Editorial

Ayuda oportuna y descuido legal

Debe reconocerse que, ante la catástrofe en curso en la costa norte del Golfo de México, el gobierno de nuestro país se ha movido en las direcciones correctas.

En primer término, se ha prestado atención a la suerte de los connacionales afectados por la tragedia, se ha transmitido a la opinión pública nacional la información disponible sobre los fallecidos y los damnificados y se ha realizado un esfuerzo oportuno para brindar auxilio a los mexicanos que se han visto envueltos en el desastre provocado por el paso del huracán Katrina por las costas de Luisiana, Mississippi y Alabama.

Luego, las autoridades nacionales han procedido a enviar personal capacitado en situaciones de emergencia y un considerable volumen de ayuda material. Las misiones corren a cargo de las fuerzas armadas ­Marina y Ejército­, las cuales enviaron anteayer hacia la zona de desastre el buque Papaloapan, cargado de personal, vituallas y equipo, y despacharon ayer una caravana terrestre compuesta por 35 vehículos. Los más de 500 efectivos del contingente y los cientos de toneladas de víveres y medicinas aportarán un alivio significativo a los afectados ­independientemente de que sean estadunidenses o mexicanos­, siempre y cuando se los permitan la exasperante torpeza, la desorganización y la indolencia mostradas hasta ahora por el gobierno federal de Estados Unidos en sus lentas, incoherentes y hasta crueles reacciones ante la catástrofe, reacciones que han sumido a la administración de George W. Bush en una crisis política y le han significado un brusco descenso en sus índices de popularidad y credibilidad.

Las instituciones armadas de México, por su parte, disponen, además de la disciplina y la capacidad de movilización que la situación requiere de una vasta experiencia en el auxilio a poblaciones civiles afectadas por desastres naturales en el territorio nacional. Es lógica y procedente, por ello, la decisión de ponerlas al frente de la misión mexicana de ayuda a las zonas devastadas por el huracán Katrina.

En las circunstancias mencionadas nadie en su sano juicio se habría opuesto al envío al vecino país de las misiones humanitarias organizadas por las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional. Sin embargo, el gobierno cometió un descuido de formas y maneras legales y tanto el Papaloapan como el convoy terrestre partieron sin que el Ejecutivo federal hubiese solicitado la autorización necesaria al Senado de la República, un requisito para enviar tropas al extranjero establecido en el texto constitucional vigente. No puede tomarse por atenuante para esta falta el hecho de que exista una iniciativa de reforma en la materia ya aprobada por el propio Senado, toda vez que aún no ha sido discutida ni aprobada en la Cámara de Diputados.

Cabe suponer que en esta ocasión la omisión gubernamental fue producto de un descuido y no de la animosidad que el foxismo ha introducido en su relación con el Congreso. Los senadores de todas las fracciones, en un gesto de buena voluntad, y ante la necesidad de no entorpecer el aporte mexicano para asistir a los damnificados, aprobaron a posteriori, y por unanimidad, el permiso al Ejecutivo para ubicar efectivos militares fuera del territorio nacional. Cabe confiar en que la pifia no pase a mayores y en que no demerite la buena respuesta de México ante la tragedia que se vive en Luisiana, Mississippi y Alabama. Pero las ligerezas de este tipo ante los mandatos constitucionales son, en cualquier circunstancia, inadmisibles.