Impuestos y Estado
En el mundo desarrollado ha quedado evidenciada la necesidad de corregir el concepto de ''Estado modesto, Estado moderno''. En Estados Unidos, el huracán Katrina ha desnudado el impacto social de una política que privatizó servicios públicos esenciales, que privilegió los objetivos geoestratégicos frente a la atención de inversión pública indispensable para garantizar la seguridad de la población. En Alemania, las elecciones anticipadas parecen conducir a una nueva coalición gobernante que tiene que atender eficientemente el reclamo de de trabajo estable para 5 millones de trabajadores. En España, la discusión presupuestal entre el gobierno central y las autonomías se focaliza en la disyuntiva atención sanitaria vs. aumento de impuestos locales.
En México, nuestro gobierno, buscando construir puentes con planos que son para muros elevados, ha entregado una propuesta presupuestal para 2006 que resulta increíble. El gasto planteado es incluso nominalmente inferior que el de este año, lo que evidencia la reducción de acciones de un gobierno que se pensó como promotor del cambio. La explicación de esta reducción está en que disminuyen los ingresos tributarios, tanto el impuesto sobre la renta como el especial sobre producción y servicios, y se propone exentar de impuestos los intereses provenientes de algunos títulos emitidos por el gobierno federal, lo mismo para los bonos de regulación monetaria que emite Banco de México y, no podían faltar, exentar los intereses de los papeles emitidos por el IPAB. El único aumento planteado se logra al gravar las prestaciones de los trabajadores.
De modo que Fox propone al Congreso volver a discutir la reforma fiscal y en su propuesta presupuestal renuncia a ello. Es claro que la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo y concertada con la dirección del PRI, la que como era obvio traicionó el compromiso, no es posible. Sin embargo, hay aspectos que pudieran avanzarse y que harían más transitable el cambio de gobierno y de filosofía política. Esa oportunidad existe. Pero en lugar de aprovecharla, el gobierno la desecha, fallando de nuevo a su obligación política fundamental. Lo más trascendente, sin embargo, es la tozudez en sostener un planteo que no puede avanzar. Su lealtad al pensamiento único se ha convertido en convencimiento de que hay sólo una manera de instrumentar la necesaria elevación de los ingresos públicos.
Si en los países desarrollados hace falta reforzar la capacidad de acción estatal, lo que puede lograrse dotándolo de mayores recursos, en un país con las carencias del nuestro la necesidad de un Estado fuerte es insoslayable. Un Estado requiere siempre recursos para actuar, para generar los bienes públicos que tiene que ofrecer a la sociedad. Se trata de bienes que exclusivamente proporciona el gobierno. Un ejemplo típico es la seguridad. Es evidente que los gobiernos no pueden cumplir con su responsabilidad de ofrecer seguridad a los habitantes, provocando que se construya un mercado de empresas de seguridad privada. Seguir disminuyendo la capacidad de acción estatal en educación, salud, vivienda y, sobre todo, en la promoción de empleos decentes, implica abandonar la función esencial de mejorar la calidad de vida de la población.
Fox sólo propondrá como reforma fiscal gravar el consumo. Eso no es aceptable para la mayoría del Congreso. Presentar un presupuesto que reconoce que los ingresos tributarios sean menores a 10 por ciento del PIB es escandaloso. En la propuesta que el Banco Mundial le presentó a Fox al comienzo de su mandato, planteó elevar el coeficiente de tributación a producto a 15 por ciento en su tercer año y dos puntos más para el final de su sexenio. En su argumentación se mostraba la inviabilidad a mediano y largo plazos de las finanzas públicas si no se incrementaba la recaudación. Eso persiste. Lo que ha salvado al gobierno ha sido el excepcional incremento de precios del petróleo. Pero ello no resuelve el problema, sólo lo posterga.
Así las cosas, el gobierno foxista ha vuelto a contradecirse. Aunque para ellos el sexenio ha terminado, para la población sigue haciendo falta una administración que se haga cargo de los problemas de fondo del país. Este gobierno no lo ha hecho, ni lo hará en los 15 meses que le restan. Como tampoco lo hicieron los gobiernos priístas. Es tarea que rebasa a los partidos y que se tendría que basar en un pacto social integral que incluyese lo fiscal y que sólo podría convocar un gobierno surgido mayoritariamente del voto popular y que confíe en la gente para conducir la transformación que demanda la nación.