Un crimen orquestado por trasnacionales químicas
Con razón hace siete años la llamé La brisa de la muerte debido a los enormes daños que causan dos compuestos químicos en las plantaciones bananeras de Centroamérica: el nemagón (también conocido como DBCP) y el fumazone. Miles de campesinos esparcían sin protección ni control alguno los químicos elaborados y distribuidos por Dow Chemical, Occidental Chemical Corporation y Shell Oil Company que las compañías Castle, Chiquita Brands, Dole Food Company Inc y Standard Fruit Company aplicaban en sus plantaciones.
Nemagón y fumazone fueron utilizados a sabiendas de que causaban esterilidad, ceguera y cáncer en los seres humanos, así como trastornos en el sistema nervioso, pérdida del cabello, quemaduras de la piel, impotencia sexual y malformaciones genéticas en los recién nacidos. Además de que sus efectos pueden pasar de una generación a otra. Las compañías estadunidenses que fabricaban y vendían estos compuestos conocían desde hace medio siglo todos estos efectos, al grado que el gobierno de Estados Unidos prohibió usarlos localmente. Pero no hizo absolutamente nada para retirarlos del mercado y de los campos de cultivo de México, Centroamérica, Ecuador y Filipinas, por ejemplo. En el colmo, las trasnacionales químicas y las bananeras acordaban estrategias conjuntas para enfrentar las posibles demandas de los afectados bajo una criminal lógica empresarial: si el negocio deja dinero vale la pena, aunque sea necesario sacrificar parte de la ganancia en indemnizar a unos cuantos afectados, a aquellos que logren vencer en los tribunales el poder financiero de las trasnacionales.
Y eso fue lo que hicieron en Honduras, Costa Rica y Nicaragua, donde dejaron a 30 mil trabajadores con problemas de salud de todo tipo. En los dos primeros países, la lucha por lograr la indemnización mínima para los afectados lleva años y costó la vida del líder hondureño Medardo Varela y la de su hijo Wilmer. Nadie duda que los sicarios que los asesinaron los pagaron las bananeras.
El nemagón y el fumazone reinaron en los campos bananeros de Nicaragua durante treinta años (los de la dictadura de Somoza y los primeros del gobierno revolucionario). Según cálculos muy conservadores, causaron la muerte de 60 personas cada año y dejaron a cientos más con graves padecimientos. Luego de muchos años de lucha legal contra la indolencia oficial, judicial y legislativa, una juez con sede en Chinandega acaba de dictar condena contra las agroquímicas productoras de los terribles compuestos y las compañías bananeras. Murieron, se enfermaron, quedaron estériles y con secuencias sicológicas, anota la reportera Valeria Imhof de El Nuevo Diario, al informar de la sentencia. Ahora las trasnacionales tendrán que pagar 97 millones de dólares a 150 ex trabajadores afectados por las sustancias mencionadas en la década de los setenta. La juez que aplicó la ley se llama Socorro Toruño Martínez y no sucumbió, como muchos otros funcionarios, al poder del dinero.
En la sentencia se detallan, con pleno respaldo médico, los padecimientos de cada uno de los 150 trabajadores, que por concepto de indemnización deberán recibir de las trasnacionales entre 200 mil y un millón 200 mil dólares cada uno. Otros 51 demandantes presentaron pruebas "deficientes", dijo el doctor Jacinto Obregón, director del equipo de abogados nicaragüenses que llevó el juicio.
Es importante mencionar que en el juicio se probó el dolo, la negligencia y la irresponsabilidad de las trasnacionales, que siempre supieron que estaban comercializando y aplicando un producto que causaba graves daños a los seres humanos. Fue un genocidio planificado, afirma el doctor Orlando Cardozo. El juicio se inició en 2001 en Chinandega, y la firma de abogados estadunidense Provost Umphrey invirtió 3 millones de dólares en la tramitación del mismo. Ahora procede que se ejecute la sentencia en Estados Unidos, sede de las trasnacionales.
Hay que celebrar esta buena nueva. Pero también no olvidar que hay 4 mil ex trabajadores nicaragüenses y miles más en Centroamérica que todavía esperan que se les haga justicia. Por algo se comienza.