Consensos y disensos
Entre los diferentes actores económicos y políticos hay acuerdo en que el desempeño de la economía es desalentador. Pese al crecimiento de 4.4 del año pasado, que se reducirá a 3 por ciento en éste, los indicadores del producto per cápita y de la calidad de vida de los mexicanos muestran condiciones que es urgente superar. El dato fuerte es que el llamado capital humano mexicano es el más bajo entre los países miembros de la OCDE. También hay un acuerdo general en la necesidad de elevar el crecimiento potencial de la economía, lo que requiere acciones que pueden ser resueltas a través de la operación de los mercados, pero hay otras en las que el Estado tiene la responsabilidad central en su solución.
Hay también desacuerdos fundamentales. Destacan dos: la apertura al capital privado del sector eléctrico y la reforma fiscal basada en la generalización del IVA. En materia laboral existe un desacuerdo importante sobre las características de una reforma que flexibilice el mercado de trabajo. Los dos primeros desacuerdos son irresolubles. La actual correlación de fuerzas en el Legislativo y la proximidad de la contienda electoral las hacen absolutamente inviables. Insistir en ello es ocioso. Poco importa que todos los organismos financieros internacionales, junto con las corredurías financieras y los grandes empresarios insistan en la urgencia de abrir el sector eléctrico. Lo cierto es que no es viable, porque no hay acuerdo sobre su pertinencia ni su conveniencia.
En materia educativa, el Banco Mundial, el FMI, la OCDE y el BID han señalado que para elevar la productividad del trabajo, una de las grandes carencias de nuestra economía, y ampliar la capacidad de crecimiento hacen falta acciones inmediatas para extender la cobertura y mejorar la calidad de la educación. En ello hay acuerdo también entre los actores nacionales. Además, políticamente resulta oportuno en un momento en que la dirigente del sindicato magisterial hace gala pública de sus convicciones democráticas y de su lealtad fundamental con el desarrollo de México. Los datos duros muestran que nuestro sistema educativo no es capaz de prevenir la pobreza, por el contrario, la reproduce. Muchos niños que terminan los años de educación obligatorios son verdaderos iletrados con escasa habilidad numérica.
En los 50 compromisos de López Obrador se afirma que, junto con la garantía de que la enseñanza pública se mantendrá, se mejorará la calidad de la básica. Se compromete, además, a crear 200 preparatorias y 20 universidades para evitar que sean rechazados quienes quieren continuar sus estudios. En Un proyecto alternativo de nación se reconoce que "el problema fundamental de la educación se relaciona con la calidad", aunque también existe la necesidad de ampliar la cobertura. Se proponen 20 medidas que combinan acciones que mejoran las condiciones de los estudiantes (desayunos, becas, libros y material gratuito y oportuno), de las propias escuelas, con capacitación y actualización magisterial, mecanismos de supervisión y revisión de planes de estudio para relacionarlos con las condiciones sociales de las propias regiones.
Así las cosas, parece posible que el gobierno federal, que ha reconocido que la señora Gordillo es su interlocutora para los temas educativos, proponga medidas que busquen corregir las carencias mayores en este campo. La distribución de los recursos, por ejemplo, resulta fundamental si se orienta a las regiones de menores ingresos, en las que es posible mejorar la infraestructura y la calidad de la enseñanza, buscando reducir las desventajas estructurales de los niños. Hay tiempo para que la propuesta presupuestal para 2006 incorpore claramente estas acciones. Además, junto con los gobiernos de las entidades, generalizar el programa "escuelas de calidad", que, entre otras acciones, deberá alargar el tiempo de estancia de los estudiantes, haciendo las escuelas de tiempo completo.
Es posible, en consecuencia, avanzar, si se entiende que -como ha señalado David Ibarra ("Transición y cambio estructural", Nexos, septiembre de 2005)- lo que hace falta es romper los cuellos de botella que verdaderamente dificultan el desarrollo nacional, principalmente el de la exclusión social. Para ello convendría que se ampliaran las funciones del Banco de México, que junto con la estabilidad de precios debiera ocuparse de la estabilidad del crecimiento. Para eso aún le queda tiempo al gobierno foxista. Debiera aprovecharlo con este tipo de propuestas, renunciando a su reformismo ya fracasado.