Aprueban diputados propuesta de la Junta de Coordinación

Exigen a Fox revise fórmula para calcular precio del gas

La iniciativa presidencial acepta ilegalidad de CSM: experto

ROBERTO GARDUÑO E ISRAEL RODRIGUEZ

La mayoría de diputados asistentes a la sesión ordinaria en San Lázaro aprobó la propuesta de la Junta de Coordinación Política, por la cual se exige al presidente Vicente Fox que ordene la pronta revisión de la fórmula aplicada para calcular el precio del gas natural y, en su caso, proceda a la suspensión de los aumentos a las tarifas de distribución autorizadas para el presente año.

El legislador priísta Pedro Avila Nevarez propuso a la Junta de Coordinación -donde se logró respaldarlo por mayoría- la intervención urgente de las autoridades federales en el tema del gas, porque sólo entre el año pasado y éste los aumentos a las tarifas de distribución del combustible han llegado a más de mil 600 por ciento, con el consecuente golpeteo a la economía de la población más desprotegida, y en muchos de los casos rompiendo con la competitividad de la industria mexicana frente a las empresas extranjeras.

"El Ejecutivo ha tenido oídos sordos al clamor popular, de académicos e investigadores en la materia para encontrar una fórmula que aplique nuevas tarifas, donde se consideren la producción nacional y su mercado como factor de oportunidad para incentivar mayor eficiencia y precios competitivos".

En tanto, Fluvio Ruiz Alarcón, especialista en temas energéticos, advirtió que la iniciativa del Ejecutivo enviada al Congreso para permitir la inversión privada en exploración y explotación de gas natural reconoce implícitamente que los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) asignados en 2003 a particulares, en su mayoría trasnacionales, para la explotación del energético en la Cuenca de Burgos, son inconstitucionales.

Dijo que las concesiones para explotar el gas no garantizan el abasto interno debido a que las empresas extranjeras se rigen por el costo de oportunidad. Además, la irrupción de los consorcios petroleros multinacionales tampoco asegura un descenso en la cotización del combustible. "A esas empresas no les importa la autosuficiencia del país", dijo.

El también asesor en materia energética en la Cámara de Diputados aseguró que la iniciativa presidencial para modificar los preceptos constitucionales es una respuesta a los compromisos asumidos por el actual gobierno para impulsar la apertura en el sector más estratégico de México. "Queda claro que ni siquiera hay una pálida idea de una política energética soberana".

Ruiz Alarcón afirmó a La Jornada que es un cinismo y una burla la que el Ejecutivo pretende hacer al pueblo de México, primero al vetar el nuevo régimen fiscal para Pemex aprobado por el Congreso, que permitiría a la empresa petrolera nacional disponer de mayores recursos y así aliviar su precaria situación financiera, para argumentar que no hay recursos y que por ello es necesaria la participación privada.

Sobre la propuesta de privatizar la red de ductos, el doctor en Economía de la Energía, por la Universidad de Grenoble, en Francia, indicó que el transporte se impone a la producción. Recordó que las grandes fortunas, como la de los Rockeffeler, tuvieron su origen en el transporte de crudo. "Fox pretende una apropiación privada de la renta nacional".

De esta manera, dijo, el Presidente de la República está renunciando a que el sector petrolero nacional se convierta en la palanca de desarrollo del país.

El argumento de crear mayores puestos de empleos también es una falacia, porque lo que en el fondo se está haciendo mermar las condiciones laborales del país, porque estos nuevos empleos serán mal pagados y no se acercarán a los que obtienen los empleados de Pemex.

El asesor de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados aseguró que esta propuesta no tiene la mínima posibilidad de pasar en el Legislativo, porque está claro que responde a intereses que se oponen al beneficio de la nación. "Es más de lo mismo. No hay nada nuevo. El Ejecutivo espera que por cansancio o por acoso el Congreso apruebe algo a todas luces aberrante".

Debería verse en el espejo de Argentina y las consecuencias que tuvo al trasladar la renta petrolera nacional a las empresas extranjeras, advirtió.