Conflicto anunciado en el IMSS
El llamado presidencial a crear puentes ha sido ignorado en la institución de seguridad social que atiende a casi 50 millones de mexicanos. Puentes para generar un diálogo responsable que fortalezca la seguridad social y haga sustentable su régimen laboral, incluyendo las pensiones y jubilaciones de sus trabajadores. Puentes que involucren a los distintos sectores en una solución concertada: Congreso de la Unión, gobierno federal, institución y trabajadores. Puentes que superen la irresponsable táctica instrumentada en el último año por la dirección del IMSS, a partir de una guerra declarada al sindicato y su dirigencia.
La reforma a la Ley del IMSS del 11 de agosto de 2004, que modificó fast track los artículos 277 D, 286 K y diversos transitorios, para impedir radicalmente que los recursos del IMSS, incluyendo las cuotas obrero-patronales, se utilizaran en el futuro con el fin de cubrir las pensiones y jubilaciones, se convirtió en un muro para la negociación. Quienes plantearon que esa modificación legal era una solución hoy reconocen que se ha tornado en un obstáculo, entre otras cosas porque el artículo segundo transitorio impide al instituto poner un solo centavo para los futuros trabajadores. ¿Qué negociación puede darse en este contexto?
Un muro adicional ha sido la política de desgaste que ha aplicado la dirección del IMSS, colocando en rehenes a millones de derechohabientes, privándolos de los medios elementales para ser atendidos y dejando de cubrir cerca de 15 mil plazas, en una estrategia inhumana que debió ser atajada a tiempo. El señor director, con todo el poder del Estado, manipula la reforma legal negándose sin explicación alguna a contratar nuevos trabajadores, apuesta al caos, a ver quién se cansa primero, perdiendo de vista que los hombres y mujeres que asisten a las clínicas y centros hospitalarios no tienen responsabilidad alguna en este conflicto y que el modelo laboral que tanto critica fue creado y consentido durante años por el instituto y su consejo técnico, del que forman parte el sector empresarial, las centrales del Congreso del Trabajo, especialmente la Confederación de Trabajadores de México, y el propio gobierno federal. Estos accedieron al actual sistema de prestaciones, sacrificando incrementos salariales, por lo que carece de sentido imputar todos los males de la institución a sus trabajadores.
El conflicto en el IMSS no se reduce a un simple problema jurídico; convendría, sin embargo, que la controversia en este campo se resolviera pronto y en definitiva por nuestra Suprema Corte de Justicia, al pronunciarse sobre la inconstitucionalidad planteada en el amparo promovido por el sindicato. Por el contrario, hasta el momento se ha generado un muro adicional con la sentencia de Silvia Cerón Hernández, juez primera de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, quien decidió el pasado 30 de agosto no resolver el fondo del asunto, pues a su juicio el sindicato carece de interés jurídico al no ser afectado por las modificaciones impugnadas, calificando la reforma legal en los siguientes términos: "no modifica ni extingue las cláusulas del contrato colectivo de trabajo que tiene celebrado con el patrón y menos aún prohíbe o autoriza al instituto para incumplir con las obligaciones adquiridas en términos de dicha convención, sino que su objeto es reiterar que los trabajadores, jubilados y pensionados del instituto que ostenten cualquiera de esas condiciones hasta antes de su entrada en vigor seguirán gozando de los beneficios otorgados por el régimen de pensiones y jubilaciones..."
Tantos muros favorecen el tránsito hacia un callejón sin salida. Una reforma legal que impide la conciliación; un director que interpreta la ley a su manera y se dice impedido a cumplir con sus obligaciones, descalificando a su interlocutor obligado; una juez que dice que no pasa nada, contradiciendo por un lado los argumentos del director del IMSS y por otro difiriendo la controversia jurídica de fondo; un consejo técnico que urge extrañamente al cumplimiento estricto de las reformas aprobadas por el Congreso en agosto pasado (lo cual implicaría no afectar pensiones de activos y jubilados), millones de pacientes convertidos en víctimas, y por último, un sindicato objeto de una campaña de desprestigio que no ha logrado siquiera ser escuchado en sus propuestas. En este contexto se desarrolla la revisión contractual con emplazamiento a huelga con fecha límite del próximo 15 de octubre. No cabe duda de que se avizora un conflicto sin solución; hay pocos puentes y demasiados muros.
Es urgente cancelar la lógica del desgaste y enfrentamiento que hoy envuelve al IMSS; el gobierno debe favorecer una interlocución de buena fe, que proponga soluciones integrales alejando la táctica de ganarle al sindicato la madre de todas las batallas. Los legisladores deben participar activamente en el fortalecimiento de la seguridad social, mediante las reformas legales necesarias. Por lo pronto convendría corregir el error de agosto de 2004, a fin de abrir espacio a una concertación entre el IMSS y su sindicato; a los trabajadores corresponde, por un lado, afrontar unificados el embate institucional, y por el otro, defender su modelo laboral con propuestas sustentables, acordes con los recursos de la institución. Dentro de la propuesta integral del sindicato, el punto clave por lo que se refiere al régimen de jubilaciones y pensiones parece estar en la conciliación entre derechos adquiridos y futuras condiciones de trabajo.
Carece de sentido esperar a que el conflicto estalle para concretar soluciones en una controversia de tan alto contenido social y humano.