Autoveto: sabotaje a Pemex
El veto de Fox al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya se esperaba, desde que le informaron que un grupo de senadores del PRI -a solicitud de nuestra fracción parlamentaria- construíamos una alternativa viable que permitiría a la paraestatal salir de su crisis financiera e impediría su privatización, al tiempo que mantendría equilibrada la retribución al fisco y respetaría los recursos que legítimamente le corresponden a los estados por la renta petrolera. Partimos de la premisa de que si permanece la carga fiscal que aún pesa sobre Pemex, aunada a la reducción anual de recursos por la vía del presupuesto, más el peso de una deuda insostenible, se llevaría a la empresa inevitablemente a la quiebra, por lo que concluimos que es insoslayable dotarla de mayores recursos, de manera paulatina, para no generar al Estado una crisis fiscal, con lamentables costos sociales.
En el análisis a la minuta de los diputados -que era la propuesta del Ejecutivo- nos percatamos de que había una trampa, pues el derecho sobre extracción -que clasificaba la producción de los pozos en existente y nueva- no generaba ninguna recaudación; su propósito real era establecer un régimen de transición para propiciar que los particulares participen en la explotación, pagando una menor cantidad de impuestos. Era el esquema boliviano intentado introducir en la Ley Federal de Derechos, en 2002, sin éxito. Además, castigaba a Pemex, al exigirle el pago de un derecho adicional en caso de que no alcanzara la producción comprometida, obligándolo a sobrexplotar los pozos existentes. En consecuencia, decidimos limitar la plataforma de explotación, para salvaguardar el petróleo para las futuras generaciones.
También, identificamos varios conceptos que le permitirían a la Secretaría de Hacienda determinar discrecionalmente los costos e inversiones deducibles del pago de impuestos, orillando a Pemex a enfocarse, en exclusiva, a las actividades extractivas. Lo agresivo de esta propuesta nos llevó a sustituir la división entre costos e inversiones por una sola cuota deducible de ocho dólares por barril de petróleo producido, que se le quedarían a Pemex para cubrir todas sus necesidades, de acuerdo con su plan de negocios 2002-2012. Al mismo tiempo, establecimos una tasa impositiva fija, que le aseguraba una mayor retención de recursos y una justa retribución a la Secretaría de Hacienda. Era evidente la necesidad de fortalecer la fiscalización de Pemex, mediante la participación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tanto para asegurar el buen uso de los recursos como para certificar que parte de ellos se destinaría a la recuperación de reservas probadas, al mantenimiento de la infraestructura y a las actividades que agregaran valor a la producción, como gasolinas y petroquímicos, con lo que nos oponíamos al destino manifiesto de ser monoexportadores y dependientes permanentes de nuestros socios comerciales.
En la minuta de los diputados, adicionalmente se facultaba a la Secretaría de Hacienda para que acordara con los particulares un régimen fiscal especial, por medio de los contratos que éstos firmaran con Pemex, para cada uno de los "proyectos especiales" -alianzas estratégicas para aguas profundas; Chicontepec; contratos de servicios múltiples o de riesgo-, sin pasar por la aprobación del Congreso. Buscaban así cumplir con el compromiso fundamental: Pemex, sólo como administradora de contratos, pero perdiendo en consecuencia la rectoría de la actividad petrolera; mientras que los particulares asumirían el control de los proyectos e inversiones, determinando, además, sus propias ganancias. Esto lo eliminamos en nuestra propuesta.
La amplia aceptación de nuestro proyecto -que desplazó a la minuta de los diputados- generó escozor en el Ejecutivo federal, tanto que elaboró una contrapropuesta, que no fue presentada directamente por él, sino por senadores de nuestra propia fracción y del PRD. Esta nueva versión retomó aspectos de su iniciativa original, algunos de la nuestra -aunque distorsionados-, para ser usados como monedas de cambio, y le adicionó una desmedida asignación de recursos a Pemex, en detrimento de los que le correspondían al erario y, de ahí, a las entidades federativas. "Que los estados asuman su papel de recaudadores", fue el argumento esgrimido.
Nuestra resistencia a esta contrapropuesta poco valió, ante el peso de la mayoría. Triunfó Fox, no obstante que su opción establecía un fuerte deslizamiento en los primeros cuatro años de aplicación, con grandes recursos para Pemex, pero un gran hoyo en las finanzas públicas de hasta 38 mil millones de pesos en 2006, 41 mil millones en 2007, 50 mil millones en 2008 y 61 mil millones de pesos en 2009, año a partir del cual las cantidades seguían creciendo. En nuestra propuesta, Pemex dejaría de aportar al fisco entre 18 mil y 20 mil millones de pesos anuales, en siete años.
Ahora Fox se autoveta, tal vez porque, a pesar de todo, habíamos logrado desechar el derecho sobre extracción y los "proyectos especiales"; incorporar la participación de la ASF; un fondo para desarrollar tecnología; recursos para los municipios donde se extraen los hidrocarburos, así como evitar la sobrexplotación y la entrega a particulares. Quiere el todo o nada: que se apruebe su propuesta original o que se mantenga el régimen fiscal actual, el ya plasmado en el paquete económico de 2006. Cualquiera le seguirá allegando una inmensa cantidad de recursos, como hasta ahora. Juega al gatopardismo, puesto que las dos opciones llevan a Pemex a la quiebra y a la privatización.