Editorial
La descomposición imperante
Los denuestos e insultos pintarrajeados ayer en la fachada del edificio donde vive Elba Esther Gordillo, cacique del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y hasta ayer todavía secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), representan una acción inaceptable, no sólo por su incivilidad intrínseca, sino porque agreden a vecinos de la maestra que no tienen culpa alguna por los enredos en los que ésta se ha metido. Si quienes perpetraron esta agresión son maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como parece ser, habida cuenta de que esa organización disidente no se deslindó ayer del acto referido, el hecho resulta preocupante por partida doble, porque manifiesta una deplorable falta de civismo y de respeto en profesores que tienen la responsabilidad de inculcar esos valores entre los niños y los jóvenes. Se trata, pues, de una acción injustificable en cualquier circunstancia. En la actual, cuando Gordillo acaba de perder una importante batalla en la guerra de mafias que se libra en el interior del tricolor por el control de ese instituto político, el pintarrajeo mueve, inevitablemente, a sospecha, y hace pensar que sus autores obedecen a designios del grupo priísta contrario a la lideresa de facto de los maestros, encabezado por Roberto Madrazo.
Más allá de que las acusaciones formuladas en los grafitis sean parcial o totalmente ciertas, el hecho referido expresa el grado de descomposición a que se ha llegado en el presente sexenio, el fracaso de la política como sistema de entendimiento y superación de conflictos y la ley de la selva cuya vigencia ha sido propiciada por una clase política cuyos integrantes Gordillo y Madrazo en lugar destacado han renunciado a disputar ideas y proyectos para concentrarse en una rebatiña de cargos y posiciones de poder en la cual recurren a cualquier cosa con tal de lograr sus metas. El gobierno federal mismo ha participado con singular determinación en esta degradación de la vida republicana: ha operado sin rumbo, se ha desempeñado con una frivolidad y una soberbia exasperantes y ha hecho de manera regular un uso faccioso además de torpe de las instituciones públicas.
En este escenario descontrolado y turbio, a nadie extraña ya que un grupo delictivo enquistado en el transporte público mexiquense haya decretado, anteayer, con total impunidad (es decir, con plena cobertura de una red de complicidades gubernamentales) el bloqueo de millones de habitantes del oriente de esa entidad, tanto peatones como automovilistas, que en vano pretendieron trasladarse a sus sitios de trabajo, de estudio o de cualquier otra actividad en el perímetro del Distrito Federal. El todavía gobernador del estado de México, Arturo Montiel, estaba demasiado concentrado en su precampaña presidencial para atender y resolver el asalto a las vialidades por líderes de microbuseros que tomaron en rehenes a los mexiquenses para defender intereses que por otros cauces son llanamente indefendibles.
Las expresiones aquí referidas, de muy distinta índole y de diverso alcance, debieran llevar a la reflexión y a la rectificación al conjunto de los funcionarios y políticos de todos los niveles y partidos, que son quienes han permitido y propiciado tal descomposición de la vida institucional del país. De otra manera, las campañas electorales y el proceso de sucesión que se avecinan no podrán conducirse en los cauces de la civilidad, la legalidad y la convivencia pacífica.