La entidad cuenta con una estricta legislación que acota los excesos electorales

Campañas breves y austeras ponen a prueba a candidatos en Coahuila

Los abanderados a la gubernatura sólo disponen de 47 días para actos proselitistas, tienen limitaciones para colocar propaganda y el órgano electoral contrata los espots

LEOPOLDO RAMOS CORRESPONSAL

Saltillo, Coah., 11 de septiembre. Con sólo 47 días para hacer campaña, con limitaciones para colocar propaganda en espacios públicos -restringieron hasta los postes- y con escasos recursos para promoverse por radio y televisión -porque el tope de gasto de campaña es de 8 millones de pesos-, los cinco candidatos a la gubernatura de Coahuila no han podido encender sus respectivas campañas a dos semanas de los comicios.

A diferencia de lo que ocurre a nivel federal -donde no hay regulación para las precampañas- y del dispendio de las contiendas electorales en otros estados, aquí la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Coahuila (Lippe) no sólo ordena que las campañas sean austeras, sino cortas.

Por acuerdo del consejo general del Instituto Electoral de la entidad, el tope de gastos de campaña de los aspirantes al gobierno de Coahuila es de 8 millones 516 mil 18 pesos, la mitad de los recursos que se autorizaron para la última campaña electoral de gobernador, en 1999, cuando resultó electo Enrique Martínez.

La austeridad y brevedad de las campañas que caracterizan al estado no sólo atañe a los aspirantes a la gubernatura -quienes tuvieron 23 días para promover sus aspiraciones y, una vez abanderados, 47 para proselitismo-, sino también a quienes buscan una presidencia municipal o una diputación.

Los candidatos de municipios con más de 70 mil electores -en este caso Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras-, así como los aspirantes a diputados locales, cuentan con 33 días para promoverse, mientras los aspirantes a ediles de municipios donde hay entre 20 mil y 70 mil electores cuenta con un plazo de 19 días. La Lippe indica que en aquellos municipios con menos de 20 mil electores las campañas no durarán más de nueve días.

La legislación electoral, vigente desde 2001, prohíbe la instalación de pasacalles y limita el uso de postes -donde habitualmente se colocaban pendones de plástico, que después de los comicios sumaban toneladas de basura- a los que se ubican en parques y jardines públicos.

Pero además los candidatos tuvieron que contratar los espacios publicitarios en radio y televisión a través de la Dirección de Comunicación Social del Instituto Electoral. Si bien es cierto que el gobernador Enrique Martínez ha dicho que estas medidas son positivas, pues los coahuilenses "ya estaban fastidiados de que en cada proceso electoral las calles de las ciudades se tapizaran de propaganda", los partidos políticos se quejan del escaso margen que tienen tiempo y recursos para enviar su mensaje a los electores. La respuesta del mandatario es: "ya no sólo los ricos pueden aspirar a un cargo de elección popular".

Otra de las novedades que tiene este proceso es que quienes resulten electos alcaldes permanecerán en el cargo cuatro años; en el resto del país el puesto se ejerce por un trienio.

Esta medida se adoptó ante el rechazo del Congreso de la Unión a permitir la relección de alcaldes y legisladores, y ante la supuesta necesidad de los ediles de contar con tiempo suficiente para desempeñarse con eficiencia en sus cargos.

Aunque se movieron, sí saldrán en la foto

Otra novedad de este proceso electoral es el hecho de que, antes de su registro como precandidatos a los cargos de elección popular en disputa, ninguno de los aspirantes pudo promoverse ni anticipar su interés electoral. El artículo 107 de la Lippe, conocida aquí como ley mordaza, amaga con negar el registro como candidatos a quienes se promocionen antes del periodo oficial de precampañas.

Justo sobre este último tema, la Iglesia católica, el PRD y los diferentes organismos de la sociedad civil, como Alianza Cívica, han acusado al Instituto Electoral de favorecer las aspiraciones de los abanderados del PRI y del PAN a la gubernatura, quienes mucho antes de haber iniciado el proceso electoral "hicieron público y notorio su interés electoral", recordó el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.

El religioso consideró que al negarse a investigar las denuncias sobre violaciones al artículo 107 de la Lippe en contra de Humberto Moreira y Jorge Zermeño, el Instituto Electoral "se echó encima la falta de credibilidad al violar una ley", y su decisión contribuirá a la falta de interés ciudadana por acudir a las urnas.

Por lo pronto, los partidos políticos, sus candidatos y las autoridades electorales apuestan a que la vigencia de la novedosa legislación electoral no contribuya al abstencionismo y más bien el poco tiempo y la limitación de recursos de los candidatos estimulen a los electores a salir a votar.

El domingo 25 de septiembre un millón 664 mil 223 coahuilenses con credencial de elector podrán acudir a las urnas que se instalarán en 3 mil 5 casillas, de las cuales 2 mil 395 estarán en zonas urbanas, 389 en sectores rurales y 221 serán mixtas. Por primera vez en la historia política de Coahuila, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana instalará 31 urnas electrónicas en Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras.

Además de poder elegir nuevo gobernador del estado, los coahuilenses renovarán los 38 ayuntamientos, así como el Poder Legislativo local integrado por 20 diputados de mayoría y 15 de representación proporcional.