María Flor padecía reflujo y ahora ha perdido 52 kilos y sufre de cáncer linfático
Procesan por robo de expediente a víctima de negligencia médica
Fue sometida a un experimento en el hospital Gea González y estuvo presa por un supuesto delito
En julio de 1999, María Flor Carrillo Suárez solicitó a médicos del hospital Manuel Gea González, nosocomio dependiente de la Secretaría de Salud, donde ha laborado 14 años, le atendieran un problema de reflujo. Tenía una hernia hiatal. Pero nunca supo que su caso serviría para "completar un estudio de investigación a largo plazo". A la fecha esa intervención le ha costado perder 52 kilos, 50 por ciento del estómago, no absorber ningún nutriente de los alimentos que ingiere, tampoco tolerarlos en su cuerpo por más de 10 minutos, y hoy, a consecuencia de la degradación de sus órganos, le ha surgido cáncer linfático.
Su historia no sólo es la de un estado de salud cada día más mermado. También es la de una mujer que demostró en un juicio civil haber sido objeto de negligencia médica, la cual, le dijeron, no puede castigarse porque presentó su demanda a destiempo, según un tribunal en materia civil.
No para allí. El pasado 30 de agosto María Flor fue detenida por cuatro elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en su propio centro de trabajo, pues las autoridades del nosocomio donde labora la acusaron de robarse una nota médico de su expediente clínico.
Narra, con ironía, que como la justicia es pronta y expedita, los agentes federales no le mostraron una orden de aprehensión hasta que estaba dentro de un vehículo de la Procuraduría General de la República (PGR).
Luego de haber permanecido durante varias horas en dos instalaciones de la PGR fue ingresada al penal de Santa Martha Acatitla. Al día siguiente se le tomó declaración preparatoria tras una rejilla de prácticas del Reclusorio Norte, y fue liberada casi tres días después de su detención, sin haber probado alimento ni ingerir ninguno de los medicamentos que tiene prescritos.
Su libertad fue otorgada por el juzgado tercero de distrito, luego que sus familiares pagaron una fianza de 5 mil pesos. Ahora cada lunes debe presentarse de manera obligatoria a firmar el libro de procesados, pues de no hacerlo será ordenará su reaprehensión y de nueva cuenta sería recluida en el penal de Santa Martha Acatitla hasta que termine el proceso penal en su contra.
El 19 de julio de 1999, luego de seis días de preparación, María Flor fue sometida a una operación de funduplicatura, es decir, una cirugía antirreflujo que le permitiría restablecer sus funciones gástricas para evitar la aparición de reflujo, y preservar su capacidad de deglutir con normalidad, aliviar la distensión gaseosa y vomitar sólo cuando es necesario. Esto en el mencionado hospital Gea González dependiente de la Secretaría de Salud.
"Luego de la operación permanecí tres o cuatro días hospitalizada. Fui dada de alta, pero la situación era peor a como había ingresado, ya que ni los analgésicos servían para contener el dolor y fue necesaria la aplicación de nuvain, un medicamento controlado que contiene sicotrópicos y que se utiliza de manera común en pacientes con cáncer.
"Así pasaron las semanas, y a pesar de que todo empeoró, y de que se me negaron consultas posoperatorias, el médico encargado de la intervención, Mucio Moreno Portillo, coordinador de cirugía general en esas fechas, y actualmente encargado de la división de cirugía general y endoscópica, afirmó que todo era una cuestión sicológica.
"A mi operación le siguieron largas incapacidades y lo único que me recomendaron para que pudiera comer era que tomara prepulsid. Sin embargo nada me permitía digerir los alimentos. Así pasó un año y cuatro meses, y con todo y dolores regresé a trabajar. Ante la condición en la que me encontraba, el doctor José Antonio Palacios me ofreció someterme a otra operación, una gastrectomía subtotal en Y transtoráxica. Eso significaba retiro de algunas costillas, parte del estómago y del intestino delgado.
"Tras negarme a ello, acudí a un médico particular para que me diera su opinión, y detectó que el estómago me lo habían dejado como si fuera un reloj de arena. La parte superior de mi estómago ya no servía, al igual que parte de mi intestino delgado. Fue necesaria una segunda operación para salvar lo que se pudiera. Ahora ya no puedo contener lo que como, y enfrento hemorragias en el tubo digestivo alto. El último diagnóstico médico indica que la descomposición de mis órganos me ha provocado una hiperplasia linfoide, es decir, cáncer linfático a partir del intestino delgado.
"La segunda parte de esta batalla por sobrevivir comenzó el 2 de abril de 2001, cuando fui informada de que se había iniciado un acta administrativa en mi contra, encabezada por el subdirector de asuntos jurídicos del hospital, Juan Carlos Mouret Ramírez, quien desde esa fecha me aseguró que no descansaría hasta verme en la cárcel, pues según él, me robé parte de mi expediente clínico.
"Eso no fue cierto, pero tampoco se estableció quién sustrajo los documentos que dicen yo tomé, ni tampoco dónde quedó el video de la cirugía que se me practicó como parte de las conclusiones del estudio de investigación a largo plazo en pacientes operados de reflujo, que se me practicó sin que yo supiera que formaba parte de un experimento.
"En la investigación administrativa quedó claro que yo no sustraje nada, y les dije que los iba a demandar por negligencia médica, pero en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico no atendieron mi caso y tuve que recurrir a instancias judiciales. Ningún juzgado quiso aceptar mi demanda, hasta que el décimo tribunal colegiado en materia civil determinó que era procedente el juicio.
"Luego de muchas audiencias la sentencia fue que sí se cometió una negligencia, pero que era improcedente la demanda por el tiempo transcurrido.
"No sabía que la PGR tenía un procedimiento en mi contra hasta que fui detenida y encarcelada.
"Fui encerrada en una celda en la que no tuve una cama ni una cobija. Llevada a un reclusorio sólo para hombres, donde no existen baños para mujeres y hay que realizar las necesidades fisiológicas en esos sanitarios sin puertas y a la vista de ellos.
"Pasé tres de los peores días de estos últimos cinco años, ya que a partir del 30 de agosto he recaído y sin ninguna capacidad económica para comprar mis medicamentos; en el hospital me han asegurado que por haber pisado la cárcel perderé mi empleo.
"Ya ni siquiera me queda, creo, la posibilidad de que me indemnicen y pueda pagar los fármacos que apaciguan el dolor de mis padecimientos. Lo único que quiero ahora es que me dejen trabajar lo que pueda, los últimos tiempos que me quedan, seguir abriendo expedientes, dando citas en el hospital, sabiendo que se sigue utilizando a pacientes para experimentar sin que ellos sepan, porque es verdad que hay a quienes se les hará la misma operación que a mí, pero en su caso será para que bajen de peso", afirmó María Flor Carrillo.