Pecado capital es la avaricia
Usando como pretexto los devastadores efectos de Katrina, el presidente Vicente Fox anunció su decálogo energético, que incluye (lógico) incrementos al precio del gas, las tarifas eléctricas, las gasolinas y el diesel, más el envío al Congreso de iniciativas cuyo propósito es continuar entregando el control y usufructo de los hidrocarburos a los particulares, nacionales y extranjeros. Por supuesto que la presentación fue mediática, que teniendo como telón el entorno electoral fue adornada de frases huecas, verdades a medias y con el anuncio de supuestos subsidios.
El primero, obligado por el ultimátum de los empresarios, fue una supuesta reducción al costo del gas, cuyo precio spot en Texas llegó a más de 10 dólares el millón de unidades térmicas británicas (BTU, por sus siglas en inglés), por lo que, queriéndose ver bondadoso, lo estableció en 7.65 dólares "...a fin de apoyar a la industria nacional", pero sólo vigente hasta el 30 de septiembre. Lógico es que los ánimos industriales no mejoraron con esta oferta, pues se conoce que, en una combinación de gas asociado al petróleo y el no asociado, se tiene un costo real promedio de tres dólares. Ni se recordó aquellos contratos de cobertura pactados en 2001 en los cuales, durante tres años (hasta 2004), se les abasteció de gas a cuatro dólares. De igual modo, por el lado de las tarifas eléctricas, anunció un incremento de "sólo" 4 por ciento, omitiendo que la cifra se suma a 58.5 y a 57.1 por ciento para industrias y para familias, respectivamente, acumulado a lo largo del sexenio; así que no es, como quiere hacer ver el Presidente, algo que pueda festejarse, menos aún cuando se aplica sin considerar a los que consumen poca luz ni otorga mejor trato a quienes viven en climas extremos.
Al proponer modificar la ley reglamentaría del artículo 27 constitucional pretende privatizar los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Omite señalar que su mantenimiento ya lo realizan inversionistas privados, contratados sin que cuenten -la mayoría de las veces- con capacidad técnica y financiera para hacer los trabajos, con las graves consecuencias ya conocidas. Pero el Presidente incurre en excesos al proponer que los ductos sean construidos por particulares, ya que de facto les concede la propiedad, para que después Pemex tenga que rentarlos para transportar su producción. Una vez más, Fox demuestra que la seguridad energética no es una de sus prioridades; se olvida de aquellos que ya viven esa situación -los nuevoleoneses-, quienes padecen las constantes amenazas de los distribuidores (Gas Natural) de cortar el suministro si no les pagan la tarifa por ellos fijada, y que el gobierno tiene que absorber mediante subsidios, asegurando sus ganancias. En el caso de la nación sería más grave, pues los nuevos dueños de los ductos determinarían el costo a Pemex por permitirle usar su infraestructura, bajo la amenaza de negarse a proporcionar el servicio si no se satisfacen sus expectativas económicas; tampoco se harían responsables de los robos que sufran, ni del volumen transportado.
Fox tampoco informa lo que sucederá con los 61 mil kilómetros de ductos que Pemex opera y por los que transporta crudo, gas natural, gasolinas y diesel. Unos 26 mil kilómetros han sido auditados: la totalidad de Pemex Gas y Petroquímica Básica, y la mayor parte de los de Pemex Refinación; es en esta última subsidiaria donde sospechosamente se ha presentado el mayor número de accidentes.
Se dice que Fox, confiando en un acuerdo -en lo oscurito- con los precandidatos deseosos de alcanzar Los Pinos, decidió enviar una modificación al 27 constitucional para permitir la participación privada en exploración y explotación de gas natural no asociado, para hacer realidad su compromiso de que los contratos de servicios múltiples sean legales. Recordemos que la Auditoría Superior de la Federación, en el informe de revisión de la cuenta pública de 2003, recomendó a Pemex que en tanto la Suprema Corte no emitiera un dictamen se abstuviera de incluir en las cláusulas de los contratos "la exploración y la explotación en razón de que puede interpretarse que se le confieren a los contratistas actividades reservadas por la ley a la nación".
Pero aun en el caso de lograr la ansiada modificación, el Presidente oculta que el precio del gas no se abatiría, pues la producción de este insumo sería absorbida en su totalidad por los productores privados generadores de energía eléctrica, cuyos contratos implican la compra, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, de la totalidad de los kilovatios/hora que produzcan, más allá de que éstos se consuman o no. Este beneficio lo extiende en su decálogo a los particulares que realizan los proyectos de energía eólica (la energía limpia y renovable). Este nuevo ánimo del Presidente en materia de limpieza ambiental resulta inusitado en él.
Es lamentable que habiendo alcanzado impresionantes cantidades de dinero del petróleo no se diseñe una política energética coherente y seria, y que se diga que no obstante esos recursos se necesita la participación privada. Lo que se demuestra es que quieren seguir dilapidándolos y requieren a los particulares para acelerar su explotación. ¿Y el resto del dinero? Hay que recordarles que es pecado capital la avaricia ¿Cuál es el fin de atesorar más dinero en lugar de que el Estado realice los grandes proyectos energéticos que requiere la nación como refinerías o petroquímicas?