Arguye que mermaría los recursos destinados a estados y municipios

Veta Fox nuevo régimen fiscal de Pemex aprobado por el Senado

La Subsecretaría de Enlace Legislativo de Gobernación entregó el documento el día del Informe

Las observaciones debieron hacerse al texto de la Cámara de Diputados, considera Pablo Gómez

ROBERTO GARDUÑO

A la misma hora que Vicente Fox Quesada ofrecía diálogo al Congreso de la Unión, en la oficina de la secretaría general de la Cámara de Diputados un enviado de la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación entregaba el veto del presidente de la República al régimen fiscal de Pemex.

Las observaciones del Ejecutivo federal señalan que la ley aprobada por el Congreso, en caso de promulgarse impactaría las finanzas públicas y, en consecuencia, los estados y municipios verían mermados los recursos que reciben derivados de la venta de hidrocarburos.

El régimen fiscal de Pemex, reformado a través de la Ley Federal de Derechos fue aprobado en octubre de 2004 por el pleno de la Cámara de Diputados. Obedecía a los acuerdos de la primera Convención Nacional Hacendaria y la minuta se envió al Senado de la República para su convalidación.

Tras meses de análisis y en manos de los senadores, éstos modificaron el texto original aprobado por los diputados y la regresaron a San Lázaro con objeto de que se enviara al Presidente de la República para su promulgación.

El texto original aprobado por la Cámara de Diputados establecía la reforma al gobierno corporativo de la paraestatal, con objeto de otorgarle autonomía de gestión y fomentar las prácticas de gobierno corporativo de acuerdo con la regulación internacional; transferencias a Pemex que equivaldrían a un total de 415 mil 400 millones de pesos en el periodo 2006-2013 con base en el precio promedio anual de 30 dólares por barril de la mezcla mexicana de crudo; transición gradual con objeto de permitir el sacrificio fiscal de los tres órdenes de gobierno para que éstos encontraran fuentes alternativas de ingreso, y garantías a las entidades federativas para fijar un derecho adicional con cargo a Pemex, destinado en ciento por ciento a los estados con el fin de cubrir la eventualidad de que dicho organismo no alcanzara metas mínimas de producción.

La respuesta del Senado a la modificación de la Ley Federal de Derechos aprobada en la Cámara de Diputados fue la siguiente: en la reforma al gobierno corporativo se omitió el condicionamiento de la aplicación plena del nuevo régimen fiscal a la reformas que otorguen autonomía de gestión de la paraestatal; se aumentaron en forma significativa las transferencias; se disminuyó el periodo de transición, lo que implicaría realizar una mayor transferencia de recursos en un menor tiempo colocando en riesgo las finanzas públicas (a decir del Ejecutivo federal); y se eliminó la garantía de un monto mínimo de participaciones para las entidades federativas.

El argumento central de Vicente Fox para rechazar el régimen fiscal de Pemex se manifestó así en el documento enviado el primero de septiembre a San Lázaro:

"Debe tenerse presente que una parte sustancial de los ingresos públicos provienen de fuentes vinculadas al mercado petrolero, que dada la volatilidad de los precios internacionales de los hidrocarburos, redunda en una alta vulnerabilidad de las finanzas públicas. Adicionalmente la recaudación tributaria en México se compara desfavorablemente a la de otras naciones con un grado similar de desarrollo, producto de las debilidades del sistema tributario en torno a los impuestos indirectos, principalmente consumo, cuyos regímenes especiales y de exenciones se traducen en una baja eficiencia tributaria.

La decisión de Vicente Fox para enviar el veto, el mismo día y a la misma hora que leía su mensaje ante el pleno de la Cámara de Diputados obedeció a que tenía hasta las 24 horas del primero de septiembre para anunciar oficialmente su decisión, porque en caso contrario el régimen fiscal de Pemex debería promulgarse a partir del día siguiente.

Sobre el particular el coordinador de la fracción del PRD, Pablo Gómez Alvarez, manifestó a este diario que las observaciones del Ejecutivo deberían haberse hecho sobre el texto del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados. "Yo les dije a los del gobierno, que en todo caso si iban a presentar un veto que lo hicieran de conformidad con el proyecto original enviado al Senado, que fue modificado en el Senado, y que nosotros aceptamos esas modificaciones para que el decreto saliera. El elemento más importante de la modificación senatorial consiste en que el periodo de transición gradual hacia el nuevo régimen, nosotros lo habíamos ubicado en siete años y el Senado lo puso en cuatro, ahí había una divergencia; nosotros nos allanamos en que fueran los cuatro años con tal de que saliera".

Según el gobierno federal la aplicación del nuevo régimen fiscal de Pemex para el año 2006, equivaldría a que a un precio estimado de 30 dólares por barril de petróleo crudo, el fisco federal contaría con 60 mil 900 millones de pesos para gasto, de los que dispondría de haberse aplicado el régimen fiscal que actualmente se contempla en la Ley de Ingresos para el año en curso, con lo cual se afectarían diversos rubros prioritarios para el estado, tales como salud, educación y seguridad pública, así como el cumplimiento de programas de desarrollo.

"Lo anterior, en virtud de que las transferencias de recursos a Pemex, que implica el régimen fiscal contenido en el Proyecto de Decreto que nos ocupa, para el año próximo, sería del orden de los 24 mil 700 millones de pesos, derivado del cambio de régimen en sí mismo, que permite a la paraestatal contar con mayores recursos, así como por el hecho de que el Senado eliminó el derecho sobre extracción de hidrocarburos, incluido en la minuta aprobado originalmente por la Cámara de Diputados, y no fijó tasas suficientemente altas para el derecho ordinario sobre hidrocarburos que compensaran la menor recaudación que se obtendría. A ese monto se sumarían otros 36 mil 200 millones de pesos derivados de los recursos que se destinarían al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros".

El Ejecutivo federal se manifiesta en contra de la intervención de la ASF en los egresos e ingresos de la paraestatal.

El decreto vetado pretende que la ASF tenga capacidad de fiscalización directa en los movimientos financieros de Pemex. No obstante, el Ejecutivo federal señala que el máximo órgano fiscalizador del país sólo puede tener atribución en la revisión de la cuenta publica del año anterior al ejercicio presente.