La Comisión de Seguridad Social de San Lázaro le había solicitado información
Azuela mintió sobre la existencia de los fideicomisos, acusan diputados
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte negó que hubiera pensiones millonarias
La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados acusó de mentir al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, porque éste negó la existencia de los fideicomisos que dan sustento a las pensiones millonarias de los ex integrantes del Poder Judicial.
Tal circunstancia se acredita con las misivas -de las cuales este diario posee copias- mediante las cuales el presidente de la comisión camaral, Miguel Alonso Raya, solicitó al ministro Azuela la información del acuerdo tomado en la Judicatura Federal para otorgar pensiones vitalicias con recursos provenientes de los fideicomisos creados con recursos públicos, y éste le respondió brevemente que la petición recibiría respuesta de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SCJN, a lo que esa instancia a su vez le replicó con una negativa. ''No es verídico lo afirmado'', se dijo entonces.
El 21 de abril de 2004, el presidente de la comisión camaral envió una carta al titular de la Suprema Corte para solicitarle una explicación del acuerdo asumido por el pleno de la Judicatura Federal para asignar a sus integrantes una pensión vitalicia al haber concluido su labor.
Los argumentos del representante perredista referían que la discusión en torno al tema de los elevados montos de las pensiones destinadas a los ministros de la Corte no era nueva, y por tal razón, ''como es de su conocimiento, hay en este momento un amplio debate sobre los temas de los sistemas de seguridad social y de los regímenes de pensiones de nuestro país. De estos temas se ocupa el Congreso de la Unión, y particularmente la Comisión de Seguridad Social; es por eso que me dirijo a usted para solicitarle que haga llegar a esta comisión la información al respecto, a fin de tener los datos precisos que nos sean útiles para los objetos que estamos realizando''.
Seis días después, el presidente de la Suprema Corte envió una breve respuesta al diputado perredista, remitiéndolo a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SCJN. ''Respetable diputado. En atención a su misiva, a través de la cual solicita que le sea proporcionada la información relativa al acuerdo que, según señala, fue dictado por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se establece asignar a sus integrantes una pensión vitalicia al concluir su encargo, le informo que he solicitado al licenciado Eduardo Villarreal Moro, director de Asuntos Jurídicos, atienda su petición y en caso de ser procedente conforme a derecho le haga llegar los documentos que requiere''.
Con la anuencia del presidente de la Suprema Corte, la dirección general mencionada, a través de la licenciada Rebeca López Hernández, negó el acuerdo del pleno de la Judicatura Federal, y desmintió la información publicada entonces. ''Desde la emisión del acuerdo general 22/2003 del pleno de la Judicatura Federal, que establece el régimen de pensión jubilatoria de los consejeros integrantes del propio cuerpo colegiado, y del diverso que revoca a éste, no ha sido expedido ningún acuerdo mediante el cual se establezca régimen alguno de pensiones para los integrantes de esta institución. En este sentido, con relación a la publicación, es necesario destacar que no es verídico lo afirmado, disponiéndose únicamente de la información mencionada, y de la cual usted tiene noticia''.
Las respuestas, tanto del ministro presidente como de su Dirección de Asuntos Jurídicos, reveladas por Alonso Raya, propiciaron de éste un señalamiento directo contra Mariano Azuela. ''El titular de la Suprema Corte miente, porque la existencia de los fideicomisos que sustentan a las exorbitantes pensiones de los ministros, magistrados y jueces, ya operaban desde 1999, y él lo sabía. También estuvo enterado de la firma del acuerdo en la Judicatura Federal, y ese arreglo inconfesable se basó en los millonarios fideicomisos que constituyó ilegalmente el Poder Judicial con el dinero sobrante de sus presupuestos anuales''.
Y es que las irregularidades, que desde hace años se suscitaron alrededor del Poder Judicial por las pensiones de privilegio para sus miembros, volvieron a tomar vigencia. Apenas el pasado 12 de agosto el pleno de la Judicatura Federal volvió a tomar un acuerdo igualmente dudoso. Desde hace más de dos semanas, los magistrados de circuito y los jueces son sujetos beneficiarios de los retiros millonarios.
''Su trayectoria debe ser recompensada''
En este último acuerdo, el argumento central fue el siguiente: ''Deben de ser recompensados de tal manera que cuando se vean obligados a retirarse del servicio activo tengan la seguridad de que la fiel dedicación a su alta función jurisdiccional y su recta actuación en la autonomía e independencia de sus decisiones, están respaldadas no sólo por la inamovilidad de sus cargos y remuneraciones actuales, sino por condiciones de jubilación y retiro que les permitan vivir una vez concluida su carrera judicial, con el decoro y la dignidad que el desempeño honesto, responsable y valiente en sus cargos les merecen''.
Los montos de las pensiones extras autorizadas por la Judicatura Federal para magistrados y jueces se ubican entre 70 y 100 por ciento de los sueldos que perciban a la hora del retiro, con montos promedio de 80 mil pesos al mes. No obstante, la pensión oficial que el ISSSTE prevé para los integrantes del Poder Judicial se ubica en los 10 salarios mínimos vigentes.
La diferencia entre los 80 mil pesos promedio para magistrados y jueces al mes como pensión, proveniente de los recursos administrados por los fideicomisos ilegales, y los 13 mil 500 pesos del retiro que mes a mes les otorga el ISSSTE, es de 600 por ciento.