Juez federal determina que lo ocurrido en Tlatelolco no fue un acto genocida
Nuevo fracaso de la Femospp en su intento de encarcelar a Echeverría
Versiones de que el titular de la fiscalía presentará hoy su renuncia a esa institución
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) fracasó ayer, por tercera ocasión, en su intento de llevar a prisión al ex presidente Luis Echeverría Alvarez, acusado de ser uno de los artífices de la matanza del 2 de octubre de 1968, ya que un juez federal determinó que esos hechos no fueron un acto de genocidio.
La resolución judicial también favoreció al ex procurador de la República Julio Sánchez Vargas; a los generales Luis Gutiérrez Oropeza, ex jefe del Estado Mayor Presidencial; Raúl Mendiolea Cerecero, ex subjefe de la Policía Judicial Federal, y Javier Vázquez Félix, quien se encargó de recoger los cadáveres en Tlatelolco; así como a Salvador del Toro Rosales, ex agente del Ministerio Público, y a los ex titulares de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Luis de la Barreda Moreno, y Miguel Nazar Haro, a quienes se les imputó el mismo delito.
En el caso de estos siete ex funcionarios y militares, el juez Ranulfo Castillo Mendoza determinó que el plazo para castigar el presunto genocidio prescribió el 2 de octubre de 1998, es decir, 30 años después de ocurrida la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
Sobre la desaparición forzada de Héctor Jaramillo, ex estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) -detenido en enero de 1968 presuntamente por orden del entonces secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán-, el juzgador consideró que si bien quedó acreditada su desaparición, ninguno de los acusados por la Femospp fueron responsables de la misma.
La fiscalía sólo responsabilizó de la privación ilegal de la libertad de Jaramillo a Echeverría, De la Barreda y Nazar, pero el impartidor de justicia llegó a la conclusión de que en el expediente de la causa penal 78/2005 no existe indicio alguno que llevara a considerarlos probables responsables de ese acto ilícito, cuyo plazo de prescripción comienza a correr cuando aparece la víctima viva o muerta.
Después de tres días de estudio, y luego de recibir presiones de parte de funcionarios de la Femospp, que incluso le pusieron una queja judicial por demorarse más de 24 horas en el análisis de un expediente de más de 34 mil fojas, que constan en 36 tomos, Castillo Mendoza, juez decimoquinto de distrito en materia penal, cerró parcialmente uno de los capítulos más dolorosos de la historia de México, al concluir que la matanza ocurrida hace 37 años de ninguna manera fue un acto genocida.
A partir de este jueves, la autoridad ministerial cuenta con tres días hábiles -que vencen el próximo lunes- para inconformarse con la resolución del juzgador e interponer un recurso de revisión que correspondería resolver en definitiva a un tribunal unitario.
Funcionarios judiciales y abogados penalistas consultados por La Jornada explicaron que si se recurre de la sentencia, la Femospp ya no tendría posibilidades de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso, debido a que el asunto del llamado jueves de Corpus dejó precedente sobre el delito de genocidio.
La resolución del juez Castillo se dio en medio de diversas versiones surgidas en círculos oficiales, respecto a que el fiscal Ignacio Carrillo Prieto dará hoy una conferencia de prensa en la que expondrá su versión sobre los hechos del 2 de octubre y anunciaría su renuncia a la Femospp.
El fiscal Ignacio Carrillo es investigado por la Contraloría Interna de la Procuraduría General de la República (PGR) por la presunta malversación de los fondos públicos de la Femospp en que ha incurrido durante su gestión. Esa fiscalía fue creada en enero de 2001 por determinación presidencial.
El juez Ranulfo Castillo firmó su resolución a las 22:00 horas de ayer. La espera de la sentencia para agentes del Ministerio Público, reporteros y abogados defensores comenzó desde la tarde del pasado lunes, cuando Carrillo Prieto entregó personalmente el pliego de consignación y la solicitud de órdenes de aprehensión.
Ayer, cerca de la medianoche, el abogado Heraclio Bonilla, uno de los defensores de Echeverría, aguardó afuera del área de juzgados federales del Reclusorio Sur para enterarse por los medios de comunicación que habían sido negadas las órdenes de captura solicitadas contra ocho inculpados.
"Hoy se vuelve a demostrar que nuestras autoridades investigadoras hicieron una indagatoria a modo y fabricaron delitos. Triunfó el imperio de la ley y la justicia", puntualizó el litigante, y agregó que para Ignacio Carrillo "lo más digno sería renunciar a su cargo, ante los fracasos tan contundentes que ha tenido, primero en el caso del jueves de Corpus y ahora en lo de Tlatelolco".
El primer fracaso de la fiscalía fue el 25 de julio de 2004, cuando otro juez federal del Reclusorio Norte también negó varias órdenes de aprehensión, entre ellas una en contra del ex presidente, que había sido acusado de genocidio por la matanza del 10 de junio de 1971. La segunda ocurrió un año después (el pasado 27 de julio), cuando una magistrada de circuito negó las medidas cautelares por ese mismo asunto.
En caso de que la resolución del juez Castillo no sea apelada en los próximos tres días, el caso de la matanza del 2 de octubre de 1968 será un asunto cerrado (cosa juzgada, como se conoce en el argot jurídico), por lo que Echeverría ya no podría ser juzgado otra vez por esos hechos.