Roberto Campa Zúñiga

La lentitud con que se toman las decisiones respecto de la reglamentación en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha contribuido a la pérdida de competitividad y la reducción de 25 por ciento en la expectativa de los flujos de inversión al sector.

Las empresas de telecomunicaciones han tenido que dar marcha atrás o posponer sus planes de inversión, porque los responsables de las políticas públicas correspondientes retrasan las reglas necesarias para la adopción de nuevas tecnologías y el desarrollo de la industria, privilegiando los intereses del principal jugador, es decir, Teléfonos de México (Telmex).

Cifras del despacho consultor del espectro radioeléctrico The Competitive Intelligence Unit (CIU) dirigido por Ernesto Piedras, hablan de que el sector de telecomunicaciones tiene actualmente un valor aproximado de 18 mil 500 millones de dólares, pero debido a una regulación por debajo del punto óptimo o de plano en estado de parálisis, las empresas han dejado de invertir poco más de 4.8 millones de dólares.

A decir del consultor, si se autorizaran las reglas pendientes, las empresas invertirían esos recursos generándose más empleo y ampliando la competencia y, con ella, la reducción de las tarifas por los servicios que se ofrecen. Así, el sector podría llegar a valer 23.3 mil millones de dólares, 25 por ciento por arriba del monto actual.

Pese a que el volumen del negocio crece, las inversiones no lo hacen a la par y esto sucede en los tres años que corresponden a la actual administración de la Cofetel, señalan Ernesto Piedras y Enrique Melross, especialistas consultores de la industria. Antes, menciona Melross, la inversión crecía a ritmos de 18 por ciento anual, hoy es de un solo dígito.

Persiste una serie de ausencias en las políticas para fomentar el sector de las telecomunicaciones, debido a la indecisión o el retraso en la aplicación de medidas que requiere la industria para su desarrollo competitivo.

Hasta hace unos años el sector creció tan rápido como podía, atrayendo nuevas y crecientes inversiones, generándose oportunidades de negocios y un horizonte que podría haber sido de mayor competencia.

Pero ahora, según Melross, socio director del despacho Lozano y Asociados, por la indecisión y la falta de conocimiento de las reglas del juego éste es un sector con dificultades derivadas de la incertidumbre acerca de si se aprobarán las regulaciones a tiempo y en la forma correcta.

Por tanto, lo que más incomoda a los inversionistas son los cambios de rumbo del gobierno, porque dan a entender que "no hay consistencia en las políticas públicas y mucho menos que haya un programa de mediano plazo que finque el cálculo del retorno de las inversiones".

Es por eso que las empresas son reticentes y han preferido detener algunos proyectos que podrían crear una mayor competencia con Telmex, sobre todo por la falta de la regulación necesaria para que sean operativos.

¿Qué regulaciones faltan?

Ernesto Piedras, también coordinador de desarrollo académico del programa Telecom-CIDE y académico del ITAM, afirma que cuando se habilita una medida regulatoria, ésta puede tener fuertes limitaciones.

Por ejemplo, pasaron más de cuatro años sin licitaciones del espectro radioeléctrico y cuando se hizo salió muy mal, porque limitó la operación de las empresas, y no hubo claridad sobre el estado jurídico de algunas radiofrecuencias.

Es el caso de las frecuencias 5.7 a 5.8 gigahertz (GHz), que se creían libres, no lo son, afirma Reynaldo César González Sandoval, director general de planeación de administración del espectro de la Cofetel, quien precisa que es un mal entendido porque en Estados Unidos son de uso libre y le llaman on lines, bandas no licenciadas.

Mientras en México discutimos la posibilidad de concesionar o no el espectro, en el resto del mundo prevalece la tendencia a facilitar su uso. Lo que significa que quien recibe en concesión una banda de frecuencia la usa como mejor conviene a la empresa; lo importante es que preste el mayor servicio posible con las nuevas tecnologías que estén a la mano.

El gobierno mexicano está pensando más en recabar fondos que en propiciar el avance tecnológico de la industria. Ejemplo: en breve deberá recibir 190.9 millones de pesos, por el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para acceso inalámbrico fijo o móvil, además de 7 mil 500 millones de pesos por pagos de derechos.

Entre las regulaciones más importantes que faltan, dice Javier Lozano, ex presidente de la Cofetel, es el triple play de convergencia para los empresarios cableros, a fin de que puedan trasmitir datos, voz e Internet. Mientras en el mundo esto se instrumentó hace ocho años, en México está en espera de autorización.

Esto significa, según el ex comisionado, llegar a la verdadera convergencia, que permite que las redes de telefonía puedan llevar televisión, y las redes de cable puedan llevar telefonía. Pero aquí la transmisión de voz por Internet está todavía "en el limbo entre la legalidad y la ilegalidad".

Otro tema del que ni siquiera se habla, a pesar de que opera en otras partes, es el de la portabilidad de número es decir que el usuario pueda conservar su número telefónico, aunque cambie de residencia o de compañía operadora.

Otro asunto es la desagregación de la red a fin de que varios prestadores de servicio atiendan a un cliente mediante un mismo conducto ­usando la tecnología Power Line Comunication (PLC)­ como sería el caso de la red de distribución eléctrica de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la transmisión de datos de alta velocidad.

Pero mientras las autoridades no resuelvan estos "atorones regulatorios" están frenando las inversiones, ya que los accionistas de las empresas no están dispuestos a invertir en aplicaciones cuando la nueva tecnología no está autorizada. Eso revela una limitada capacidad de interlocución de las autoridades en su sector, lo que ocasiona la parálisis en el flujo de recursos, apuntan los especialistas. Esto ocurre con firmas como Avantel y Movistar, que consideran que están limitadas por la parálisis reglamentaria, que genera mucha incertidumbre.

¿CFE en telefonía?

Respecto a la posibilidad de usar la red eléctrica para transmisión de telecomunicaciones y, según Enrique Melross, mientras no exista una pronta acción en el marco de las regulaciones, el número de clientes con conexión analógica (ADC) o digital (DCL) de Telmex, hará prácticamente inviable que haya un competidor, puesto que habrá tantas casas conectadas con DCL que incluir ahora la telefonía por líneas eléctricas será inviable económicamente, independientemente de la cobertura.

Aún no se resuelven los problemas técnicos para usar la tecnología PCL en la red eléctrica. Aunque, después de cuatro años de estudios, la CFE dice estar técnicamente en posibilidades de abrir su red a las telefónicas.

Sin embargo, CFE adolece de una serie de dificultades en el uso de su red: la rigen varias autoridades por ser una empresa pública; su sindicato es complicado, pues la entidad tendría que contribuir con el mantenimiento de las instalaciones; las líneas de transmisión padecen las conexiones ilegales de usuarios que se cuelgan a la red y por si no fuera poco el reglamento de la CFE impide que se aplique a otra actividad distinta para la que fue creada.

En tanto, compañías como IUSA, Pegaso y Alestra llevan a cabo pruebas piloto en ciudades como Irapuato, Toluca, Morelia y Monterrey, dotando de servicios de voz, datos y video a escuelas, oficinas e instituciones públicas.

El que se permita que la CFE arriende su red es todavía una interrogante. Compañías eléctricas en Guatemala y Brasil ofrecen la transmisión de datos, voz, video e Internet, pero resulta que son compañías privadas y usan este servicio como un segmento de negocio alterno para recuperar parte de la inversión §