SNTE, PRI y política
Este fin de semana, grupos de dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) increparon a Roberto Madrazo en Guanajuato y San Luis Potosí. Protestaban porque se impidió la llegada de Elba Esther Gordillo a la presidencia del Partido Revolucionario Institu-cional (PRI).
Los manifestantes tienen en común dos características. La primera es que, en su mayoría, son comisionados sindicales, es decir, han sido liberados de su responsabilidad al frente del salón de clases y se dedican de tiempo completo a "representar" a los maestros; la segunda es que pertenecen a secciones del gremio que actúan en estados con gobernadores panistas.
Rara vez el sindicalismo magisterial ha disfrutado de buena fama. Este sexenio no ha sido la excepción. Durante las últimas dos semanas su nivel de perversión y desnaturalización ha quedado al desnudo. La disputa entre Gordillo y Madrazo por la conducción del PRI ha permitido mostrarlo de cuerpo entero. Las expresiones de descontento en Guanajuato y San Luis Potosí son muestras de ello.
La dirección del SNTE ha amenazado con usar su fuerza gremial para defender los intereses no de sus agremiados, sino de su jefa. Presionan no para mejorar las condiciones salariales o de trabajo de sus afiliados, sino para apuntalar la posición política de su líder. Al hacerlo hablan a nombre de todo el magisterio nacional y no sólo de los profesores priístas; usurpan su representación y su voluntad.
Los maestros de base pueden o no pertenecer al PRI, pero la dirección sindical no tiene derecho a hacer política dentro de ese partido ni a favor de él. Los trabajadores de la educación no escogen libremente ser parte del SNTE. Son afiliados obligatoriamente a sus filas, lo quieran o no, para poder laborar en la Secretaría de Educación Pública (SEP) o en las agencias educativas de los estados. El sindicato es una cárcel de la que no pueden escapar. Salvo unas cuantas excepciones, como las existentes en Veracruz, no pueden afiliarse a otro organismo gremial.
Su promoción laboral depende, con frecuencia, no de sus méritos académicos, sino de su compromiso con la mafia sindical. Directores de escuela e inspectores son personal sindicalizado. Ellos vigilan no únicamente la práctica profesional, sino también el comportamiento gremial. En los más altos puestos del sistema educativo nacional hay funcionarios que deben su posición a su lealtad con el sindicato. En su desempeño privilegian los compromisos políticos por sobre los criterios pedagógicos. Además, su poder ha rebasado el ámbito estrictamente educativo.
Este modelo de relación entre partido, gobierno y sindicato tiene una larga historia detrás. Jesús Saravia y Ordoñez -uno de los líderes históricos del sindicalismo corrupto, cercano colaborador de Elba Esther Gordillo- lo explicaba así: "si antes de esa fecha teníamos un solo diputado federal, la acción del sindicato en esa participación política se vigoriza por la dirección de Carlos Jonguitud Barrios, y después de 1972 llegamos a nueve diputados federales, ahora a 15 diputados federales, senadores de la República, gobernadores de estado y participación en el gabinete del Presidente de la República; diputados locales, presidentes y regidores municipales..." En la actualidad el SNTE cuenta con 22 diputados priístas.
Según Ramón Martínez Martín, líder del gremio entre 1980 y 1983, esta "natural" inclinación por la política partidaria y los puestos de representación popular de los dirigentes sindicales era resultado de que "en este sindicato hay demasiado gallos para tan poco gallinero".
Como el león cree que todos son de su condición, el rechazo de miles de maestros de base a dejarse manipular por los dirigentes sindicales ha sido "explicado" por los capos como producto del padrinazgo a la disidencia de políticos resentidos con la fuerza del SNTE. Cuando en 1979 se fundó en Chiapas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los líderes charros acusaron al entonces gobernador de la entidad, Juan Sabines, de financiarla. Desde ese día, cada vez que ha habido una movilización democrática, la mafia ha responsabilizado a algún gobernador de estar detrás de ella. "¡Hijos de Reyes Heroles!", gritaron los dirigentes oficialistas a los delegados democráticos durante el 13 Congreso Nacional Ordinario de SNTE, a pesar de que el secretario de Educación había sido particularmente intolerante con la Coordinadora. La propia Elba repitió la misma cantaleta cuando el pasado 30 de agosto un grupo de mentores que se oponen a su cacicazgo pintarrajearon los muros del edificio donde vive.
En marzo de 1981, el cacique sindical Carlos Jonguitud explicó a un grupo de maestros democráticos de Chiapas su teoría de la conspiración gubernamental contra el SNTE. "Se desenterró -les dijo- de lo más profundo del fango un brillante de muchos kilates, enorme, y con mucho trabajo, con mucho entusiasmo, lo pulimos, lo limpiamos, lo dejamos bonito y luego lo presentamos al mundo entero. Pero lo enseñamos antes de tiempo. Se asustaron. De allí vienen ustedes."
El actual chantaje de los capos sindicales no se limita a las cúpulas del PRI, sino también a los gobernadores de ese partido que no se alinean con la maestra. Los dirigentes seccionales amenazan con movilizar a sus incondicionales para apoyar a Elba Esther.
Lo cierto es que estas presiones tienen pocas posibilidades de hacerse realidad en todo el país, aunque pueden materializarse en lugares muy localizados. Los líderes seccionales necesitan a los gobernadores para hacer carrera política. Los ejecutivos locales tienen muchas herramientas a su disposición para incubar disidencias locales que desafíen el control de los pequeños gángsters en su territorio. Cuando llegue el momento de definir su lealtad entre la maestra y el mandatario estatal -inevitable si es expulsada de las filas del PRI-, muchos la traicionarán irremediablemente, tal como ella hizo en 1989 con el profesor y licenciado Carlos Jonguitud.