Quedó cerrado cargo por defraudación fiscal; presunta evasión por $88.6 millones
Concede juez federal amparo al dueño y socios de Grupo Azucarero Caze
Considera magistrado que los empresarios no ocasionaron perjuicio alguno al fisco
Uno de los cargos penales por defraudación fiscal en contra de Enrique Molina Sobrino, dueño del Grupo Azucarero Caze; su hermano Fernando José y su hijo Enrique Molina Basteris, miembros del Consejo de Administración de la empresa, quedó cerrado en definitiva, luego de que un tribunal federal les concedió ayer un amparo contra la orden de aprehensión que enfrentaban desde marzo de 2004.
Se trata del caso de la presunta evasión fiscal de 88 millones 642 mil 624 pesos, correspondiente al ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 1998, que se denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) el 12 de octubre de 2001 por la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la Secretaría de Hacienda.
El tercer tribunal unitario en materia penal, a cargo del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, determinó que no había elementos suficientes para acreditar el delito que se le imputó a los empresarios azucareros, y por ello les concedió la protección de la justicia federal mediante un amparo.
Contrario a lo que opinó el año pasado el segundo tribunal unitario, cuando libró las órdenes de aprehensión contra los tres inculpados, Luna Altamirano -juzgador especialista en asuntos relativos a defraudación fiscal, extradición y delincuencia organizada- consideró que los miembros del Grupo Caze "en ningún momento engañaron y tampoco omitieron, ni total ni parcialmente, el pago del impuesto al valor agregado, y menos aún ocasionaron con su actuar perjuicio alguno al fisco federal".
Si bien el cargo penal que ayer libraron los hermanos Molina Sobrino y el hijo de uno de ellos no implicaba un delito grave y les permitía la libertad provisional bajo fianza, los tres han permanecido prófugos de la justicia desde julio de 2002, debido a que en ese año les fue librada -por un juzgado con sede en Puebla- otra orden de captura por un fraude fiscal de 2.7 millones de pesos y que los llevaría a prisión, ya que ese cargo sí fue tipificado por una modalidad que la ley en esa materia considera grave.
El caso de los más de 88.6 millones de pesos presuntamente defraudados al fisco por los dueños de Caze quedó resuelto luego de más de tres años de litigio en diversos tribunales y un juzgado de distrito. Al magistrado Luna Altamirano le bastaron cuatro semanas para determinar que la PGR no demostró el delito y por ello le concedió el amparo a los inculpados.
Según consta en el expediente del caso (toca penal 31/2005), en julio de 2003 la juez quinto de distrito del Reclusorio Oriente, Olga Sánchez Contreras, negó la aprehensión de Federico Molina, por considerar que el subprocurador fiscal Ambrosio Michel Higuera, no estaba facultado para enfrentarse contra el sospechoso.
No obstante, la PGR impugnó el fallo adverso y en marzo pasado, el segundo tribunal unitario revocó la resolución de la juez y ordenó la captura del indiciado, quien de nueva cuenta volvió a tener problemas legales.
El caso se inició en 1998. En ese año el Consorcio Azucarero Caze realizó una venta de 600 millones de pesos, que generó IVA por 90 millones, impuesto que la empresa debía retener y enterar a la Secretaría de Hacienda. Por sus dificultades financieras, Caze pidió permiso a Hacienda para pagar el IVA en 48 parcialidades. El permiso fue negado hasta noviembre de 1999, pero la empresa ya había hecho algunos pagos parciales.
Sin embargo, los auditores fiscales determinaron que Caze omitió pagar IVA por más de 88.6 millones pesos, al asentar en sus declaraciones del ejercicio 1998 pagos parciales inexistentes.
Como miembros del Consejo de Administración de Caze, los Molina fueron acusados con el argumento de que "ocultaron dolosamente" la situación fiscal real.