No es el momento histórico para discutir beneficios a militares: Michelle Bachelet
Crispación social en Chile por plan de Lagos para beneficiar a torturadores
Se incrementan protestas en la víspera del 32 aniversario del golpe contra Allende
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Imagen hist�a en la que se observan acciones militares realizadas contra civiles en las afueras del Palacio de La Moneda, el 11 de septiembre de 1973 FOTO Tomada de Internet
Foto: Tomada de Internet
Santiago, 10 de septiembre. La iniciativa del presidente de Chile, Ricardo Lagos, de acoger un proyecto de ley de la extrema derecha para liberar tras 10 años de prisión a torturadores y asesinos que actuaron durante la dictadura, ha ensombrecido las relaciones entre el mandatario y el Partido Socialista, amén de provocar un rompimiento con la familia Allende.
En tanto, continúa la ola de incidentes en el país y uno de los más graves se produjo en Iquique, norte de la nación, donde durante más de cinco horas un grupo de estudiantes protagonizó una violenta protesta frente a la Universidad Arturo Prat. El cuerpo de Carabineros dijo haber detenido a seis jóvenes por realizar desórdenes en la vía pública y a otro por atacar a un policía.
El líder estudiantil Paulino Alvarez aseguró que ninguno de los detenidos es estudiante de la universidad, y explicó que la manifestación fue para recordar el 32 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende perpetrado el 11 de septiembre de 1973 y rechazar la transición, así como advertir que tampoco van a aceptar que el gobierno entregue garantía a los militares criminales.
Indicó que la medida en favor de militares golpistas les otorgará nuevos beneficios a quienes mataron a cientos de chilenos. "Ello no es aceptado por los estudiantes de nuestro país y es por eso que protestamos", expresó.
También la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, que hará una marcha hasta el Cementerio General en el norte de Santiago para rendir homenaje al sacrificado presidente Salvador Allende y demás caídos en el golpe, rechazó el proyecto de indulto que "pretende dejar en la impunidad a los violadores de los derechos humanos".
La marcha, a realizarse este domingo, también tendrá la participación de dirigentes políticos y gremiales, así como familiares de las víctimas. La protesta hará una parada al pasar por un costado del Palacio de La Moneda para depositar una ofrenda floral en la Plaza de la Constitución, donde se alza un monumento a Allende.
Uno de los signos del rompimiento de la sociedad con el gobierno fue la escasa concurrencia a la ya tradicional misa en recuerdo de Allende, efectuada el viernes en la capilla del Palacio de La Moneda. A la ceremonia religiosa únicamente llegó cerca de una treintena de personas, y entre éstos ningún dirigente del PS.
Además, en representación de Lagos sólo estuvo el ministro secretario general de Gobierno, Osvaldo Puccio, quien restó importancia a las ausencias y las atribuyó, por lo menos en el caso de la viuda de Allende, Hortensia Bussi, a una fuerte lluvia que cayó sobre Santiago.
La diputada Isabel Allende, hija de Salvador Allende, dijo que no asistió porque no conocía "el tenor" de la liturgia y descarto un quiebre con Lagos.
Pero el malestar en la centro-izquierda oficialista tuvo eco en la candidata presidencial socialista Michelle Bachelet, quien desde Buenos Aires indicó que "no es el momento político para discutir el otorgamiento de beneficios para militares condenados por violaciones a los derechos humanos".
"Cualquier discusión sobre la justicia es importante llevarla a cabo con profundidad. Es por eso que me parece que esta no es la oportunidad para iniciar una iniciativa de esta naturaleza", sostuvo la favorita en todas las encuestas.
La doctora Bachelet agregó que en época electoral no es conveniente crear este tipo de polémicas, ya que el efecto podría ser "extremadamente negativo. Lo que se va a producir es generar mayores heridas y divisiones en nuestro país", indicó.
Bachelet insistió, al tomar distancia del presidente Lagos, en que "podemos discutir sobre el tema de la justicia, podemos discutir sobre la clemencia en los casos que pueda corresponder, pero creo que en otro momento histórico político se deberá discutir esto".
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos respaldó a Bachelet, y la vicepresidenta del organismo, Mireya García, coincidió en que no es el momento de proclamar leyes que beneficien a violadores de los derechos humanos.
"Me alegro que Michelle Bachelet haya dicho claramente que no estaba de acuerdo con entregar beneficios a quienes están procesados o condenados por crímenes contra la humanidad", señaló.