mañana, la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación informaron que el pago de los beneficios -una de las demandas de los braceros que irrumpieron en Bucareli- se hará conforme a la ley y exclusivamente a los ex trabajadores migratorios o sus beneficiarios que están integrados en el padrón oficial. Tendrán preferencias los de mayor edad.

De acuerdo con las previsiones gubernamentales, el comité técnico que definirá cuándo, dónde y cómo se entregarán los recursos a los ex braceros será integrada por representantes de las secretarías de Hacienda, Gobernación, Relaciones Exteriores, Función Pública y Desarrollo Social.

El vocero presidencial, Rubén Aguilar, deslindó a la administración de Vicente Fox de la tardanza en el cumplimiento de esta demanda, al afirmar que "los braceros fueron engañados por la corrupción y el autoritarismo de gobiernos del pasado".

Justificó también la tardanza al argumentar que "este gobierno heredó un problema generado por las administraciones anteriores, quienes tampoco, nunca, quisieron resolver este problema".

El subsecretario González dejó en claro que los representantes de las organizaciones sociales, impulsoras del movimiento para el pago a ex braceros, no participarán en el comité técnico, instancia que determinará cuántas personas y quiénes serán beneficiadas. En ese sentido, admitió que, aun tras el pago correspondiente, el problema no se terminará, porque seguramente los grupos volverán a inconformarse luego de que se conozca el padrón definitivo y los montos a entregar.

Respecto de los detenidos, el funcionario agregó que la detención es "para que no vuelvan a hacerlo y que entiendan que en este país estamos en un marco jurídico y de derecho. Nosotros ni le vamos a decir, 'déjalos ahí o sácalos'. Eso no se negocia, la ley no se negocia", dijo.