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26 de septiembre de 2005 |
Ronald Buchanan LA ESTABILIDAD En el supuesto de que Vicente Fox no fuera Presidente de la República sino de la Federación Mexicana del Fútbol ¿qué haría si la selección no calificara para el Mundial? Nombrar una comisión de expertos para resolver la crisis, obvio. Entre los primeros convocados estarían, es de esperarse; Ricardo La Volpe y Hugo Sánchez. ¿Y el resultado? Una de dos: o se presencia un combate nuevo en el mundo deportivo desde Tyson contra Hollyfield, o bien, la selección sale a la cancha con Thalía en la zaga y Héctor Suárez como portero, por ser los únicos por totalmente ineptos para esos puestos en que los expertos podrían ponerse de acuerdo. El anuncio de crear una comisión de expertos ha sido el elemento menos comentado del "decálogo" de medidas con que Fox ha querido remediar la vulnerabilidad que el ciclón Katrina descubrió en nuestro sector energético. Sin embargo, es lo más revelador del problema fundamental, o sea, la parálisis del país por la ausencia de mecanismos democráticos para resolver las diferencias existentes. Casi por definición, los "expertos" no se pueden poner de acuerdo sobre nada. O llevan a cuestas el encono personal caso Sánchez-La Volpe o parten de normas ideológicas que predeterminan sus puntos de vista. En el caso de los académicos, ganan su fama precisamente por cuestionar las tesis y teorías de los demás. Eso lo conocen bien los de la barra (de abogados, por supuesto). Si la procuraduría encuentra un experto para probar la culpabilidad del acusado, la defensa casi siempre halla otro para decir totalmente lo contrario. Aunque sus puntos de vista se tomen en cuenta, los expertos no determinan el resultado del juicio, ni deben definir los asuntos nacionales. Por eso existen los legisladores, que son, como supuestamente ocurre en México, representantes del pueblo. Ahora bien, hay asuntos que obviamente caen en el ámbito del Congreso: los impuestos federales, el gasto público, las penas por delitos graves, por ejemplo. Sin embargo, en México, el asunto energético va mucho más allá. Para todos, menos para los que no creen en ella, se trata de la soberanía nacional. Unos afirman que la única forma de preservar la soberanía es permitir una mayor participación del sector privado. Otros dicen que así se perdería. Mientras, según la retórica oficial, en la que ya muy pocos creen, las empresas estatales Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro pertenecen al pueblo. Pues cuando de soberanía nacional se trata, además de los activos más valiosos del pueblo, la única forma democrática de destrabar el asunto es por medio de un plebiscito. Que decida el pueblo, pues, así como han hecho los países europeos en sentido contrario a la opinión de sus gobernantes en algunos casos sobre cuestiones transcendentes para sus naciones. Ahora bien, hay plebiscitos y plebiscitos. Cuando Francisco Franco Bahamonde era caudillo de España por gracia de Dios (como decían las monedas españolas de aquel entonces), llamó a un plebiscito sobre el futuro de su dictadura. La primera pregunta era, en esencia: ¿quieres que se quede en el poder el Generalísimo? Y la dos: ¿prefieres que no se vaya? La fórmula de un plebiscito sobre el futuro energético del país de por sí tendría que ser resultado de un ejercicio democrático, difícil de imaginar en este entorno. Mientras, no hay que esperar cambios en la política energética. Como la economía, seguirá estable. Como una ballena varada en la playa § |