Acusa diputado perredista a Eduardo Romero y Francisco Gil Díaz de violar la ley
Denuncia en la PGR contra 2 secretarios de Estado por ceder inmueble a la Iglesia
En el caso del oratorio de San Felipe Neri ''se atropelló el Estado laico'': Inti Muñoz
El diputado federal perredista Inti Muñoz interpuso ayer una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República (PGR) contra los secretarios de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Romero Ramos y Francisco Gil Díaz, respectivamente.
En la querella, ambos funcionarios son acusados por el legislador de incurrir en presuntas irregularidades legales relacionadas con la cesión y entrega del edificio del Antiguo Oratorio de San Felipe Neri el Viejo a la Asociación del Patrimonio Artístico Mexicano, AC.
Constituida recientemente a la sombra del Arzobispado de México y presidida por el cardenal Norberto Rivera Carrera, dicha asociación civil establecerá en ese recinto (ubicado en el Centro Histórico y declarado Monumento Histórico) el Instituto Manuel Toussaint Centro Ecuménico para la Conservación y Promoción del Patrimonio Artístico de inspiración religiosa.
Mal precedente
De acuerdo con lo expuesto en la denuncia, entregada la mañana de este viernes por el legislador en las oficinas de la PGR, Romero Ramos y Gil Díaz incurrieron en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, por ''otorgar indebidamente" el uso de bienes del dominio de la Federación.
También tomaron ''medidas contrarias" a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como la General de Bienes Nacionales'', se agrega.
Dichos servidores públicos federales contravienen además, entre otras leyes, varios artículos de la de Asociaciones Religiosas y Culto Público, como el tercero, en el que se señala que el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna.
''Creemos que se está violentado el Estado laico por lo que hace a la cesión del Oratorio de San Felipe Neri a la Iglesia católica.
''Es un pésimo precedente en la defensa del patrimonio nacional y un atropello contra el Estado laico", señaló el diputado perredista antes de entregar el documento en la PGR.
''No es un asunto contra la Iglesia, sin embargo, consideramos que ésta no tiene facultades para hacer uso de inmuebles federales, patrimonio nacional, que tienen que destinarse exclusivamente para fines públicos."