No quiere hacer justicia por la matanza de estudiantes: Comité 68 Pro Libertades
Presentan queja ante la CIDH contra el Estado mexicano por el halconazo
Nueva York, 6 de septiembre. Un grupo de ciudadanos mexicanos presentó hoy una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, con el propósito de que se haga justicia por la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971 y con ello, argumentaron, anular la impunidad en México.
Bajo el auspicio del Comité 68 Pro Libertades Democráticas se presentó la queja, en la cual, según los querellantes, se acusa al "Estado mexicano de denegar sistemáticamente justicia en el caso del crimen del 10 de junio de 1971, perpetrado por el grupo paramilitar los halcones, que en esa ocasión masacró una manifestación estudiantil pacífica que dejó un saldo de varias decenas de muertos".
Los esfuerzos por promover la investigación y el castigo a los responsables del crimen, señalan, ha quedado frustrado en el sistema judicial mexicano, pues se "ha llevado el asunto a una situación de impunidad aparentemente definitiva". Indicaron que la reciente resolución judicial exoneró a los acusados -entre ellos el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y el entonces secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, así como a varios generales- y ello ha obligado a recurrir a instancias internacionales, como la CIDH.
Alejandro Alvarez Béjar, en nombre del comité, presentó la queja, y declaró a La Jornada que en ésta se argumenta que las medidas judiciales "espurias han llevado a un estado de impunidad total" en México sobre estos casos. "En lugar de abrir puertas hemos tenido respuesta negativa" en este sexenio al exigir justicia en éste y los casos del 2 de octubre de 1968 y otros delitos cometidos durante la llamada guerra sucia de los años 60 y 70, expresó.
Subrayó que lo sucedido en 1971 es sólo "un episodio" de una historia de violaciones a los derechos humanos por las autoridades, "es una pieza de una cadena de hechos represivos" que hasta la fecha siguen impunes.
Alvarez Béjar indicó que, en esta coyuntura, "el asunto grave es que el sistema judicial mexicano está promoviendo un estado de impunidad" al cerrar las vías para llevar ante la justicia a los responsables de esos crímenes. Al permitir que el Poder Judicial proteja a criminales de delitos muy graves, "el gobierno mexicano está pisoteando tratados internacionales" que lo obligan a resolver dichos abusos.
La queja incluye una extensa documentación del caso contra Echeverría y Moya, copia de los fallos judiciales, un video, recortes periodísticos y otros materiales para que la CIDH pueda reconstruir los hechos y revisar la respuesta judicial y gubernamental a esos sucesos.
Al presentar la denuncia, los representantes del comité confiaron en que la denuncia sea atendida y se le dé entrada, y advirtieron que el asunto -si el gobierno mexicano continúa demostrando reticencia- podría ser canalizado a la Corte Interamericana. "Es nuestra convicción -concluyeron- que la intervención de la CIDH sirva como llamado de atención al Estado sobre la necesidad de restablecer plenamente la vigencia del estado de derecho y proceda a armonizar debidamente las correspondientes disposiciones internacionales con la normatividad interna. Será un elemento importante en la reconstrucción de la vida democrática de nuestro país y también para dar satisfacción plena a los reclamos de justicia."
Alvarez Béjar informó a La Jornada que la queja será sometida a una primera evaluación esta semana. Si procede, la comisión podría emitir una recomendación formal en aproximadamente seis meses. El gobierno mexicano tendrá oportunidad para responder y atenderla. Si se determina que la recomendación no es atendida, podría emitirse una resolución para trasladar el asunto a la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica.
Alvarez Béjar y el Comité 68 advirtieron que en caso de que se llegara a esa etapa, argumentarán que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá excusarse de conocer del caso, por obvio conflicto de interés: por su participación activa y de alto nivel en el Partido Revolucionario Institucional, por su historial como ex funcionario del gobierno mexicano y por sus vínculos con algunos de los acusados.