Más de 900 hectáreas de suelo, infestadas de plomo, arsénico y otras sustancias tóxicas: informe

Minera Real de Angeles: de orgullo de Zacatecas a paraje contaminado

Diputados locales exigen al grupo Frisco remediar daño al entorno ecológico de varios poblados

ALFREDO VALADEZ RODRIGUEZ/ I CORRESPONSAL

Zacatecas, Zac., 22 de agosto. Durante los años 80 y 90, la minera Real de Angeles fue el "orgullo económico" de la entidad. Ubicada en el municipio Noria de los Angeles, explotaba la veta de plata "a tajo abierto más grande del mundo". Sin embargo, a 23 años de que empezó su explotación sólo queda un enorme cráter, donde, se asegura, podría caber el estadio Azteca de la ciudad de México.

Actualmente es un desolado paraje contaminado por los residuos mineros, donde más de 900 hectáreas de tierras de cultivo y producción pecuaria se han perdido, debido al impacto ambiental negativo y la contaminación por plomo, arsénico y otras sustancias químicas tóxicas que se encuentran dispersas en suelo y aire.

Para explotar la mina fue necesario borrar del mapa, literalmente, la comunidad de Real de Angeles -que databa del siglo XVIII, para ser reubicada a 30 kilómetros de la veta-, porque "estorbaba" el proyecto, pues se encontraba "prácticamente sobre el yacimiento mineral" deseado, según se estipula en la reseña elaborada por la misma cuprífera, de la cual tien copia La Jornada.

Propiedad del grupo Frisco -consorcio del empresario Carlos Slim-, el gigantesco complejo minero fue construido y operado casi dos décadas en el municipio de Noria de Angeles, con una inversión inicial de 175 millones de dólares. El financiamiento provino de la Corporación Financiera Internacional, división del Banco Mundial; del Export-Import Bank of United States (Eximbank) y de Bancomer.

Al capital financiero se sumó el apoyo político de los regímenes de Luis Echeverría Alvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, además de los gobernadores locales de la época.

Aunque comenzó a operar formalmente en 1982, los 10 años previos se dedicaron a la realización de trámites y estudios geológicos, además de la demolición del poblado asentado sobre el yacimiento argentífero.

A pesar del grave daño ecológico, desde 1994 Minera Real de Angeles se ha mostrado renuente, por lo menos cuatro veces, a cumplir las resoluciones que la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) le han extendido para la remediación del daño ecológico de este lugar.

Las sanciones administrativas de la Profepa contra la minera son las número 029/94, del 14 de noviembre de 1994; 049/VI/96, del 2 de diciembre de 1996; 070/VI/99, del 9 de septiembre de 1999; y 055/VI/2001, emitida el 10 de agosto del 2001, en las cuales la dependencia federal ha consignado que la compañía en cuestión "ha incumplido en forma reiterada con dichas medidas correctivas".

Ante la renuencia de Grupo Frisco, "que infringió la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente", la Profepa determinó en noviembre de 2004 multar con 3 millones 245 mil pesos al consorcio, por la "grave contaminación de suelos", cuyo impacto negativo en la población "aún está por determinarse".

El cúmulo de irregularida- des son detalladas en el resolutivo de la dependencia federal 083/VI/2004, consignado en el expediente MET-ME-500-001, y en documentos de inspección elaborados por investigadores y auditores de esa dependencia federal, a los que La Jornada tuvo acceso.

Ahí se especifica que enormes extensiones de tierras están hoy cubiertas con "una capa de entre 10 y 15 centímetros de espesor, de textura fina, color gris, en un área de dos kilómetros al noroeste de la presa de jales (los desechos del proceso metalúrgico con reactivos químicos para la obtención de plata y otros valores), y de tres kilómetros hacia las tierras de cultivos".

Para no pagar esta multa, Minera Real de Angeles se ha protegido con resquicios legales que contempla la propia Ley de Equilibrio Ecológico, como la sección séptima de esa norma de autorregulación y auditoría ambiental para, mediante su dirección jurídica, someterse "voluntariamente" a una auditoría ambiental.

Esta argucia incluye la "remediación" del daño ecológico y ambiental provocado, adoptando diversas medidas "preventivas y correctivas" que hasta hoy son objeto de debate entre los representantes de la compañía minera y Profepa.

Gilberto Zapata Fraire, delegado de la dependencia federal en Zacatecas, confirmó en entrevista con La Jornada que la Profepa "permutará" finalmente la multa impuesta a grupo Frisco a cambio de la "remediación" de la contaminación provocada, aunque ésta, admitió el funcionario, tendrá sólo alcance "parcial".

Esta determinación mantiene inconformes a los pobladores de la cabecera municipal de Noria de Angeles, localidad de más de 2 mil 500 habitantes situada entre el complejo minero, que abarca más de 400 hectáreas, y la presa de jales, con superficie similar.

La afectación ambiental de hecho se ha extendido hasta el municipio de Villa González Ortega, unos 30 kilómetros al noreste de esta localidad, donde la cabecera municipal y comunidades aledañas también son virtualmente "bañadas" por las tolvaneras de polvo contaminado que en las épocas de fuertes vientos arrastra el aire.

Por toda esta problemática ambiental, desde la tribuna del Congreso del estado el diputado del PRD por el distrito de Noria de los Angeles, Humberto Cruz Arteaga, demandó recientemente a sus compañeros de la 58 legislatura la aprobación de un punto de acuerdo "para que el gobierno de Zacatecas coadyuve en la investigación del desastre ambiental provocado por la empresa concesionaria Frisco", con el objetivo de "exigir al señor Carlos Slim el resarcimiento económico y ambiental" del lugar.

Asimismo, para que dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal, la Semarnat, la Comisión Nacional de Zonas Aridas y la Comisión Nacional Forestal "diseñen programas que contrarresten los daños y apliquen acciones emergentes de saneamiento ambiental, recuperación de suelos y reforestación".

Además solicitó que "la Universidad Autónoma de Zacatecas realice estudios para determinar los niveles de contaminación y su repercusión en el ambiente y la salud", en los municipios de Noria de Angeles y Villa González Ortega. El órgano legislativo aprobó por unanimidad la demanda de remediación.

Orígenes del fundo minero

En el documento Minera Real de Angeles 1982-1989, elaborado por la propia empresa, se hace una reseña histórica del complejo, donde se informa que desde agosto de 1969 se realizaban estudios geológicos para explotar con "técnicas modernas" el viejo fundo minero, que ya en 1712 era explotado por los españoles.

Originalmente la firma canadiense Placer Development LTD, de Vancouver, Columbia Británica, conjuntamente con Financiera Bancomer, quienes se interesaron en la explotación de los yacimientos. En 1973 se les sumó temporalmente la empresa del gobierno federal Fomento Minero, y se fundó, con participación igualitaria de estos tres entes, la compañía minera Explomin SA de CV. Así transcurrieron los primeros años.

Luego, en 1978, "se concretó la integración de Empresas Frisco SA de CV en sustitución de Financiera Bancomer", y en agosto del siguiente año "se modificó de nuevo la razón social", para quedar definitivamente como Minera Real de Angeles SA de CV. Unas semanas después el gobierno federal decidió vender las acciones de Fomento Minero "a los otros dos socios".

Minera Real de Angeles adquirió enormes extensiones de terreno por tres vías: la compra directa de predios al gobierno del estado de Zacatecas, la "expropiación" de tierras y la "cesión de derechos". En total, más de 800 hectáreas de tierras ejidales y de uso común donde estaba inmerso el poblado de Real de Angeles, histórica localidad minera del siglo XVIII, con medio centenar de viviendas y potreros, cuyo bien inmueble de mayor valía era la iglesia de San Nicolás Tolentino.