Disposiciones legales obstaculizan el seguimiento ciudadano del gasto federal
Documentan grave retroceso en transparencia presupuestaria
En materia de transparencia presupuestaria se han producido "retrocesos" significativos durante la gestión del presidente Vicente Fox, debido a que se ha incrementado el grado de "discrecionalidad" en la determinación de los indicadores que permiten evaluar el impacto del gasto público y se ha omitido información para distinguir la vinculación entre los programas (particularmente sociales) con los responsables y sus resultados, advierte Alejandro Ortiz, especialista del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
A unos meses de que Fundar presente la edición 2005 del Indice latinoamericano de transparencia presupuestaria (en el que participan 10 países), adelanta que en esa materia nuestro país no está tan lejos de la calificación que obtuvo en la evaluación de 2003, en la cual resultó "prácticamente reprobado", al obtener 50 de 100 puntos.
El especialista en administración pública y ciencia política destaca que uno de los obstáculos que se enfrentan para evaluar integralmente los programas gubernamentales es que "año con año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cambia la estructura programática en la presentación de la información del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a la Cámara de Diputados", sin ser la excepción este 2006.
Esto, indica, "imposibilita el seguimiento ciudadano del presupuesto y el contrapeso legislativo" para fiscalizar la eficiencia y efectividad del gasto público en el tiempo y en programas específicos.
En particular, precisa, desde 2003 la SHCP ya no entrega información analítica (el llamado tomo III), salvo algunas excepciones que marca el artículo 10 del Manual de normas presupuestarias de 2003, de forma tal que se han perdido datos a niveles desagregados específicos que describen los bienes, servicios y pagos de una misma clase o concepto, requeridos para la consecución de los programas y metas autorizados.
En adición, los poderes Judicial y Legislativo, los órganos autónomos y todos los organismos y empresas de control presupuestario directo e indirecto presentan un nivel de desagregación en su información presupuestal mucho menor que el resto del gobierno federal. Este grupo -en el que se encuentra 45 por ciento del gasto neto total de la República, porque incluye Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, universidades y otros- presenta, en el mejor de los casos, información hasta el nivel de "concepto".
En referencia a los resultados obtenidos por Fundar -asociación que detectó el desvío de unos 30 millones de pesos por parte de Provida- en los monitoreos aplicados al ejercicio presupuestal de 2002 a la fecha, Ortiz enfatiza que "no se ha logrado tener un sistema de indicadores y rendición de cuentas" que permita evaluar el impacto del gasto social en la educación y el combate a la pobreza en sus vertientes de empleo temporal, desarrollo rural, opciones productivas, jornaleros agrícolas, financiamiento a microempresarios, seguro popular, Oportunidades y otros.
Ilustra: hasta 2003 todavía fue posible dar seguimiento puntual a los programas sociales vinculados a la equidad de género, pues en el ramo 12 (salud) y el 33 (gasto descentralizado) era posible saber cuántos recursos se destinaban al programa Arranque Parejo en la Vida, cuyo objetivo es reducir la tasa de mortalidad materna.
Debido a que ese programa desapareció de la estructura programática y fue absorbido por el programa del Seguro Popular, "ya no se sabe cuánto dinero tiene y cómo se está aplicando el gasto".
A grandes rasgos, esto significa que "los recursos a ese programa irán en bolsas no etiquetadas, sin reglas de operación y que serán manejadas por los gobiernos estatales, muchos de los cuales no cuentan con sistemas desarrollados de rendición de cuentas. Por ello, no queda claro a través de qué mecanismos será posible la rendición de cuentas de esos recursos".
Agregó que el Ejecutivo tiene un margen "bastante amplio" para ajustar el gasto público en cada ejercicio fiscal, ya que, según se detectó, el presidente Fox ha acordado en privado con los titulares de las dependencias "las prioridades" para la reasignación del gasto, sin que la SHCP dé a conocer cómo y por qué se llegó al establecimiento de determinadas metas; además que ya no se evalúan las metas por programa, sino por actividad institucional y dependencias, las cuales utilizan criterios diferentes.
Incluso, refiere que a partir de las resoluciones de la Corte, que falló en favor del Ejecutivo federal tanto en la controversia sobre el rescate bancario como en las observaciones al presupuesto de 2005, la Cámara de Diputados "tiene cada vez menos poder en materia de fiscalización y rendimiento de cuentas del ejercicio público".