Familiares de asesinados piden comisión de la verdad
Admite el ejército uruguayo que hubo "desviaciones" en dictadura
Montevideo, 6 de septiembre. El ejército uruguayo reconoció hoy por primera vez que hubo "desviaciones" durante la dictadura militar que gobernó entre 1973 y 1985, pero justificó que "nos vimos inmersos en una guerra que no buscamos ni deseamos".
El comandante en jefe del ejército, Angel Bertolotti, se refirió así a las violaciones a los derechos humanos que las fuerzas armadas cometieron en aquella época, en momentos en que Uruguay atraviesa un periodo de revisión de los crímenes cometidos bajo el régimen de facto, con unos 30 uruguayos desaparecidos.
En el periodo que describió como guerra, el jefe militar dijo que "vimos morir injustamente a algunos compañeros, otros tuvieron que matar en enfrentamientos, fuimos testigos de acciones heroicas y supimos de desviaciones y hechos que nunca debieron haber ocurrido".
Bertolotti, quien hizo esta declaración la víspera en una ceremonia oficial y cuyo contenido se conoció en el sitio de Internet del ejército, no figura en ninguna acusación por violaciones contra los derechos humanos durante la dictadura.
En tanto, la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos por el régimen militar reclamó al presidente Tabaré Vázquez la formación de una "comisión de la verdad" para intentar conocer la historia real de cada víctima, cuyo objetivo apunta a "algo más amplio y participativo".
Un reporte oficial del gobierno indicó que Vázquez recibió en la residencial presidencial a una delegación de la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos, integrada por su presidenta Laura Martirena y por el asesor jurídico Walter de León.
Martirena explicó que esta propuesta de creación de una comisión de la verdad es diferente a la Comisión para la Paz que durante el pasado gobierno de Jorge Batlle investigó, entre agosto de 2000 y mayo de 2003, el destino de al menos una treintena de uruguayos detenidos desaparecidos.
Es decir, se buscará que se investiguen todos los casos de asesinatos y no sólo las desapariciones ocurridas entre 1973 y 1985, que serían menos de la mitad de las víctimas de la represión política del país. La actual comisión de familiares sostiene que tiene una lista de 200 personas asesinadas y otra de 100 a investigar.
Hasta la fecha se ha mencionado que hubo 30 desaparecidos de un total de 180 uruguayos secuestrados y asesinados por las fuerzas de seguridad de las dictaduras, que rigieron varios países del cono sur de América en la década de 1970.
Los militares y policías que afrontan causas judiciales al efecto están amparados por una ley de amnistía que evita sean juzgados. Pero el presidente Vázquez, tras su asunción en marzo, quitó la protección para algunos casos y logró un acuerdo con los militares para iniciar excavaciones a finales de junio en un batallón en busca de restos de desaparecidos.
Las autoridades han hallados huesos en tumbas sin nombres en el cementerio de Tacuarembó, al norte de Montevideo, que corresponden a dos hombres y una mujer, y se investiga si pertenecen a desaparecidos de la represión.
Se analiza, además, extender los plazos acordados ante la falta, hasta ahora, de indicios suficientes.