Se incrementará la vulnerabilidad de los ciudadanos ante el sistema judicial

El fallo de la Corte sobre la cadena perpetua viola normas internacionales, alertan ONG

Descartan que represente una solución de fondo a la problemática de la violencia de género

LAURA POY Y MIROSLAVA BREACH REPORTERA Y CORRESPONSAL

Defensores de derechos humanos afirmaron que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite la acumulación de penas de prisión hasta por 105 años no sólo contraviene normas internacionales en materia de derechos humanos suscritas por el Estado mexicano, "también revela las profundas contradicciones en que incurre el Poder Judicial al validar acciones que vulneran el propio espíritu del sistema de justicia en México".

Los activistas destacaron que al permitir las llamadas penas vitalicias o perpetuas, se incurre en "graves contradicciones con el principio de la readaptación social, ya que al establecer sanciones de por vida no existiría la reincorporación del individuo a la vida social ni se cumpliría con un eje rector del sistema penitenciario en el país".

Luisa Pérez Escobedo, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que incrementar las penas de prisión y legalizar la cadena perpetua "no pueden ser utilizadas como acciones para combatir los altos índices de criminalidad, pues se ha comprobado que este tipo de medidas no tiene ningún efecto positivo en torno a la incidencia de los delitos, pero sí incrementa el grado de vulnerabilidad a que se ven expuestos los ciudadanos presuntamente involucrados en un delito ante los evidentes errores en que incurre el sistema judicial".

Al respecto, las organizaciones civiles Justicia Para Nuestras Hijas y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos indicaron que en la actualidad el sistema de procuración y administración de justicia del país no garantiza que quienes están presos en las cárceles sean responsables de los delitos que se les imputan, y en el caso específico de las penas acumulables aprobadas en Chihuahua para los homicidas reincidentes de mujeres, como lo establece el artículo 27 del Código Penal de esa entidad, no representa una solución de fondo a la problemática de la violencia de género y el surgimiento del feminicidio como fenómeno social.

En entrevista por separado, Fabián Sánchez Matus, presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, calificó como "lamentable" la decisión de la SCJN, y afirmó que el máximo tribunal "no está privilegiando la aplicación de la justicia con una visión que integre la defensa de los derechos humanos, pues queda claro la falta de conocimiento y capacitación de los magistrados en la materia".

Agregó que si bien la sanción de cárcel debe aplicarse a quienes cometieron algún ilícito, también "debe garantizarse el derecho a un debido proceso y a la aplicación de sentencias que no sean violatorias de los derechos humanos ni creen condiciones de mayor vulnerabilidad".

Por su parte, Alma Gómez y Luz Estela Castro, de la organización Justicia para Nuestras Hijas, organización que brinda seguimiento a varios casos de jóvenes asesinadas y violadas en Ciudad Juárez y Chihuahua, señalaron que de acuerdo con reglamentos internacionales como el de Tokio, la privación de la libertad no tiene porque tener penas "trascendentes", y que la aplicación de una condena debe ante todo buscar la readaptación social del individuo que ha cometido un delito, "lo que obviamente no puede hacerse por la vía de la penalidad máxima o la condena perpetua", dijo Castro.

La abogada, que coadyuva en varios casos de feminicidio en defensa de los derechos de las familias de las víctimas, hizo hincapié en las deficiencias del sistema de justicia, en donde hay casos -muchos de ellos documentados- en los que se recurre a la fabricación de expedientes y culpables usando métodos como la tortura y la privación de la libertad para obtener confesiones de delitos, y las personas con poder económico y político "difícilmente pisan la cárcel".

Al respecto, el gobernador José Reyes Baeza defendió la decisión de la Corte e indicó que es positivo acumular penas a una persona que ha delinquido de manera reincidente.