El nuevo reglamento faculta al consejero de Los Pinos nombrar a magistrados
Denuncia el PRI que Fox fragua control del tribunal fiscal; prepara controversia
La fracción del PRI en el Senado no permitirá que la Presidencia de la República disponga a su antojo de las plazas vacantes de magistrados para colocar ahí a funcionarios de la Secretaría de Hacienda, amigos o incondicionales, con lo cual se vulneraría la autonomía del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), advirtieron Carlos Chaurand y Martha Tamayo.
Si el 6 de septiembre, fecha en que sesionará el Senado, Fox no ha derogado el Reglamento de la Ley Orgánica del TFJFA -que otorga estas facultades a la Consejería Jurídica de la Presidencia, que encabeza Juan de Dios Castro- interpondrán una controversia constitucional.
Al inicio del sexenio, el panista Castro Lozano fue acusado de tratar de imponer magistrados en la sala superior de ese tribunal. Ahora, con el reglamento que Fox promulgó el 9 de agosto, tendrá manos libres para nombrar y ratificar a los juzgadores. De ahí la preocupación de los senadores del tricolor.
De hecho, la administración panista no ha dejado de meter las manos en ese tribunal, cuya responsabilidad es defender a los ciudadanos de abusos fiscales de dependencias federales, fundamentalmente la Secretaría de Hacienda.
El TFJFA cumple hoy 68 años de labores, pero según la senadora Tamayo, poco tiene que festejar, y menos aún luego de la promulgación de su reglamento, que es uno de los golpes más fuertes recibidos por el tribunal desde su creación.
Su autonomía ha sido siempre eje de discusiones. Inclusive, la hija del fundador del tribunal, Aurora Cortina, fue cesada en abril de 2004 de la Dirección del Instituto de Estudios Fiscales y Administrativos del TFJFA por la publicación de un artículo -en la revista de la Corte- en el que proponía la instauración de la carrera judicial y que el nombramiento de nuevos magistrados quedara en manos de ese instituto y del Consejo de la Judicatura, entre otras reformas.
Hasta ahora, y luego de diversas propuestas, la delicada función de nombrar a los magistrados recae en el Presidente de la República; el Senado debe ratificarlos, pero es la sala superior del tribunal la que tiene facultades para proponer a los candidatos, previa evaluación interna.
El nuevo reglamento, cuestionado por los legisladores priístas, da plena facultad a la Consejería Jurídica de la Presidencia, que encabeza Castro Lozano, mientras la sala superior sólo podrá intervenir a petición de éste último.
Tamayo destaca que la Consejería Jurídica se atribuye la facultad de examinar a los magistrados, incluidos los de la sala superior, que suman 30 años o más de carrera judicial. Chaurand comenta por su parte que el reglamento va mucho más allá de lo que marca la ley, y Fox lo modificó para que Castro Lozano y la Secretaría de Hacienda tengan el control sobre los magistrados y dispongan de las plazas vacantes en el resto el sexenio.
"Eso no es posible. La propia Constitución establece la autonomía del TFJFA; por eso, en la fracción del PRI creemos que si el Ejecutivo no da marcha atrás, se presentará una controversia constitucional".