En tela de juicio, equilibrio del estado de derecho: ONG

Debe el gobierno aclarar las amenazas del narco a CNDH

Lamenta Edgar Cortez que en los hechos en que perdieron la vida nueve funcionarios se privilegien las declaraciones

LAURA POY SOLANO

Defensores de derechos deploraron que pese a existir denuncias de funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre amenazas de narcotraficantes, "no exista una pronta respuesta del gobierno federal, lo que pone en tela de juicio el verdadero equilibro del estado de derecho en México".

Eréndira Cruzvillegas, secretaria ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social, afirmó que la administración federal debe aclarar "qué pasó realmente con las denuncias presentadas por el organismo nacional y cuál fue su actuación", pues uno de los "termómetros" para medir el nivel de gobernabilidad y democracia en un país se refiere a las denuncias presentadas por acoso y hostigamiento contra periodistas y defensores de las garantías individuales.

Destacó que si bien las acusaciones por amenazas provenientes del crimen organizado no están vinculadas directamente con activistas en pro de los derechos humanos, "la sociedad civil y las autoridades deben reconocer la gravedad de estos hechos y establecer los mecanismos necesarios para frenarlos y erradicar su práctica".

En entrevista por separado, Fabián Sánchez Matus, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que "antes de adelantar hipótesis es necesario realizar una investigación precisa de los hechos, que desaliente la especulación, siempre y cuando se realice con transparencia y de forma eficiente".

Respecto al clima de hostigamiento que afecta a los activistas, indicó que éste ha sido constante, situación que corroboran los informes anuales de la Federación Internacional de Derechos Humanos, en los que se considera a México como uno de los países más peligrosos para desarrollar esta labor.

Agregó que las condiciones de hostigamiento e inseguridad que afrontan los activistas "no son nuevas y responden a la falta de voluntad política de las autoridades federales, así como de compromiso del Poder Legislativo para crear un marco jurídico que eleve la defensa de los derechos humanos como premisa básica del Estado, responsable de proteger la integridad física de quienes realizan esta tarea".

Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, lamentó que ante los hechos "trágicos del pasado miércoles, en los que perdieron la vida nueve funcionarios públicos, se privilegien las declaraciones antes que los resultados de las investigaciones".

Se anteponen, reiteró, las posiciones divergentes del gobierno federal y de la CNDH, pero no se conocen los resultados de los peritajes que deben realizar las autoridades correspondientes. Sin las indagatorias requeridas, "no podemos dar por cierta ninguna hipótesis, por lo que se debe privilegiar una investigación rigurosa y transparente, de cara a la sociedad".

Destacó que si bien la lucha contra el narcotráfico "no es una tarea vinculada directamente con la defensa de los derechos humanos, en la medida en que crece la esfera de influencia del crimen organizado también se incrementan los riesgos para activistas y defensores, pues nuestra labor se vincula con la búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas, en particular cuando se trata del uso arbitrario y excesivo del poder".