Solicita a las autoridades federales realizar pesquisas y poner fin a la impunidad
Señala AI nula voluntad para investigar abusos contra altermundistas en Jalisco
El gobierno del estado responde que "no hay indicios de supuestas vejaciones"
Amnistía Internacional (AI) solicita al gobierno federal investigar las prácticas de tortura, malos tratos y detenciones ilegales que sufrieron al menos 10 altermundistas el 28 de mayo de 2004 en Guadalajara, Jalisco, por considerar que las autoridades estatales tienen "nula voluntad" para intervenir en el asunto. Además, sostiene que durante los primeros días de aprehensiones "el estado de derecho no existió".
En respuesta, el gobierno del estado, en un comunicado, aseguró que es imposible abrir una investigación, porque no existen evidencias de los abusos denunciados.
"No es posible abrir una investigación, ya que el Ministerio Público integró las averiguaciones previas correspondientes y no encontró los elementos de prueba o evidencias que hicieran presumir malos tratos en contra de las personas que estuvieron detenidas, las que conforme a derecho fueron consignadas al Poder Judicial, en donde se ha continuado con los procesos penales y hasta el momento tampoco existen indicios de supuestas vejaciones", indicaron las autoridades estatales.
Por su parte, delegados del AI, tras una visita a Guadalajara, se mostraron sorprendidos por el comportamiento de las autoridades, sobre todo cuando el Poder Judicial cuenta con las declaraciones ministeriales de los más de 100 detenidos en aquel entonces -dentro del contexto de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea-, lo cual constituye, según señalan, una obligación para que la Procuraduría General de Justicia del estado investigue las violaciones a las garantías individuales de los inculpados por parte de diferentes cuerpos policiales de la entidad.
"Es curioso que las autoridades no tengan ni la mínima voluntad para investigar sobre ello. En Jalisco cuentan con una ley para prevenir y sancionar la tortura, pero según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los pasados siete años no hay ningún caso en contra de policías por delitos de tortura o maltrato, pese a que la instancia conoce sobre cientos de denuncias al respecto", sostiene uno de los representantes de la organización, Esteban Beltrán.
En su informe, AI lamenta reiteradamente la "nula voluntad" del gobierno que encabeza Francisco Ramírez Acuña para investigar "gravísimas acusaciones de tortura, malos tratos, uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos". Sus delegados recibieron al menos 10 denuncias al respecto, y cuando pidieron al procurador Gerardo Octavio Solís Gómez; al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Gutiérrez Santillán; al secretario de Gobierno, Héctor Pérez Plazola, y a regidores del ayuntamiento de Guadalajara, investigaran sobre ello, no hubo respuesta. Con el gobernador no tuvieron oportunidad de hablar, porque "estaba fuera del estado.
Luego de reunirse con la parte oficial y entrevistar a personas procesadas y organizaciones de derechos humanos, los representantes de AI "confirmaron la gravedad" de los hechos y condenaron que inclusive algunos policías fueron premiados.
Frente a estas "circunstancias intolerables", la organización "pide una intervención decisiva del gobierno federal, que asegure el cese de la impunidad en este caso". Sobre todo porque en las denuncias recabadas -aún no presentadas por ninguna víctima ante el Ministerio Público- se encuentran la aplicación de métodos de asfixia con una bolsa en la cabeza, privación de sueño, golpes con toletes o sillas metálicas, la obligación de hacer repetidas flexiones, desnudarse, permanecer inmovilizados, no tener acceso a comida y agua durante al menos las primeras 48 horas de detención.
"El gobierno federal -insiste- está obligado a prevenir que las autoridades locales cometan o toleren violaciones a los derechos humanos, como la tortura. Además, la presencia de diferentes corporaciones federales de seguridad en Guadalajara, el 28 de mayo de 2004 para la cumbre, también significa que no debería lavarse las manos en este caso."
Más de 100 personas fueron detenidas entonces, de las cuales 49 fueron procesadas -entre ellas cuatro menores- por varios delitos, incluyendo pandillerismo, motín y robo calificado, entre otros. Hasta la fecha se han dado varias sentencias condenatorias y al menos una absolución. Dos personas continúan recluidas en el penal, mientras los demás procesos se mantienen abiertos. AI dice que los hechos fueron admitidos por los jueces de las causas sin ser investigados.