Sesión pública de la SCJN sobre el controvertido "juicio del siglo" en Yucatán
El ministro Gudiño Pelayo sería quien incline la balanza en el caso Medina Millet
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El ministro Jos�e Jes�di�elayo FOTO Notimex
Foto: Notimex
Los abogados de las partes en el caso de Armando Medina Millet -sentenciado en Yucatán a 20 años de prisión por asesinar a su esposa, Flora Ileana Abraham Mafud- hicieron este martes su "último esfuerzo", para convencer a los cinco ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), e inclinar la balanza en favor de sus representados, pues a decir de los propios ministros, el asunto "se encuentra en el aire".
Fernando Gómez Mont, abogado de Armando Medina, y Alberto Zinser, coadyuvante del Ministerio Público en apoyo a la familia de la víctima, estuvieron presentes ayer en la sede del máximo tribunal para tratar de persuadir a los ministros sobre la validez de sus argumentos.
En este contexto, fuentes judiciales afirmaron que el proyecto de dictamen elaborado por Sergio Valls Hernández plantea conceder un amparo a Medina Millet, quien alega en su defensa que su mujer se suicidó, y se sabe que al menos otro ministro apoya la propuesta.
Los informantes consideraron que otros dos ministros están por negar el amparo solicitado, y se dice que el fiel final de la balanza en la sesión pública de este miércoles sería el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
Por lo pronto, la polémica sobre el caso Medina Millet se incrementó al interior de la sociedad yucateca, de por sí dividida al respecto durante los pasados 10 años.
El fallo que elaborará Sergio Valls provocó un "éxodo" de yucatecos a la capital del país: desde los abogados defensores y familiares de Armando Medina, hasta los representantes de la familia Abraham, una de las más ricas e influyentes de Yucatán.
El 15 de noviembre de 1995, Flora Ileana Abraham fue hallada muerta de un disparo en el pecho. Originalmente se planteó que se habría suicidado, pero el caso dio un giro total y su esposo, Armando Medina, fue acusado de asesinato. En 2000 recibió una sentencia de 20 años de cárcel.
La división de argumentos es hoy la constante en Mérida. El diputado local priísta Jorge Carlos Ramírez Marín afirmó que "la justicia debe imperar en el juicio". Agregó que el caso de Armando Medina Millet ha desgastado a varios segmentos de la sociedad local y, a la fecha, prevalece el desconcierto acerca de su culpabilidad.
"El dictamen debe terminar con la polémica, pero siempre que esté apegado a derecho y a la legalidad, sin presiones de ningún nivel", manifestó el legislador.
De su lado, el PAN, por medio de su líder estatal, Edgar Ramírez Pech, está convencido de la inocencia del reo y sostuvo que Medina Millet permanece en la cárcel por irregularidades en la aplicación de la justicia y el "manipuleo" que hicieron los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) Angel Prieto Méndez, Ricardo Avila Heredia, Mercedes Pérez Fernández, Mygdalia Rodríguez Arcovedo y Ligia Cortés Ortega.
"La oportunidad es histórica para demostrar que la justicia yucateca no estuvo bien aplicada en el juicio de Armando Medina Millet", comentó el dirigente del blanquiazul.
Empero, una fuente bien informada de Acción Nacional que pidió anonimato señaló que panistas influyentes intentan presionar al ministro Sergio Valls para que vote en favor de conceder el amparo al acusado, y que de esta manera pueda quedar en libertad.
Según el informante, uno de los promotores es el gobernador Patricio Patrón Laviada, quien se ha visto envuelto en polémica en cuanto a si es o no amigo del sentenciado, a quien le había prometido buscar su liberación cuando era candidato a la gubernatura por Yucatán.
Pero los medios informativos también juegan. Tanto el Diario de Yucatán como Por Esto -identificados con PAN y PRI, respectivamente- sometieron al escrutinio público los pormenores del llamado "juicio del siglo". El primer rotativo, que siempre ha brindado su apoyo a Medina Millet, desplegó en su edición de hoy diversos artículos de opinión en los cuales se solicita el apego irrestricto a la ley, pero con cuidado de no demostrar abiertamente su apoyo incondicional hacia la persona juzgada.
A su vez, Por Esto pidió el castigo para el "criminal" y, entre otras cosas, exigió que los ministros de la SCJN no se dejen presionar y emitan "un voto racional".