De cuando la República traicionó a los indígenas
Al terminar la última reunión de la Cocopa con el presidente Ernesto Zedillo (diciembre de 1996), él se comprometió a responder las demandas zapatistas en un documento que contendría las observaciones a la iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígenas. Pero, muy en su estilo, el documento no era tal, sino una nueva iniciativa de ley que desconocía lo pactado en San Andrés Larráinzar.
La estrategia presidencial nos echó montón: articulistas cercanos a la Presidencia, empresarios y "constitucionalistas" oficiales acusaron a la Cocopa de pretender "balcanizar" el país, atentar contra la soberanía nacional, y a Pablo Salazar y a mí de haber traicionado a Zedillo, dado que en nuestro carácter de priístas deberíamos haber obedecido ciegamente la línea presidencial.
En plena etapa de descalificación de la iniciativa, Ignacio Burgoa Orihuela declaró su ignorancia sobre el tema al afirmar que "la Cocopa era una comisión que representaba sólo a un grupo de indígenas de Chiapas" (sic) y calificó de ignorantes a los que pretendían reformas constitucionales para la autonomía de los pueblos indios, en virtud de que "una reforma que diera autonomía a los pueblos indígenas pondría en riesgo la soberanía nacional, ya que se convertirían en pequeños estaditos independientes y soberanos". El burro hablando de orejas. No sabía ni siquiera el carácter de la integración y representación de la Cocopa, pero en el concierto de desatinos su voz silvestre se convertía en vocero oficioso habilitado de la postura presidencial.
La boruca sustituyó la sustancia; nadie pudo demostrar, ni lo ha podido hacer, que el contenido de la iniciativa de ley Cocopa es distinta al contenido de lo pactado en San Andrés. Este elemento nunca fue tratado por articulistas o constitucionalistas oficiosos de la Presidencia. Es decir, si existía inconformidad con la iniciativa, deberían haber cuestionado al Ejecutivo por haber pactado en los términos que lo hizo. Pero nunca lo hicieron porque sus posturas eran parte de la estrategia presidencial del desconocimiento en los hechos de los acuerdos de San Andrés. Por otro lado, con justa razón el EZLN nos planteó la necesidad de definir nuestra postura ante la posición presidencial y la propia iniciativa de ley.
En el interior de la Cocopa la presión se hizo presente: los del PAN tenían marcaje personal para que no insistieran en seguir apoyando la iniciativa; a Salazar y a mí, del PRI nos mandaban recomendaciones de la Presidencia y Gobernación para retirarnos del proceso de negociación.
Sin ningún argumento y sólo por "razones de Estado", Zedillo y el subsecretario de Gobernación, Arturo Núñez, pedían a mis amigos Mario Luis Fuentes, director del DIF, y a Carlos Rojas, secretario de Desarrollo Social, que me convencieran de desistir, pero ambos entendieron mis razones y fueron respetuosos de ellas, aunque reconozco que Núñez guardó lealtad absoluta al presidente Zedillo, quien no le correspondió en sus aspiraciones por Tabasco, ya que más bien lo dejó colgado de la brocha.
Dionisio Pérez Jácome, coordinador de Comunicación Social del gobierno federal, reiteraba con un doble discurso presidencial la disposición de las autoridades para sumar a los indígenas al de-sarrollo y reconocer sus derechos, pero "sin vulnerar el marco jurídico hecho para todos los mexicanos".
No obstante las presiones y dado que las posturas de la Cocopa se definían por consenso, en nuestra respuesta al EZLN no lo logramos para continuar con el proceso legislativo de la iniciativa de ley; sin embargo, la sostuvimos como parte sustancial del proceso de negociación, cuando en el punto número tres del pronunciamiento público de la Cocopa del 4 de marzo de 1997 precisamos: "La Cocopa, con las consideraciones que a continuación se mencionan, sostiene la propuesta de reformas constitucionales en materia indígena de fecha 29 de noviembre de 1996, que es resultado de un esfuerzo honesto y serio de todos sus miembros para conciliar las diferencias de las partes".
Después de casi dos meses de toma y daca, quienes sosteníamos una postura en defensa de la iniciativa habíamos logrado, en medio de presiones intensas, el consenso para impedir sacar del proceso de negociación a la iniciativa de ley Cocopa, cuyo referente es y ha sido obligado en la búsqueda de cualquier escenario que permita un desenlace positivo para el proceso de paz.
Si bien nuestra respuesta no fue la que esperaría el EZLN de la Cocopa, y su contestación fue muy severa al respecto, la iniciativa de ley seguía como una de las partes sustantivas de la negociación ante el desencanto presidencial.
Posteriormente, en 1998, Zedillo turnó una iniciativa de ley indígena al Congreso de la Unión que no tenía nada que ver con los acuerdos de San Andrés y sólo con el propósito de crear un clima de distracción pública porque detrás de la misma turnó la iniciativa de ley del rescate bancario, hipotecando el futuro de varias generaciones de mexicanos. De nueva cuenta por "razones de Estado" el gobierno utilizaba y manipulaba el tema indígena para imponer una de las leyes más leoninas y draconianas que recuerde el país: el IPAB
Concluido su sexenio, Zedillo, defensor del "marco jurídico hecho para todos los mexicanos", se alquiló como empleado de una de las empresas ferrocarrileras trasnacionales beneficiadas con las privatizaciones producidas durante su mandato.