Encarcelamiento injusto
Hace dos días por fin se realizaron en Zihuatanejo las audiencias contra Felipe Arreaga Sánchez, detenido y procesado injustamente desde noviembre del año pasado como responsable del homicidio, en 1998, de un hijo de un cacique de la Costa Chica. Habían sido sospechosamente suspendidas desde el 2 de agosto pasado por el juez primero de primera instancia del ramo penal por ausencia del principal demandante y sus supuestos testigos de cargo, quien además de los 20 argumentos legales, testimoniales y circunstanciales contundentes de la defensa, que comprueban la inocencia del indiciado, pudo ahora constatar la falsedad de las declaraciones de aquéllos. Se trata de otro caso que avergüenza al país a escala internacional y que demuestra la falta de voluntad del gobierno para limpiar de corrupción las instituciones de procuración y administración de justicia en todas partes, particularmente en estados como Guerrero, y rescatarlas de su uso y manipulación política.
Felipe Arreaga es uno de los líderes y fundadores de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), que desde aquel año viene dando una lucha pacífica contra la devastación de esa zona por la tala ilegal e inmoderada de árboles en beneficio de empresas madereras nacionales y trasnacionales, ante la pasividad de autoridades federales y locales. Es, además, junto con su esposa, Celsa Baldovinos Ríos, cofundador de la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP), que cuenta con más de 60 socias activas, que han desempeñado una gran labor de reforestación y creación de proyectos productivos.
De acuerdo con un análisis comparativo de imágenes satelitales de 18 localidades de esa región, llevado a cabo por la Comisión Nacional de Biodiversidad (Conabio), entre 1992 y 2000 se deforestó 40 por ciento de los bosques, lo que implica que se perdieron 86 mil hectáreas de las 226 mil 203 totales, lo que ocasionó que se incrementara en 446 por ciento el suelo desnudo, pues de las 37 mil 636 hectáreas que existían en 1992 se pasó a 130 mil 595 hectáreas en 2000.
Por esta razón la OCESP no se ha limitado a vigilar los bosques y denunciar ante las autoridades competentes la tala inmoderada, sino que ha cumplido un papel fundamental en la reforestación de la zona, mediante la plantación de árboles de pino y abeto, como consta en los oficios dirigidos al Ejército Mexicano que obran en sus archivos. Sólo en 2003, la OMESP sembró 146 mil 400 árboles, en tanto en 2004 sembraron otros 30 mil.
A ello se debe que por afectar poderosos intereses económicos y políticos haya sido calumniada y acusada de ser un grupo de campesinos armados, que buscaba ocupar los bosques para cuestiones ilícitas; en este contexto se entiende también la arbitraria detención -en mayo de 1999- de los líderes ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, cuyo infundado e injusto procesamiento por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y cosecha de enervantes no ha sido hasta ahora sobreseído, mientras las torturas físicas y sicológicas infligidas por integrantes del 40 batallón de infantería, con sede en Ciudad Altamirano, siguen impunes, a pesar de que los campesinos fueron posteriormente liberados por "razones de salud", aunque esta decisión se tomó principalmente por la fuerte presión nacional e internacional.
A ello se debe la reactivación de una vieja averiguación previa prefabricada hace siete años contra Felipe Arreaga y 14 compañeros campesinos ecologistas, que ha sido archivada dos veces por falta de méritos por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero. Son polvos de aquellos mismos lodos.
La defensa legal de Arreaga -quien en marzo de este año fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, y junto con su esposa y la de otro campesino ecologista incriminado recibió el pasado 10 de agosto, en la cárcel, el Premio Chico Mendes, el premio ambiental más importante del continente-, a cargo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, ha probado hasta la saciedad su inocencia.
Además de que las órdenes de aprehensión fueron libradas seis años después de las denuncias y de que las pruebas periciales y declaración de los supuestos testigos se realizaron dos años después, se ha comprobado fehacientemente, incluso con la grabación de un video no trucado, que Arreaga no se encontraba en el lugar de los hechos.
Es más, un testigo de cargo manifestó que acusó a Felipe bajo presiones y amenazas del cacique, y también se ha comprobado que uno de los coacusados del crimen había fallecido dos años antes. Se tienen además indicios sólidos de que el propio cacique está relacionado de alguna manera en el crimen. Por todo ello, las organizaciones civiles nacionales e internacionales de derechos humanos esperan que en los próximos días el juez que lleva la causa emita su sentencia absolutoria.