El sistema de justicia comunitario busca investigar, conciliar y reducar

Reducen hasta 95% la delincuencia en seis municipios de Guerrero

El proyecto alternativo de seguridad ha sido tolerado, pero también reprimido

ROSA ROJAS / I ENVIADA

San Luis Acatlán, gro. El sueño de cualquier secretario o director de Seguridad Pública, que es reducir entre 90 y 95 por ciento asaltos, robos, secuestros, violaciones sexuales y actividades del narco, se ha logrado en seis municipios de la región Costa-Montaña de Guerrero, donde habitan unas 100 mil personas, con participación ciudadana voluntaria y gratuita -principalmente de indígenas- en el Sistema Comunitario de Seguridad, Impartición de Justicia y Reducación (SCSIJR).

En octubre de 1995 se fundó, en la comunidad de Santa Cruz El Rincón, municipio de Malinaltepec, la policía comunitaria (PC), integrada por grupos de voluntarios pertenecientes a 36 comunidades decididas a frenar los asaltos, violaciones sexuales y abigeato que asolaban la región. Empezaron acompañando a las camionetas de pasaje, que constantemente eran asaltadas, y haciendo rondines por los caminos. Especial intervención tuvieron en el proceso las organizaciones cafetaleras Luz de la Montaña y Unión Regional Campesina, así como el Consejo 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, el Consejo de Autoridades Indígenas, la SSS Café-Maíz, el Consejo Comunitario de Abasto y el párroco de El Rincón, Mario Campos Hernández.

En 1997 vino un salto conceptual: puesto que los delincuentes que detenía la PC eran remitidos al Ministerio Público, y "más tardaban en entregarlos que en soltarlos por la enorme corrupción que había", se decidió pasar a la impartición de justicia. Desde entonces los delincuentes son juzgados en el SCSIJR y cumplen su condena mediante trabajo en favor de las comunidades. En el proceso son reducados por los ancianos y principales de los pueblos.

En este proyecto participan 62 comunidades de los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Marquelia, Copanatoyac, Metlatónoc y Atlamajalcingo del Monte, cuya asamblea integra el primer nivel de este sistema de justicia. En el segundo nivel está la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias. En el tercero, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), compuesta por seis coordinadores comisarios -que son los jueces que ordenan investigaciones y dictan sentencias- y el comité ejecutivo de la PC, integrado por seis comandantes regionales que tienen bajo su mando a los grupos de la PC, cada uno con su comandante comunitario. En total hay 612 policías comunitarios, en su mayoría indígenas tlapanecos, mixtecos y nahuas, aunque también hay mestizos.

"Aquí no hablamos de autonomía, porque es una palabra que levanta mucha urticaria, pero la practicamos", dijo en 2001 el párroco Campos Hernández, y eso es algo que aún sigue vigente. "Este es un proyecto ético, no nada más de resistencia, que frente a la crisis de la seguridad nacional es un proyecto complementario, a ratos alternativo... nosotros nos sentimos ayudantes de este proyecto tan importante que se ha venido dando", afirma el presidente municipal de San Luis Acatlán -de extracción perredista-, Genaro Vázquez, quien confirmó la drástica reducción de la delincuencia registrada en la zona ante la actuación de la policía comunitaria.

Historia y métodos

Este sistema de justicia, interétnico, multilingüe e intermunicipal, ha sido para algunos funcionarios estatales "inexistente". Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) "no es una autoridad legalmente establecida", y la detención de personas por parte de la PC constituye "privación ilegal de la libertad". Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dependiente de la diócesis de Tlapa, es un sistema de "justicia alternativa".

La relación del SCSIJR con el Estado mexicano ha oscilado entre la tolerancia y la represión -pasando por la entrega, en 1997, de 22 escopetas para la PC por el entonces gobernador Angel Aguirre- y el encarcelamiento, en diversos momentos, de una veintena de comisarios, acusados de "privación ilegal de la libertad"; desde la capacitación a integrantes de la PC por parte del 48 batallón del Ejército (en 1995, 1996 y 1997) o funcionarios policiacos, hasta el desarme, que se da periódicamente, de los policías comunitarios por elementos del batallón mencionado. En este año se han girado órdenes de aprehensión contra seis comisarios, acusados de privación ilegal de la libertad.

Quienes participan en el SCSIJR se amparan en los artículos 2º, 4º, 115 y 139 constitucionales, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Ley Orgánica Municipal estatal, para respaldar la legalidad de sus acciones. "Tenemos además la legitimidad de nuestra elección mediante asambleas comunitarias y regionales", mismas que también participan en el proceso de impartición de justicia, informaron Zósimo Avilés Mendoza, Teodorico Melesio Santos y Octavio Herrera Valera -tlapanecos los dos primeros, mixteco el tercero-, comisarios coordinadores de la CRAC, entrevistados en la oficina del sistema en San Luis Acatlán.

Con el actual gobernador, Zeferino Torreblanca, aún no han logrado una audiencia, pese a que la han solicitado varias veces, si bien se acordó el 19 de agosto, en reunión con el procurador de Justicia y el titular de Seguridad Pública estatales, que se instalará una mesa de trabajo -para la que aún no se había fijado fecha- en la cual se analizará la agenda de justicia y seguridad de la organización, la cual busca tratar lo relativo al mejoramiento del sistema de seguridad pública, la restructuración de la CRAC, la "no represión jurídica, iniciando por la cancelación de las órdenes de aprehensión" contra los comisarios, y la formalización de acuerdos a nivel regional con autoridades oficiales con respecto a los casos de procesados.

Los comisarios entrevistados indicaron que ya volvieron a solicitar audiencia con el gobernador, a quien se espera entregar la agenda política de la CRAC para establecer las "formas de concreción de los derechos humanos", y las propuestas para impulsar el desarrollo regional de las 62 comunidades que conforman la Coordinadora Regional.

La organización tiene entre sus principios investigar antes de proceder, conciliar antes de dictar sentencia, reducar antes que castigar. En los casos de homicidio y violación "no procede la reparación del daño ni la conciliación".

Los comisarios entrevistados informaron que los problemas menores, como pleitos de borrachos, robo menor de animales, escándalo en la vía publica, problemas intrafamiliares, son atendidos por el comisario de cada comunidad. El comité de la CRAC atiende delitos como homicidio, violación, abigeato, asalto con violencia, lesiones graves, todo lo relativo a drogas y estupefacientes... La atención a la ciudadanía es gratuita; la defensa de los infractores puede ser realizada por ellos mismos o sus familiares; "aquí no se aceptan abogados", comentaron.

Las sanciones por faltas leves -arresto hasta por 24 horas o multa hasta por 200 pesos, reparación del daño, trabajo comunitario- las fija el comisario local. Las sanciones a faltas graves las determina el comité de la CRAC o, en casos de extrema gravedad, la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias. En estos casos el culpable debe realizar trabajo en favor de la comunidad -15 días en cada uno de los 62 pueblos- sin paga y recibiendo sólo la alimentación. Además, los sábados y domingos podrán impartírsele pláticas de reflexión por autoridades o ancianos principales, con objeto de garantizar su plena reducación e integración comunitaria. De acuerdo con su comportamiento se le puede reducir o ampliar el tiempo establecido de sanción; en caso de reincidencia se duplica el tiempo de la sentencia.

Las personas agraviadas pueden presentar su denuncia ante el Ministerio Público o con la CRAC. Si se recurre a estas dos instancias, ambas deben acordar quién atenderá el caso; sin embargo, "la instancia oficial no siempre cumple lo acordado". También se dan casos en los que las agencias del Ministerio Público remiten al inculpado a la CRAC.

En el caso de que algún miembro de la CRAC o de la comunitaria actúe equivocadamente, se le amonesta o sanciona e incluso puede llegar a ser sometido al proceso de reducación. Al finalizar el tiempo de la sanción la CRAC hace entrega del infractor a sus familiares, teniendo como testigos a las autoridades locales y a la comunidad.