No ha procedido conforme a acuerdos internacionales respecto del pasado, señala
Fox, responsable por omisión en violación a derechos humanos: Amnistía Internacional
ALMA E. MUÑOZ, ROSA E. VARGAS, AGUSTIN SALGADO Y DAVID CARRIZALES REPORTEROS Y CORRESPONSAL
Organizaciones defensoras de las garantías individuales cuestionaron que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) insista en consignar los expedientes por delitos de genocidio cuando en México es difícil obtener sentencias por esta vía. Carlos Mario Gómez, director de Amnistía Internacional México, consideró que el presidente Vicente Fox terminará su mandato con un grado de responsabilidad por omisión, al no actuar conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
En medio de cuestionamientos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez por posibles pactos del Estado con la Secretaría de la Defensa Nacional y el ex presidente Luis Echeverría para no fincar responsabilidades sobre los hechos de 1968 y de 1971, el vocero de la Presidencia, Rubén Aguilar, rechazó que la Femospp desaparezca, porque aún tiene pendiente concluir sus investigaciones sobre los desaparecidos políticos durante la llamada guerra sucia.
Por separado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, estableció que es necesario "revisar a detalle" la actuación de los fuerzas castrenses durante esa época, ya que la llamada "ley de obediencia" que caracteriza a los militares y la norma de cumplir las órdenes de los mandos superiores, bajo cualquier circunstancia, "tiene sus límites", sobre todo en delitos de lesa humanidad. Indicó que más allá de exonerar o culpar a las instituciones se debe investigar "a fondo" la responsabilidad de los servidores públicos.
En Monterrey, Tomás Pérez Alvarez, integrante de los comités de lucha de los movimientos estudiantiles de aquellos años, señaló que con los criterios y resoluciones adoptados en el pasado por jueces y magistrados sobre los hechos de represión y guerra sucia, "hasta Hitler sería declarado inocente del holocausto de los judíos".
Mencionó que si el Ejército como institución fue engañado por el ex presidente Luis Echeverría, él también se consideró traicionado y utilizado para los fines maquiavélicos del ex mandatario.
Fabián Sánchez Matus y Luisa Pérez Escobedo, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y del Pro Juárez, respectivamente, insistieron en la falta de voluntad política para alcanzar la verdad y la justicia. Además, acusaron al fiscal Ignacio Carrillo Prieto de actuar de manera imparcial respecto a los militares.
Evidentemente, coincidieron, no hay confianza en el gobierno, pero la apuesta es fortalecer la fiscalía, no buscar su desaparición. Carlos Mario Gómez dijo que como organismo lamentan las decisiones que han tomado los jueces "porque no han asumido una posición acorde con los tratados internacionales", además de que es necesario revisar la estrategia de la fiscalía en términos de consignar por el delito de genocidio cuando en México es más fácil resolver por desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales.
"Hemos notado como tendencia que no hay mayor compromiso, inclusive a escala del gobierno federal, por esclarecer los hechos de violación a derechos humanos en el pasado. El presidente Fox dijo que en México no había violaciones a las garantías individuales y el secretario (de Gobernación) Carlos Abascal apuntó que el mandatario tenía las manos limpias. La Constitución establece que los funcionarios de Estado son responsables por acción directa u omisión. No estamos diciendo que sean responsables de lo ocurrido en el pasado, pero sí en el sentido de que su obligación es impartir justicia para las víctimas. Entonces, mientras no haya una acción más decidida del Estado hay un grado de responsabilidad del gobierno federal."
Compromiso presidencial
Al comentar la consignación del expediente sobre el 2 de octubre de 1968, realizada la víspera por el fiscal Carrillo, Rubén Aguilar dijo que la aplicación de la justicia y del estado de derecho nunca pueden generar un clima de tensión política. Insistió en el compromiso presidencial "con la verdad histórica y con la justicia'', y particularmente con los hechos en Tlatelolco (1968), el 10 de junio de 1971 y los mexicanos desaparecidos en la guerra sucia.