Soberanía etílica
Al paso que va la política agroalimentaria del gobierno federal, la única soberanía que nos va a quedar es la etílica. No sólo somos autosuficientes en la producción de la cerveza y del destilado del agave azul, sino que constituyen la primera y la tercera de nuestras exportaciones agroalimentarias. Junto con el tomate, representaron más de la cuarta parte de lo que el sector vendió al extranjero en el periodo 2002-2003.
Exportamos estos dos productos que para una gran mayoría no son básicos ni estratégicos. No nos imaginamos a los marines invadiéndonos para asegurar a su país el suministro tequilero. Pero lo que importamos es, crecientemente, la base de nuestra alimentación: cereales, carne, leche, hasta en 39 por ciento del consumo nacional, como señalan varias organizaciones campesinas.
La cerveza y el tequila son producidos por un puñado de empresas, casi todas trasnacionalizadas. El tomate y las principales hortalizas se concentran en no más de 100 mil productores, altamente capitalizados y tecnificados. Ellos son quienes ganan con el modelo agroexportador. Pierden los millones de campesinos y agricultores pequeños y medianos, productores de granos básicos.
Lo peor de este modelo de agricultura es la terquedad para seguirlo defendiendo e imponiendo. El presidente Vicente Fox y el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Javier Usabiaga, no quitan el dedo del renglón: todas sus políticas van hacia allá. La más reciente: las reducciones al sector agropecuario en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006, apenas presentado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. A la Sagarpa el Ejecutivo federal pretende disminuirle 17.8 por ciento su gasto programable, a la Secretaría de la Reforma Agraria, 24.4 por ciento.
Los últimos tres años ésta ha sido la tónica del foxismo: reducir los recursos económicos destinados al sector agropecuario. Sólo los combates de las organizaciones campesinas desde 2002 y el contrapeso efectivo de los diputados atajaron las reducciones y operaron importantes aumentos a lo pretendido por el Ejecutivo. Para 2005, el Legislativo logró un incremento de 21 mil millones de pesos hasta llegar casi a 146 mil millones al Programa Especial Concurrente del Sector Rural.
Fox, Usabiaga y el titular de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se vengaron del Legislativo. Primero, por efecto de la controversia constitucional promovida por ellos ante la Suprema Corte, se congelaron más de 9 mil millones de pesos. Luego, a finales de julio, Hacienda operó un recorte al gasto para reducir el costo de la deuda pública externa. El recorte implicó una nueva reducción de 8 mil 781 millones de pesos al presupuesto rural. Hay que agregar a esto un subejercicio de más de 6 mil millones de pesos a junio de este año.
En los Criterios Generales de Política Económica y en sus mensajes televisivos la Presidencia defiende su proyecto de presupuesto, diciendo que se incrementa en salud y en combate a la pobreza, entre otros. Pero si al mismo tiempo se reduce la inversión productiva en el sector rural, queda muy claro que lo buscado por la administración foxista es aliviar la pobreza, no atacar sus causas profundas. El enfoque ante la pobreza rural es asistencialista y de ninguna manera de desarrollo y de fortalecimiento de capacidades de los actores del medio rural.
Basten para ello los ejemplos de los programas afectados por el recorte de julio: apoyo a productores, programas de pesca y acuacultura, investigación y educación agrícolas, programas de desarrollo rural de la Alianza para el Campo. Los programas de Ingreso-Objetivo que tienden a que se paguen precios menos injustos a los productores se reducen 13 por ciento. Todos son programas destinados a fortalecer la capacidad productiva de los agricultores, pero se prefiere dar despensas y migajas, porque para Fox y los suyos los campesinos no tienen capacidad más que para producir divisas yéndose al otro lado.
El gobierno del cambio no quiso cambiar nada en agricultura. Los avances que ha habido hasta ahora han sido arrancados por la constante y tesonera movilización de las organizaciones campesinas desde el primer año del foxismo. Para los ricos productores de ajo y hortalizas del Bajío el mejor modelo de agricultura, aunque el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo diga lo contrario, es el de la total y rápida apertura al imperio de los agronegocios, como estableció Salinas. No importa que se lleve entre las patas a 5 millones de familias campesinas. No importa que se termine con nuestra soberanía alimentaria. Al fin y al cabo siempre habrá tequila y cerveza para celebrar.