El IFE: chivo expiatorio
Se ha desatado en los meses recientes una insidiosa campaña contra el Instituto Federal Electoral (IFE), dirigida a minar su papel estratégico en la conducción legal de los procesos electorales federales. En cierta forma, esos ataques se inscriben de modo perverso en la disputa intra e interpartidista, es decir, en la pugna por decidir quién gobierna en el país, a la cual se suman alegremente los representantes de los llamados "poderes fácticos", ahora despojados de sus aires de neutralidad. La columna vertebral de las críticas está en el presupuesto que la institución destinará a la organización de las elecciones y, sobre todo, al financiamiento de los partidos contendientes.
Sin negar que se trata de cifras astronómicas, digo que se trata de una actitud perversa, pues es obvio que el IFE no "da" o quita dinero a voluntad a los partidos, ya que se limita a presentar un presupuesto en el que se calculan los gastos de operación electoral y el financiamiento para las campañas, mismo que se determina mediante una fórmula establecida en la ley. Pero es el Congreso, en última instancia, quien aprueba o no las cantidades calculadas por el órgano electoral. Es obvio que nos gastamos demasiado dinero en asegurar elecciones limpias, pero ése es, como se ha dicho repetidamente, el pago por la desconfianza, por salir de una historia de fraudes y corruptelas sin fin.
En todo caso, toca a los diputados, no al IFE, hacer las reformas correspondientes a la ley si fueran necesarias, decidir -sin erosionar la capacidad operativa de la institución- cuánto y dónde meter tijera. Cabe recordar que si hasta ahora nada ha cambiado se debe, sencillamente, a la negativa de los diputados a legislar en una materia tan sensible y espinosa para su propia causa.
Es cierto que el "modelo" actual podría ajustarse con una mentalidad realmente republicana. Parece justo y aconsejable buscar formas menos costosas y estridentes, más centradas en la calidad que en la exhaustividad de la propaganda. Pero resulta ridículo que se critiquen los costos de la democracia y, al mismo tiempo, se multipliquen las campañas en los medios electrónicos, las aportaciones de los empresarios a los candidatos, el despliegue de recursos de que están haciendo gala los aspirantes aún trepados a los cargos públicos.
Reducir, ajustar el financiamiento estatal, acortar los tiempos de campaña, fiscalizar mejor los ingresos y gastos de los partidos son medidas que podrán servir, pero no se toman porque la clase política no sabe actuar si no es gastando, comprando a su paso, si ya no conciencias, al menos promesas de voto.
La degradación de la política democrática proviene de ese esquema en el que el dinero todo lo puede, aunque erosione la conciencia ciudadana.
Las críticas, en el fondo, no se dirigen a los excesos lamentables que son noticia cotidiana, sino a la idea misma de la competencia y actúan contra la convicción de que una sociedad más justa es también una sociedad más plural, donde las distintas corrientes, expresiones e intereses deben tener la oportunidad de manifestarse y, en su caso, la de gobernar las instituciones.
Basta abrir la prensa diaria para advertir la presencia de una postura demagógica que sustenta la idea pueril de que la única política posible es la que hacen los ciudadanos puros, al margen de los partidos.
Se olvida que los grandes escándalos en materia electoral de esta época no se han financiado con el dinero público, sino con las grandes aportaciones "privadas", con las cuotas de los Amigos de Fox o las ayudas secretas del sindicato de Pemex al PRI o las desinteresadas entregas de Ahumada a Bejarano.
Preocupa, pues, que la justa y necesaria crítica a los partidos y a la legislación electoral actual se traduzca en descrédito de la política como tal, como si en realidad hubiera otra alternativa en la sociedad, en ésta o en cualquiera otra. Fomentar la intolerancia, como es costumbre de la derecha, es preocupante. Fomentarla desde la izquierda resulta suicida.