Editorial

Katrina: negligencia ante la tragedia

Tras el paso del huracán Katrina, la ciudad de Nueva Orleáns ha sufrido una devastación casi total: 80 por ciento de la urbe está bajo el agua y los damnificados se cuentan por decenas de miles, entre ellos unos 140 mil mexicanos. El gobierno del presidente George W. Bush ha sido duramente criticado por su falta de previsión ante catástrofes de esta índole y por la lenta respuesta de su administración para ayudar a los afectados. La magnitud del desastre y las deficiencias en las labores de rescate recuerdan la situación que se vivió en la ciudad de México con los temblores del 19 y 20 de septiembre de 1985.

Las imágenes de gente que lo ha perdido todo, hasta familiares, evocan las que se vieron en varias zonas de la capital mexicana luego de esos terremotos. El gobierno del entonces presidente De la Madrid se paralizó y demostró una grave negligencia ante el impacto de la tragedia: manzanas enteras quedaron destruidas. Fue la sociedad civil la que salió a las calles a desenterrar sobrevivientes entre los escombros, transportarlos a los hopitales y llevar víveres y medicinas a los damnificados. Ahora el gobierno del presidente Fox tiene el reto de apoyar con efectividad y rapidez a los connacionales perjudicados por el siniestro. En ese sentido, el mandatario mexicano aseguró que la respuesta del Ejecutivo será "contundente".

Tal contundencia es urgente ante la devastación en Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida, donde 5.7 millones de personas se han quedado sin energía eléctrica. Las olas de más de ocho metros de altura, los vientos con fuerza hasta de 280 kilómetros por hora y las numerosas inundaciones, entre otros factores, provocaron daños por unos 30 mil millones de dólares en viviendas, edificios e infraestructura de todo tipo. Por ejemplo, los daños a la agricultura de Florida se estiman en 427 millones de dólares, 711 pozos petroleros han sido desalojados y la producción de gas y crudo en el Golfo de México se encuentra interrumpida. Además, como suele ocurrir en estas calamidades, los saqueadores han hecho su aparición, muchos de ellos armados, ante la ausencia de las autoridades locales.

Esta catástrofe es aún más grave para las minorías, sobre todo para nuestros connacionales sin papeles, quienes a su condición de damnificados suman el estigma de la persecución que sufren debido a su estatus migratorio, lo que los obliga a esconderse en lugar de pedir ayuda. En ese contexto, son encomiables las medidas anunciadas por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez. Ayer viernes, el funcionario informó que el gobierno de Fox llegó a un acuerdo con su similar estadunidense para que estas personas no sean perseguidas debido a su condición legal, con el fin de que puedan acudir a los centros de ayuda sin el temor de ser deportadas. Además, los consulados de Houston y Atlanta trabajan de manera coordinada para prestar auxilio a los connacionales, se instalarán dos oficinas consulares temporales en las zonas afectadas y se crearán dos consulados móviles, entre otras acciones ­absurdamente, la representación diplomática mexicana en Nueva Orleans, importante puerta de entrada de las exportaciones nacionales, fue cerrada por orden del ex canciller Jorge G. Castañeda­. También se abrieron dos cuentas bancarias para recabar aportaciones voluntarias y se han enviado camiones con víveres y medicinas, los cuales deberán esperar hasta el lunes para cruzar la frontera.

Ahora, al Ejecutivo le corresponde estar atento para garantizar el respeto a los derechos de los indocumentados. Si bien estas iniciativas son positivas, se requiere de un esfuerzo sostenido para que la asistencia a los damnificados mexicanos sea efectiva y que las declaraciones de Fox no se queden en una manifestación de buenas intenciones.