Herlinda Velasco ordenó archivar pesquisas sobre la matanza en Tlatelolco
Exigen juicio político contra magistrada por dar carpetazo a expediente del 68
Incapaz, el juez que negó orden de aprehensión contra Echeverría, consideran afectados
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Las protestas de los integrantes del Comit�8 se han incrementado, luego de que las autoridades han negado una tras otra las solicitudes de hacer justicia en las matanzas de 1968 y 1971 FOTO Cristina Rodr�ez
Foto: Cristina Rodr�ez
Los ex dirigentes estudiantiles Raúl Alvarez Garín, Félix Hernández Gamundi y José de Jesús Martín del Campo Castañeda presentaron en la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra Herlinda Velasco Villavicencio, magistrada del quinto tribunal unitario en materia penal del primer circuito, porque ordenó archivar el expediente de las matanzas estudiantiles de 1968 y 1971, y decretó prescrito el delito de genocidio.
Los promoventes de la denuncia de juicio político que integran el Comité 68 Pro Libertades Democráticas manifiestan en el documento una larga lista de pruebas que acreditan la responsabilidad de las autoridades federales, y rechazan la determinación de la magistrada Velasco Villavicencio, quien concluyó que el delito de genocidio no aplica a los dos sucesos referidos.
La magistrada concluyó que "el grupo de estudiantes atacado por los halcones no tiene la calidad de sujeto pasivo del delito de genocidio, es decir, no constituía un grupo nacional protegido por la figura delictiva de referencia. El delito que realmente aparece probado es el de homicidio simple; sin embargo, la acción penal correspondiente al delito de homicidio simple se encuentra prescrita y por lo tanto se decreta el sobreseimiento de la causa penal, y, en razón de los anterior, se ordena archivar el expediente penal como asunto total y definitivamente concluido".
En el documento de promoción de juicio político, los integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas responden a las determinaciones asumidas por la magistrada Velasco Villavicencio, al replicar que su decisión no estuvo fundada ni corresponde a la verdad histórica de los hechos: "La magistrada responsable llegó a la conclusión en el sentido de que el grupo que fue atacado por el cuerpo paramilitar de los halcones carecía de la condición de homogeneidad requerida para efectos de la tipificación del delito de genocidio a que se refiere el artículo 149 bis del Código Penal Federal, pues supuestamente se trató de una manifestación espontánea en la que las consignas y proclamas eran distintas entre sí. Tal razonamiento es a todas luces antijurídico, frívolo, superficial y manifiestamente contrario a las constancias de la indagatoria penal, puesto que quienes participábamos en la manifestación del 10 de junio formábamos parte del grupo de disidentes u opositores políticos al régimen autoritario y represivo, perfilado en el seno del movimiento estudiantil popular de 1968.
"Esto es, éramos un grupo de personas con convicciones claras, firmes, iguales y convergentes en cuanto a la necesidad de hacer efectivas las libertades democráticas y a la visión compartida sobre la naturaleza despótica y tremendamente abusiva del aparato de poder vigente en la época de los hechos. Consecuentemente, la sentencia no es congruente con el requisito de la debida fundamentación y motivación de los actos de autoridad a los que se refiere el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Lejos de lo que arguye la magistrada responsable, el grupo atacado por los halcones poseía una indiscutible identidad ideológica y política, reflejada en sus planteamientos y en sus comportamientos de lucha pacífica, valiente y específica en contra de un sistema opresivo y antidemocrático."
La demanda de juicio político contra la integrante del Poder Judicial se fundamenta en que su decisión es "enteramente absurda e ilógica", porque un delito de la magnitud relatada, un crimen de Estado como el cometido por los halcones, bajo ninguna circunstancia puede ser tipificado como un homicidio simple.
"Se trata de un fenómeno propio de la macrocriminalidad de los gobernantes, al que le corresponden otras categorías de análisis de mayor relieve jurídico penal, como las derivadas de la dogmática inherente a los crímenes de lesa humanidad."
La Secretaría General de la Cámara de Diputados enviará el documento a la Comisión de Examen Previo para que ahí se determine si procede, y si el fallo fuera positivo iniciaría el proceso para fincar responsabilidad política en la sección instructora.
Reacciones contra la decisión del juez Ranulfo Castillo
Aún sin conocer "a detalle" los argumentos del juez Ranulfo Castillo, quien determinó el pasado miércoles negar ocho órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de la matanza del 2 de octubre de 1968, entre ellos el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, los integrantes del Comité 68 calificaron de "incapaz" al juzgador y lo consideraron "de consigna".
También cuestionaron a los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación "que el pasado 15 de junio determinaron que el genocidio sí prescribe", entre ellos José Ramón Cossío, y consideraron que el Poder Judicial "fomenta una situación de complicidad histórica y de omisiones graves en la procuración de justicia que han dado lugar a una impunidad continuada, y ahora a una impunidad sistemática, reforzada con medidas judiciales espurias".
En tanto, ayer no se efectuó la conferencia que desde el lunes pasado prometió el fiscal de delitos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, en la que daría "importantes anuncios" sobre una situación de "conflictos" en la Procuraduría General de la República.
Sin hacer mención directa sobre las investigaciones que la Contraloría Interna de esa dependencia realiza en su contra por un presunto desvío de recursos por más de 21 millones de pesos, Carrillo Prieto sólo emitió un comunicado en el que sostuvo que "con referencia a lo advertido el pasado lunes por el fiscal, éste manifiesta que, mediante los trámites administrativos que la ley contempla, el asunto está, como lo ha declarado el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, en vías de resolución, a fin de que la oficina del fiscal especial pueda continuar con las tareas que el presidente Vicente Fox le ha asignado".