Silencio de diputados
La amonestación a Pazos, una migaja de justicia: ONG
La amonestación pública que impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Luis Pazos de la Torre, por haber adquirido con recursos públicos 2 mil 50 ejemplares de un libro de su autoría para regalarlos a clientes y empleados de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), es apenas "una migaja de la impartición de justicia", opinó Pilar Muriedas, directora de Salud Integral para la Mujer (Sipam).
Señaló que han pasado más de cinco meses desde que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que existen suficientes evidencias de que en su calidad de diputado federal, Pazos de la Torre se excedió en sus funciones en 2003, al asignar 30 millones de pesos al Comité Nacional Provida.
Sin embargo, hasta ahora, la Cámara de Diputados, a la que corresponde iniciar un proceso contra el panista, no ha hecho nada. Se suponía, recalcó Muriedas, que los legisladores tenían 45 días para responder, pero a la fecha sólo hay silencio.
Sipam es una de las organizaciones civiles que hace un año denunciaron el manejo irregular de Provida con los 30 millones de pesos que Pazos de la Torre decidió asignarle, supuestamente para crear centros de ayuda a la mujer.
Las agrupaciones feministas y defensores de los derechos sexuales y reproductivos denunciaron la irregularidad en que incurrió Pazos al decidir sobre el uso que se daría a 30 millones de pesos que formaban parte del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud y después difundieron que el dirigente de Provida, Jorge Serrano Limón, había comprado con ese dinero artículos que nada tenían que ver con los centros, como plumas y tangas.
Para Muriedas, "es claro que hay complicidades". De otra manera no se entiende que ante las evidencias presentadas Serrano Limón siga libre y que la Cámara se mantenga sin actuar.
Lo que es cierto, subrayó, es que en México el sistema de justicia no sirve. Con la amonestación, la SFP quiere dar la impresión de que están haciendo bien su trabajo de la transparencia y la impartición de justicia, pero mientras no inicien los juicios contra los personajes mencionados seguirá la impunidad.
Aún más grave resulta que el gobierno federal mantenga intocable a un funcionario sobre el que pesan varias denuncias y pruebas fehacientes de su falta de probidad, subrayó Muriedas.