Sumará $10 millones la bolsa para que miles de ONG vigilen los comicios

Persisten compra y coacción del voto; ahora son más sofisticados: Indeso

Editan autoridades manual para acceder a programas sociales y prevenir delitos electorales

ELIZABETH VELASCO C.

Para garantizar la participación de cientos de organizaciones no gubernamentales (ONG) en la vigilancia de las elecciones presidenciales de 2006, se ha establecido como meta la integración de una bolsa de 10 millones de pesos, provenientes tanto de recursos federales como de organismos nacionales e internacionales, adelantó el director general adjunto de Fomento y Profesionalización del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indeso), Daniel Ponce Vázquez.

El funcionario comentó que si bien se ha construido un "blindaje electoral" y "una contraloría social" sobre los programas sociales de combate a la pobreza, persisten la compra y coacción del voto, ahora con procedimientos "más sofisticados y menos evidentes", sobre todo en comunidades marginadas y muy marginadas, donde la gente aún carece de una "cultura de la denuncia".

Por ello se está haciendo un esfuerzo por conducto de las ONG para que la gente aprenda a "desarrollar capacidades" para manifestar sus inquietudes y denuncias, en caso de que reciba presiones en torno a su voto. Esta fase, aunque "embrionaria", se desarrolla a partir de este año mediante diversos proyectos a cargo de 14 ONG distribuidas en nueve entidades.

Ponce Vázquez admitió que de 2000 a la fecha se ha dado una especie de "reflujo" de las ONG en la vida política, por lo que es necesario "reconstruir el tejido social" de manera que en los comicios próximos se "reactive" la sociedad civil.

"El resurgimiento local requiere ser articulado, pues hay iniciativas sociales dispersas. Sin duda, la sociedad civil organizada tiene todo el potencial y el camino andado para ser un factor fundamental en los comicios presidenciales." Del costo de las elecciones, de casi 13 mil millones de pesos, admitió que es alto, pero "la democracia tiene un costo que se debe pagar".

En entrevista con La Jornada, comentó que, de acuerdo con datos del viernes pasado se han registrado en el país 2 mil 433 ONG ante el Indeso, mientras 3 mil 214 han presentado ya solicitudes de inscripción.

De las registradas, alrededor de 655 se dedican a fomentar actividades de participación ciudadana y defensa de derechos ciudadanos, universo potencial de ONG con las cuales ya se está trabajando en programas de capacitación de transparencia y blindaje electoral. La mayoría, 914 ONG, aunque se encuentran en el Distrito Federal, también efectúan acciones en diversas entidades.

Dado que la compra y coacción del voto "está teniendo mecanismos más sofisticados que en el pasado", el trabajo con estas ONG se busca focalizar en la cultura de la denuncia, donde es necesario fortalecer la información hacia la población en torno a que los programas de combate a la pobreza no provienen de un funcionario en particular o de un partido político, sino que son parte de los programas de Estado y, por ende, son obligatorios y apartidistas.

Ponce detalló que entre las prácticas más comunes de coacción y compra del voto persiste en los candidatos a puestos de elección popular el uso de "palabras claves que identifican los programas sociales", lo cual no se puede sancionar porque la ley no lo prohíbe. "Estamos entrando en un terreno donde lo legal y lo ético empiezan a confrontarse, porque nadie puede prohibir en un eslogan partidista: 'éstas son las mejores oportunidades para la gente'", dice en alusión al programa federal Oportunidades.

Aunado a lo que calificó de "estrategias comunicativas", dijo que también se "apela a factores subjetivos". Es decir, cuando la comunidad cree que porque el funcionario en turno la apoyó con un programa social, entonces los pobladores "se tornan agradecidos, sin distinguir que es un derecho, parte de una política de Estado, no una concesión".

O bien, dado que solicitar la credencial de elector a la gente en procesos locales aún no está tipificado como delito en sus leyes -sí en cambio a escala federal y se puede denunciar, pero la gente lo ignora-, entonces "este fenómeno, que se sigue presentando, no se denuncia".

Por ello los proyectos que actualmente se llevan a cabo trabajan en el área preventiva, con el propósito de "desmontar en la cultura de la gente más pobre que nadie tiene derecho a solicitarle su credencial, por ejemplo, y que cualquier irregularidad tiene derecho a denunciarla".

Aunque admitió que el trabajo es aún "embrionario", indica que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y otras autoridades ya editaron el denominado Manual ciudadano 2005, que es como el abecé para acceder a los diversos programas sociales de la Sedeso (Oportunidades, abasto social de leche, apoyo alimentario, etcétera).

Además de indicar de manera "muy precisa y sencilla" cómo acceder a los recursos sociales, también se detalla qué son los delitos electorales, en qué instituciones denunciarlas, qué es el Instituto Federal Electoral y la participación ciudadana, entre otros temas.

De los recursos que el próximo año se destinarán a la vigilancia de los procesos electorales, indicó que se duplicarán con respecto a 2003, año en que se invirtieron 5 millones de pesos. Además de Indesol, "se está en pláticas con organismos internacionales como el Banco Mundial, agencias de la Unión Europea y de los Estados Unidos, así como con la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, independientemente de que se buscará el apoyo de los gobiernos estatales".