Editorial
Caso Romano: un sistema de justicia deficiente
En México las fallas de los jueces en la impartición de la justicia permiten que criminales tan peligrosos como José Luis Canchola, jefe de la banda que secuestró al entrenador de futbol Rubén Omar Romano, sigan operando desde la cárcel. Este delincuente debió haber sido trasladado a un penal de máxima seguridad, tal y como lo demandaron autoridades penitenciarias del Distrito Federal en varias ocasiones, maniobra detenida debido a un amparo. Además, algunos de los integrantes de la organización delictiva de Canchola seguían en la calle a pesar de tener antecedentes criminales y órdenes de aprehensión pendientes.
La historia de Canchola pone al descubierto las deficiencias del sistema de justicia: desde 1999 el entonces director de Reclusorios del Distrito Federal, Jaime Alvarez Ramos, envió un oficio a Miguel Angel Yunes Linares, en aquel tiempo titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPRS) de la Secretaría de Gobernación, en el cual pidió trasladar a este criminal preso en el Reclusorio Oriente, "por razones de seguridad institucional". El traslado fue autorizado el 10 de noviembre de ese año, pero un amparo detuvo el procedimiento. El resultado: en 2003, Canchola se fugó del Reclusorio Sur, de mediana seguridad. Si bien el reo fue atrapado de nuevo, su fuga revela que muchos presos gozan de un gran margen de acción aun estando tras las rejas.
Tras su reaprehensión, Canchola fue enviado en enero de 2004 al penal de Santa Martha Acatitla, donde continuó con sus actividades delictivas. Una vez más, la DGPRS solicitó en dos ocasiones a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) trasladar a éste y otros 15 criminales a un penal de máxima seguridad, ya que "han puesto en riesgo la estabilidad de los centros de reclusión del DF". Inexplicablemente, Yunes Linares, ahora subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SSP, excluyó a Canchola de la partida de reos que fueron trasladados, sin importar los vínculos conocidos de este reo con personajes de alta peligrosidad como Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, y Andrés Caletri, también secuestradores.
Por otra parte, Omar Sandoval Orihuela, El Chino, y Miguel Angel Cruz Mercado, La Güera, dos de los hombres que plagiaron a Romano, ya contaban con una larga trayectoria criminal. El primero pisó la cárcel en cuatro ocasiones por homicidio, robo, daño en propiedad ajena, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud. No obstante, un juez le concedió sentencia absolutoria por los cargos de homicidio y robo calificado, lo que determinó que El Chino siguiera en libertad y, peor aún, se integrara a la banda de Canchola, aprovechando los contactos que hizo en prisión. En tanto, La Güera tenía dos averiguaciones en su contra y una orden de aprehensión pendiente, pero un juez decidió concederle el beneficio de seguir su proceso en libertad.
Las fallas y malas decisiones de los jueces no son un fenómeno que se limita a este caso: la delincuencia organizada sigue operando aunque sus jefes estén en prisión, manteniendo contacto con sus subalternos por teléfono celular o, de plano, consiguiendo su libertad mediante amparos otorgados por magistrados sin escrúpulos, o fugas que cuentan con la complicidad de autoridades.
Ante estas deficiencias, cabe preguntarse qué se puede esperar de un sistema de justicia en el cual los jueces se vuelven cómplices de los criminales más peligrosos debido a que les dan la oportunidad de seguir en cárceles de poca seguridad. Mientras no se hagan reformas en los sistemas de impartición de justicia, para que los jueces tomen decisiones responsables, y penitenciario, para aislar a los presos peligrosos e impedirles planear más delitos desde el interior de los penales, no importará a cuántos capos se capture y procese, los índices delictivos seguirán en aumento.