El Poder Judicial analiza una demanda de amparo interpuesta por los afectados
El halconazo aún no es cosa juzgada, asegura Jesús Martín del Campo
Reconoce el ex líder estudiantil que hay reducidas posibilidades de que aquella prospere
La matanza del 10 de junio de 1971 "no es un asunto cerrado" ni puede considerarse cosa juzgada, ya que el Poder Judicial (PJ) aún estudia una demanda de amparo indirecto que interpusieron varios denunciantes del llamado jueves de Corpus, aseguró Jesús Martín del Campo, ex líder estudiantil, quien el día de los hechos violentos sufrió la pérdida de un hermano.
En entrevista con La Jornada, el luchador social refirió que si bien la magistrada del quinto tribunal unitario, Herlinda Velasco Villavicencio, exculpó recientemente al ex presidente Luis Echeverría Alvarez y a su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia -acusados de genocidio-, al negar las órdenes de aprehensión en su contra, de inmediato los denunciantes solicitaron la protección de la justicia federal contra la determinación de la juzgadora.
El recurso de amparo es analizado por otro magistrado federal; en la demanda de garantías Martín del Campo, al igual que sus compañeros, argumentó que con la decisión de exculpar a los responsables de la matanza quedó incumplido el asunto de la reparación del daño causado a las víctimas y ofendidos, quienes se vieron afectados moral, económica y profesionalmente o perdieron algún familiar, durante la represión a estudiantes el día del halconazo.
La demanda de garantías de los quejosos se encuentra desde agosto pasado en manos del magistrado José Angel Mattar Oliva, titular del segundo tribunal unitario del Distrito Federal, aunque de acuerdo con fuentes judiciales, el documento ni siquiera ha sido analizado por alguno de los secretarios proyectistas del órgano jurisdiccional, por lo que el juicio podría prolongarse varios meses antes de se emita la sentencia correspondiente.
Durante la entrevista, Martín del Campo reconoció que "es una posibilidad reducida" el hecho de obtener una resolución en su favor, ya que "la tendencia (de varios juzgadores mexicanos) ha sido favorecer la impunidad" de los implicados en el caso del jueves de Corpus.
Explicó que la demanda de amparo se enfocó en exigir la reparación del daño, pero rechazó que busque obtener un beneficio o indemnización económica por parte de las autoridades responsables de la matanza.
"Estamos reclamando que hay denegación de justicia y, en mi acepción, en mi idea, reparación del daño es que se castigue a los culpables y que se diga que fueron culpables Echeverría y sus cómplices. De ninguna manera la pretensión es económica", puntualizó el actual funcionario del Gobierno del Distrito Federal.
En julio pasado, el quinto tribunal unitario negó las órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en contra de Echeverría y Moya, por considerar que no se les pudo acreditar el delito de genocidio.