Bernal pedía indagatoria; la PGR ofreció protección

Cárdenas Guillén había amenazado al visitador

Las cárceles son cajas chicas de gobiernos, denunciaba

VICTOR BALLINAS

Hace 12 días el tercer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Antonio Bernal Guerrero, fue amenazado por el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén. No fue la primera vez que era blanco de intimidaciones, ya que estaba al frente del Programa de Centros Penitenciarios del país. El funcionario dio parte a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigara esa "amenaza directa", pero la dependencia le ofreció a cambio protección para él y sus colaboradores.

Ayer Bernal Guerrero falleció al desplomarse el helicóptero en que viajaba acompañado del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Ramón Martín Huerta, y otras siete personas, al dirigirse al penal de máxima seguridad La Palma en Almoloya, estado de México.

La amenaza era contra Bernal Guerrero, el ombudsman nacional, los visitadores adjuntos y el director de Quejas y Supervisión del Programa Penitenciario, y salió justo de la cárcel a la que ayer se dirigía la comitiva.

Al enterarse la CNDH de la desaparición del helicóptero en que viajaba Bernal Guerrero, hizo pública la carta que apenas un día antes dirigió al subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SSP, Miguel Angel Yunes Linares, aunque antes el tema fue conversado con el gobierno federal -PGR y SSP-; incluso existen actas circunstanciadas, dio cuenta el propio órgano de defensa de derechos.

Bernal Guerrero asumió la tercera visitaduría general en enero de 2000, recién llegado José Luis Soberanes Fernández a la presidencia del organismo. Debido a su desempeño, el primero fue ratificado en el cargo, una vez que el ombudsman fue relecto para otro periodo de cinco años.

Desde el primer Informe especial sobre la situación del sistema penitenciario mexicano, presentado en enero de 2001, Bernal Guerrero fue crítico de la situación prevaleciente en los penales:

"Con la estructura de mafias, grupos de presos gobiernan de manera ilegítima en la mayoría de las cárceles del país a través de los denominados autogobiernos -grupos de poder, constituidos por presos adinerados-. Mediante la fuerza, y con la tolerancia y complicidad de autoridades carcelarias, internos y custodios deciden y someten a los reclusos a todo tipo de cobros -por el pase de lista, asignación de dormitorios, caminatas, visita conyugal, posesión de aparatos electrónicos- y mantienen el control de las redes de venta de drogas, armas y prostitución".

Imputó culpas a alcaides

El 9 de septiembre de 2004, cuando presentó el tercer Informe sobre la situación de los penales estatales y municipales, Bernal Guerrero denunció que "desde el interior de las cárceles operan amplias redes del crimen organizado, en la cual lo mismo participan directores de penales y funcionarios menores".

Agregó: "Si las cárceles fueran evaluadas en una escala de uno a 10, merecerían dos de calificación". Una vez más reprochó la desatención de todos los órdenes de gobierno a esos informes, y expuso: "El narcotráfico y bandas organizadas corrompen a directores y funcionarios de penales para que desde el interior sigan operando delitos como secuestro y comercio de drogas y enervantes".

También describió las condiciones del sistema penitenciario: "En casi todas las cárceles se violan los derechos humanos. Persisten segregación, castigos inhumanos, golpes, violaciones sexuales, comercio sexual y venta de todo tipo de droga (mariguana, pastillas, cocaína y alcohol).

"La corrupción de servidores públicos y funcionarios del sistema penitenciario es a todos los niveles, y eso explica la existencia en el interior de las cárceles de redes de prostitución de hombres y mujeres, de armas de todo tipo, de teléfonos celulares y satelitales, de narcóticos de todo tipo y alcohol de cualquier marca, así como vestuario lujoso, joyas, cantinas, cámaras fotográficas, gimnasios, aparatos electrónicos y electrodomésticos.

"Existe en la mayoría de cárceles sobrepoblación, que en algunos casos llega a mil por ciento, y en otros es de 500, 200 o ciento por ciento. Hay toda clase de privilegios para los delincuentes con recursos, quienes poseen hasta tres celdas, mientras que otros se aglomeran en pequeños cuartos en los que duermen entre 15 y 30 presos."

En varias entrevistas con La Jornada, Bernal Guerrero había declarado que "las cárceles son las cajas chicas de los gobiernos estatales y municipales", y después del último informe que presentó en septiembre de 2004, aseveró que "pese a las recomendaciones que ha emitido la CNDH por las violaciones a los derechos y las irregularidades detectadas, no hay mejoras en los penales, las autoridades de las entidades simulan que las cumplen y no quieren acabar con la corrupción".

En esa fecha expresó que los gobiernos estatales, municipales y federal "no quieren entrarle" a erradicar la corrupción en las prisiones por el dinero que hay de por medio y la falta de voluntad política.

Bernal Guerrero tenía 42 años de edad. Antes de llegar a la CNDH se desempeñó como coordinador de educación de Naucalpan, secretario arbitral de la Procuraduría Federal del Consumidor, agente del Ministerio Público de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, defensor público federal, director general de la Defensoría de Oficio en el fuero federal y titular del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación. Desde 2000 ocupaba la tercera visitaduría general del ombudsman.

Por la noche, en un comunicado de prensa la CNDH reiteró que Bernal Guerrero había recibido amenazas de muerte y que ayer iba a realizar a La Palma "una visita para verificar que estuvieran a salvo las garantías fundamentales de los reclusos y que no gozaran de ningún privilegio, pero tampoco tuvieran menos de lo establecido en las leyes".