ASTILLERO
Familia de avestruces
Enriquecimientos sin justificación
La Permanente reconviene a Hacienda
NADIE DEBERIA PERMANECER impasible ante los datos que Anabel Hernández y Arelí Quintero han dado a conocer en La familia presidencial, el libro de reciente aparición que da cuenta del enriquecimiento apresurado, y presuntamente delictivo, de distintos miembros de las poderosas parentelas Fox y Sahagún.
CON UNA PROSA DIRECTA, y apoyándose en documentos incontestables, buena parte de ellos obtenidos gracias a las leyes de transparencia, las dos reporteras demuestran, entre otras cosas, que Vicente Fox Quesada ha omitido informar oficialmente de un lujoso rancho que hasta ahora ha reportado como simple terreno agreste, sin dar cuenta de la magna inversión que se ha hecho para convertirlo en una caprichosa residencia campestre. El rancho secreto, lo llaman las periodistas para contrastarlo con el predio familiar que normalmente asume como único el propio Presidente cuando lo visita en algunos descansos de fin de semana (La estancia, se llama el oculto; San Cristóbal, el "oficial", propiedad ésta que también ha sido altamente beneficiada con dinero público a cuenta de remozamientos abusivos).
HASTA AHORA SE ha hecho el mayor vacío posible al mencionado trabajo de investigación. Lectores que se han comunicado a esta columna reportan, por ejemplo, que en los mostradores de novedades literarias de cadenas de restaurantes con departamentos comerciales adjuntos, o en librerías del Fondo de Cultura Económica, el texto no se exhibe de manera destacada como sucede con otras primicias, aunque sí está disponible de inmediato cuando es pedido a los empleados. En programas de periodismo electrónico, particularmente en televisión comercial abierta, tampoco se ha dado gran difusión a las denuncias hechas en el libro mencionado (este lunes, sin embargo, hay cita de las autoras con Víctor Trujillo en su mirador de cristales múltiples de Canal 4).
LA PRESIDENCIA DE la República, por su parte, ha practicado la peculiar táctica de las avestruces. El 1º de agosto, el no doctor Rubén Aguilar (que por aquellas fechas aún mantenía vigente su título expedido por las Academias Falzati) leyó un emotivo comunicado (luego del cual no aceptó preguntas sobre el tema, para demostrar cuán fuerte es el compromiso con el verdadero periodismo o, visto de otro modo, cuál es el tipo de periodismo que se desea en Los Pinos) mediante el cual, a base de simple retórica, la Presidencia de la República se declaró oficialmente desdeñosa de las acusaciones que se hicieran a su titular sobre enriquecimientos inexplicables. Los Pinos arguyó que todo cambio en la situación patrimonial de Vicente Fox Quesada estaba consignado en la declaración oficial respectiva, y atribuyó lo señalado en "una serie de publicaciones" a meros intentos de "desprestigiar" al guanajuatense o a "alguno de los miembros de su familia". Según los poemas de autoexculpación por decreto, lo que buscan esos textos es "sembrar dudas acerca de la honradez inquebrantable del Presidente de la República". Intentos hechos, por lo demás, "faltando a la más elemental ética profesional", tergiversando datos, amañando el contenido de la información y sesgándola.
NO DEBE SER, desde luego, la autoridad acusada la que se otorgue certificados de inocencia fundados en simples palabras. El miércoles recién pasado, por ejemplo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Secretaría de Hacienda a que evite emitir absoluciones apresuradas y contrarias a la ley en casos de privilegio, como el de los hijos de Marta Sahagún, acusados de participar en operaciones fiscales delictivas. "No existe fundamento legal para que una autoridad decline sus facultades de investigación y emita pronunciamientos en los que exonere de manera general y sin haber seguido procedimiento alguno a determinados contribuyentes", estableció ese órgano formado por diputados y senadores de todos los partidos. Porque "cuando en la opinión pública o en los medios de comunicación se denuncian conductas ilícitas desde el punto de vista fiscal, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni ninguna otra autoridad puede salir a aclarar versiones que ya prejuzga de falsas, sin aportar, para ello, fundamento ni motivo alguno, y violando por tanto el artículo 16 constitucional".
LA PERMANENTE SE refería a un boletín de prensa que el pasado 11 de mayo emitió la oficina de Francisco Gil Díaz para exculpar, nada más porque sí, a los hijos de la señora Sahagún, mencionados como presuntos autores de delitos fiscales en textos periodísticos derivados de La familia presidencial. En realidad, todo el aparato institucional federal se ha convertido en cínica instancia de encubrimiento de las tropelías que, según cada vez más abundante documentación, han ido cometiendo los miembros de las dos familias gobernantes: la procuraduría federal de justicia, la oficina de contraloría ahora llamada "de la función pública", el Infonavit, sólo por dar ejemplos escandalosos. Por fortuna, esta semana las autoras del libro varias veces mencionado (que será presentado el próximo 6 de septiembre en Casa Lamm) tendrán oportunidad de hablar con integrantes de las comisiones legislativas que analizan diversas acusaciones de corrupción contra miembros de la Familia Real. También es cierto que conforme avance el proceso de sucesión presidencial, y con ello mucho se reduzca la actual capacidad del foxismo para encubrir y desdeñar, asomarán en toda su escandalosa magnitud los fantasmas bajo sospecha de corrupción que hoy pretenden ser escondidos por sus autores (y autoras) en falsos armarios declarativos.
Y MIENTRAS BILL Richardson, gobernador de Nuevo México (que no es un país fundado por Fox), llama al libertador George W. Bush a que encabece acciones para que Estados Unidos tome "control de la frontera a nivel masivo", ¡hasta mañana, en esta columna que admira el albo tocado de la profesora Elba Esther en su retorno bautismal!
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