Felipe Arreaga: justicia en espera
El juez de primera instancia en materia penal de Zihuatanejo, Guerrero, emitirá en los próximos días la sentencia en torno a la acusación por homicidio que mantiene privado de la libertad al ecologista Felipe Arreaga Sánchez. Por ello plantearé un alegato que no pasa por los cánones procesales del derecho nacional, pero que si nos asomamos al derecho internacional podría asumirse como un amicus curiae.
En primer lugar quisiera recordar que el procesado es integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP); que lleva siete años trabajando en defensa del bosque, y que ya con anterioridad dos de sus líderes, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, fueron encarcelados, procesados y, por la enorme presión internacional que recibió el gobierno federal, liberados en 2001, sin que jamás se haya declarado su inocencia.
La defensa de los bosques es una causa que debería interesarnos a todos y a todas, no sólo por el derecho a un medio ambiente sano, sino porque la deforestación forma parte de la cadena de atropellos que están devastando la naturaleza a escala mundial. No exagero al decir que estos campesinos ecologistas, como muchos otros, luchan por nuestra sobrevivencia, y a cambio son víctimas de la penalización de la lucha social.
La sentencia vendrá en un ambiente en el cual ciertamente preocupan las declaraciones emitidas por el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, cuestionando a los organismos no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, incluida la consideración que Amnistía Internacional ha hecho al ubicar a Arreaga como preso de conciencia. Recordemos la confrontación que tuvo el ex presidente Ernesto Zedillo con este organismo. Estas posturas se convierten en mensaje para el juez de la causa, quien tendrá que mostrar su independencia... si la tiene, porque, como diría Perogrullo, "si no, no".
Llama también la atención que el "perredista" Zeferino Torreblanca hable de "corresponsabilidad" tratándose de la administración de justicia, y ello en un régimen de clara definición de la facultad exclusiva del Estado en esa materia. Pero no sólo eso, también cuestiona a quienes según él "no quieren que se toque ni un árbol".¿Cuál socioambientalismo con esa estrecha mira?
Si el juez escuchara mis argumentos consideraría "que mi alegato no obra en autos y no se refiere a la litis" y, peor aún, que no tiene ninguna obligación de escucharme ni considerar siquiera lo que estoy planteando. Sin embargo proseguiré, porque soy partidaria del estado de derecho en un sentido más amplio que la mera visión codiguera.
Habermas ha reflexionado junto con muchos otros sobre la crisis del derecho, y nos propone considerar que no hay derecho sólo con validez, sino que se requiere sumar la legitimidad. Y viene al caso que comentamos porque el juez, si no obra por consigna, encontrará en el expediente 82/20040-1 suficientes elementos aportados por la defensa de Arreaga, que realiza el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan: se corroboró la fabricación de los cargos por el cacique maderero Bernardino Bautista Valle y la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, encontrando varias irregularidades, entre ellas que las órdenes de aprehensión fueron libradas seis años después de las denuncias.
Además los testigos declararon dos años después de haber transcurrido los supuestos hechos delictivos; los dictámenes periciales en materia química, balística y criminalística de campo igualmente se realizaron después de dos años, lo cual cuestiona a fondo la veracidad de los estudios. La inspección ocular en el lugar de los hechos no fue efectuada por el Ministerio Público de Petatlán en junio de 1998, sino en septiembre del año 2000.
También se demostró que Felipe se encontraba en otro lugar en el momento en que ocurrieron los hechos que se le imputan. Un testigo de cargo manifestó que acusó a Felipe bajo presiones y amenazas del cacique local. Uno de los acusados murió dos años antes de cometerse el delito y hay elementos para considerar que el móvil del homicidio tiene un contexto de venganza, pues Bernardino Bautista mantuvo una relación amorosa con una mujer casada, hipótesis que no se investigó pese a que dos testigos la abordaron, explicando que el occiso Abel Bautista fue confundido con su padre.
Ahora bien, regresando a la legitimidad, no se puede ignorar que el encono y la persecución contra los ecologistas de la OCESP están motivados por la afectación que su lucha provoca a los intereses caciquiles dedicados al tráfico de madera. Tampoco puede ocultarse la influencia que el dinero y los vínculos políticos han mantenido en la administración de justicia, cuya superación es una de las asignaturas pendientes en nuestro país. El juez tiene la palabra.