Aterran Colombia, dice
Actúan con "total impunidad" los paramilitares: AI
Madrid, 1º de septiembre. Los grupos de paramilitares siembran el pánico en Colombia con "total impunidad" pese a la gravedad de sus crímenes y métodos de asesinatos masivos, desapariciones y torturas, denunció aquí este jueves Amnistía Internacional (AI), al dar a conocer un informe donde concluye que la "estrategia de desmovilización de Colombia amenaza con consolidar el paramilitarismo y garantizar que cometan más asesinatos los autores de algunas de las peores atrocidades contra los derechos humanos".
El gobierno del presidente conservador Alvaro Uribe anunció al comienzo de su mandato que intentaría erradicar los grupos paramilitares, y ofreció para ello una ley de amnistía que garantizara su reintegración a la sociedad.
Sin embargo, según AI, el caso de Medellín es un ejemplo del fracaso de este programa, que muestra cómo estos grupos armados todavía "matan, hacen desaparecer y torturan casi con total impunidad".
El punto más débil para lograr la desmovilización de los paramilitares es "el contexto legal" que ampara el proceso, es decir, la Ley de Justicia y Paz y el Decreto 128, señaló la organización humanitaria.
El documento del organismo centró su atención en la supuesta "desmovilización" del Bloque Cacique Nutibara (BCN), el más temido en la región, cuyo desarme real es una "manifiesta y peligrosa parodia", y "una mortal ilusión".
Confabulación con la policía
En el informe titulado "Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?", AI sostiene que en esa ciudad los comandos ultraderechistas actúan como fuerza militar y "matan y amenazan a defensores de derechos humanos y activistas comunitarios locales".
Asimismo, sostiene que el BCN todavía "recluta miembros y actúa conjuntamente con las fuerzas de seguridad", sólo que "en lugar de actuar en grupos grandes, fuertemente armados y uniformados, como en el pasado, ahora encubren sus actividades bajo la denominación de empresas privadas de seguridad o actúan como informantes para las fuerzas de seguridad".
El gobierno de Uribe comenzó en 2002 negociaciones con paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que a finales de ese mismo año anunciaron el "cese de hostilidades".
En julio del 2003, las AUC se comprometieron a desmovilizar a todos sus miembros antes de 2005, pero hasta la fecha sólo se han desvinculado de esos grupos unas 8 mil personas. Desde el anuncio de la tregua, los paramilitares han sido acusados de haber perpetrado al menos 2 mil 300 homicidios y desapariciones.
Uno de los temas que preocupa a AI es el control que mantienen esos grupos en la mayoría de los barrios pobres de Medellín, lo cual significa que "la seguridad de la población civil depende con frecuencia de los antojos de los comandantes paramilitares locales".
Según Marcelo Pollack, responsable del informe, en estos momentos "no puede garantizarse el estado de derecho en una ciudad donde cualquier intento de cuestionar o desafiar el control de las fuerzas paramilitares puede tener, y tiene, como respuesta la violencia política".