La disputa del mercado azucarero
En marzo de 2002, mediante la publicación de un decreto -apalancado en el artículo 39 del Código Fiscal-, el presidente Vicente Fox pretendió anular el impuesto de 20 por ciento a la alta fructosa y a otros edulcorantes distintos al azúcar que el Congreso estableció en la Ley de Ingresos de ese año para proteger la industria azucarera nacional, en crisis por el incumplimiento de los compromisos suscritos en el Tratado de Libre Comercio de las Américas (TLCAN), por parte de Estados Unidos, aunado a la permisividad de la Secretaría de Economía para que la industria refresquera importara maíz amarillo -materia prima en la elaboración de alta fructosa-, subsidiado por el gobierno estadunidense, sin el pago de aranceles y sobrepasando los cupos acordados en dicho tratado. Así el Ejecutivo cumpliría sus compromisos de campaña... pero con el extranjero.
Aquella acción del jefe del Ejecutivo obligó a la Cámara de Diputados a interponer una controversia constitucional que ganó, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que se invadieron facultades propias del Poder Legislativo y se tornaba nugatorio el propósito extrafiscal de brindar protección a un sector de la industria nacional. Gracias a esa resolución el sector azucarero entró en franca recuperación, permitiendo mantener los casi 3 millones de empleos que de él dependen; el gobierno federal, por su parte, muy a su pesar, logró ingresos adicionales por más de mil millones de pesos.
Ahora, sin embargo, el gobierno foxista está de plácemes porque la SCJN nada podrá hacer ante el fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la cual ha resuelto que el impuesto a la fructosa viola los tratados internacionales, exigido su derogación y amenazando que, en caso contrario, otros sectores del aparato productivo mexicano sufrirían represalias de Estados Unidos. De nuevo la viabilidad de esa industria y de los empleos que genera están en riesgo, ya que el fallo significará la entrada al país de 1.5 millones de toneladas de alta fructosa, con pérdidas para la industria por 98 mil millones de pesos. A los embates del exterior, el gobierno federal suma la búsqueda de una nueva "redimensión" del sector azucarero, con el propósito de que sólo sobrevivan las áreas cañeras con costos más competitivos, lo que significa disminuir las poco más de 600 mil hectáreas en que se siembra caña de azúcar; reducir el número de ingenios; borrar de un plumazo a los 160 mil campesinos que trabajan en ellos y eliminar los otros 2.5 millones de trabajos que esta rama productiva genera.
Con estos loables propósitos, en enero de este año, bajo el argumento de buscar una mayor productividad y rentabilidad, el Ejecutivo abrogó el denominado "decreto cañero" -publicado en 1991 y reformado en 1993-, que constituía el único instrumento que regulaba las relaciones entre los eslabones del sector y declaraba de interés público la siembra, cultivo, cosecha e industrialización de la caña de azúcar, dejando en estado de indefensión a los cañeros y generando incertidumbre y desorden en el mercado, amén de violentar los artículos 25 y 27 constitucionales al ceder en la rectoría del Estado y al abandonar a su suerte a millones de campesinos y sus familias que dependen de este sector económico, cuando es su obligación velar por ellos y su calidad de vida.
En los países donde existe la actividad cañera, sus gobiernos establecen rigurosas medidas proteccionistas, subsidios o precios preferenciales para protegerla. Por eso la actuación del gobierno federal es inexplicable, más aún cuando los retos que se enfrentarán en el futuro son mayúsculos. Resulta ilusorio pensar que en 2008 se abrirán espacios para el azúcar mexicana en el mercado estadunidense, cuando en éste entrarán 164 mil toneladas provenientes de Centroamérica con el recién firmado Tratado de Libre Comercvo con esa región, no obstante el revivido proteccionismo y la férrea oposición de los productores estadunidenses.
El Congreso de la Unión, conciente de esas perspectivas, así como de la carencia de un marco legal que regule y dé certeza al sector agroindustrial del azúcar -lo que pondría en riesgo su viabilidad-, aprobó la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar en el pasado periodo extraordinario de sesiones. La respuesta de Fox fue, de nuevo, vetar la iniciativa del Congreso, aduciendo que se reducía la competitividad del sector. Las duras protestas de los cañeros y, seguro, la cercanía del quinto Informe de gobierno, además de buscar una más tersa salida a Usabiaga, lo llevó a prometer la publicación de dicha ley, previas modificaciones, lo que a la fecha no ha sucedido. También se comprometió a imponer un arancel de 210 por ciento a la importación de alta fructosa, a cambio de que el Congreso derogue el IEPS de 20 por ciento.
Falta ver si las promesas se convierten en hechos, pero éstos, por sí mismos, serán insuficientes si no se incluye al mismo tiempo un elevado arancel a la importación de azúcar y al maíz amarillo e impide que se rebasen los cupos comprometidos. Sólo así será factible el rescate de la industria azucarera nacional. Por lo pronto, el Congreso continúa asumiendo su responsabilidad de velar por los intereses mayoritarios de los mexicanos.